Paro tecnológico de los empleados de servicios sociales municipales

El personal de los servicios sociales del Ayuntamiento está rebotado, cansado y muy enfadado. Tanto que ha decidido hacer un paro tecnológico para dar un toque de atención a la cúpula política del consistorio, que manda a sus trabajadores a casa y les obliga a utilizar sus teléfonos privados, sus ordenadores privados, sus wifis privados y sus espacios privados para realizar las labores que les corresponde como empleados de la Administración local. “Desde hace siete meses, pedimos herramientas corporativas. Si tenemos que trabajar desde casa, que nos provean de teléfonos móviles y de ordenadores, como hacen en otros negociados o en otras administraciones. Incluso hay una instrucción de la gerente de servicios sociales diciendo que se nos tienen que proporcionar estas herramientas para poder teletrabajar, pero ni así”, explica a Metrópoli Abierta una portavoz de CCOO.

En esta segunda ola de la pandemia, el personal de servicios sociales debe de trabajar una semana presencialmente y otra acogiéndose al teletrabajo alternativamente. En justa compensación por la falta de medios, los trabajadores decidieron que durante su etapa de teletrabajo no pueden trabajar porque no disponen de las herramientas corporativas necesarias para ello.

EL REMEDIO, PEOR QUE LA ENFERMEDAD

“Pero el remedio parece haber sido peor que la enfermedad —subrayan las mismas fuentes—: el Ayuntamiento, para evitar ese paro tecnológico, obliga ahora a todos a ir presencialmente, por lo que existe una sobresaturación en los puestos de trabajo y es imposible guardar ni siquiera la distancia social de seguridad. Se han saltado todas las obligaciones de mantener unos aforos determinados, porque se masifican los puestos de trabajo”. Este hecho, por si fuera poco, ahonda en un agravio comparativo con el resto de los empleados locales. “En resumen, hacen que vaya más gente a los centros mientras el resto de las plantillas municipales pueden realizar tranquilamente su teletrabajo desde casa”, acusan desde el sindicato.

Los responsables municipales han aplicado a los trabajadores de los servicios sociales poco sentido de la sensibilidad. Para mayor abundamiento en los despropósitos administrativos, a 123 personas se les ha compensado económicamente su entrega y fidelidad durante la pandemia, lo que ha soliviantado los ánimos del resto del personal. “Se les ha dado una gratificación. Cuando pedimos explicaciones, nos dicen que ha sido por trabajar fines de semana y horas extra. No negamos la entrega a ese personal, aunque la mayoría son cargos y directivos de direcciones de centros o territoriales. Pero el resto de compañeros también han tenido la misma entrega y no se les ha compensado. Nosotros hemos pedido que se nos dé a todos una compensación, porque nos la merecemos tras nueve meses en primera línea y dando todo lo que podemos dar”, aseguran las fuentes.

Decenas de personas hacen cola en el Centro de Servicios Sociales del barrio del Raval / EFE

CONTRATACIÓN DE URGENCIA

Lo cierto es que, tras las reiteradas quejas de los trabajadores y la petición de la gerente de servicios sociales, la alcaldesa, Ada Colau, firmó un decreto el 17 de noviembre por el que echa mano de la contratación de emergencia (lo que quiere decir que contratará a dedo y sin concurso) los suministros y servicios del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). Esta contratación servirá para el suministro de móviles y ordenadores para el personal que esté confinado, para contratar los servicios de limpieza y desinfección de instalaciones, los de muestreo, rastreo y análisis, los de vigilancia, los materiales farmacéuticos, los servicios de transporte, alojamiento y asistencia sanitaria y similares.

“Para afrontar los gatos vinculados a los contratos de emergencia de dispositivos Covid del IMSS (…) se podrán liberar fondos a justificar para cada equipamiento y hasta un importe máximo de 500.000 euros mensuales por equipamiento”, dice el decreto. Además, señala que el Institut Municipal d'Informàtica (IMI) “dará carácter preferente a las adaptaciones informáticas que se requieran para dar cumplimiento a lo que prevé este decreto en el menor tiempo posible, así como también a la incorporación de los pagos del IMSS al sistema informático SAP-Ecofin”.

“Después de nueve meses reclamando las medidas, ahora recurren a la contratación de urgencia para afrontar el problema. Con un poco de previsión, se podría haber acometido una provisión normalizada de herramientas”, critican desde Comisiones Obreras.

Una oficina municipal de servicios sociales / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

UNA BOMBA DE RELOJERÍA

En el sindicato se quejan del poco reconocimiento hacia los trabajadores del sector de los servicios sociales. “Da pena ir a los centros de los servicios sociales, que funcionan en algunos casos con los aparatos del aire acondicionado de los años 70. Nosotros entendemos que se quieran dar recursos la ciudadanía y lo exigimos incluso, pero deseamos que no sea un sistema asistencialista, sino que se proporcione un servicio digno. Y a los trabajadores de servicios sociales, entre las instalaciones deficientes y la falta de personal, nos tienen en una situación de abandono”.

El IMSS es una bomba de relojería. Tras meses de trabajo intenso en condiciones adversas y con el estrés que supone la crisis sanitaria, los trabajadores reclaman un poco de atención de la Administración. “Es que la crisis ha afectado mucho a determinados sectores sociales y hemos notado un notable incremento del trabajo debido a que muchos ciudadanos se han quedado sin recursos y acuden a nosotros. Eso genera situaciones de estrés y ansiedad por el aumento del trabajo y la escasez de personal”, advierten desde la central sindical. Así, al paro tecnológico iniciado esta semana le puede seguir una manifestación a mediados del mes que viene. El descontento, pues, amenaza con hacerse visible en la calle.