La ya de por sí difícil convivencia entre Barcelona en Comú y PSC en el gobierno municipal, o lo que es lo mismo entre Ada Colau y Jaume Collboni, se ha tensado todavía un poco más por la política de vivienda. La alcaldesa ha enviado una carta al ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para que ponga un límite a los precios de los alquileres y extienda a todo el territorio español la idea, ya implantada en Barcelona, de que en las nuevas promociones de vivienda se destine el 30% a pisos sociales.
A la carta de Colau se han sumado, posteriormente, las declaraciones de la regidora de vivienda, Lucía Martín, que ha cuestionado la nueva ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes socialistas en el consistorio han expresado a Metrópoli Abierta su malestar por la que consideran una salida de tono de sus socios de gobierno y han pedido explicaciones a Colau.
DIFERENCIAS POR EL URBANISMO TÁCTICO
No es la primera vez que ambos partidos tienen diferencias importantes en estos dos años de gobierno, entre ellas figuran las políticas de movilidad y, especialmente, la puesta en marcha de determinadas actuaciones de urbanismo táctico, como el carril peatonal de vía Laietana, y las superillas.
Al PSC tampoco le gusta la falta de presupuesto para ejecutar el proyecto de la Rambla para este 2021, una decisión que ha tomado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad Janet Sanz, la que por cierto está siendo investigada por prevaricación --entre otros delitos-- por el caso Buenos Aires.
REPUESTA DEL PSC
Sorprendentemente, la respuesta a la carta de la alcaldesa no la ha dado Collboni, jefe de filas del PSC, sino el concejal Joan Ramon Riera. Para el edil, la propuesta de la futura Ley de Vivienda hecha por el Gobierno español sí regula los precios de alquiler y favorece la oferta de vivienda asequible para las clases trabajadoras.
Riera también defiende la nueva regulación porque se hace "a partir de penalizar fiscalmente la tenencia de pisos vacíos y de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado por la falta de oferta y la necesidad de vivienda asequible, como en Barcelona”. Para el concejal, responsable de las política de urbanismo en el grupo municipal, la ley incentiva la movilización de la vivienda de alquiler.
72 MILLONES PARA VIVIENDA EN BARCELONA
Para Riera, la defensa del derecho a la vivienda se tiene que hacer desde diversos marcos de actuación, "ya que hay riesgos reales de economía sumergida y restricción de la oferta, lo que hipotecaria aún más el acceso a la vivienda de los jóvenes", y desgrana algunas de la metas alcanzadas hasta ahora, como la puesta en marcha de un índice de precios del alquiler, la ampliación de la duración de los contratos y 72 millones para la promoción de la vivienda en Barcelona.