Aunque se venda apariencia de normalidad, la investigación contra la alcaldesa de Barcelona por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por favorecer, presuntamente, a entidades amigas ha sentado como un jarro de agua fría en el gobierno de Barcelona, formado por Barcelona en Comú y PSC, y en el propio Ayuntamiento en general. Fuentes municipales reconocen que la noticia ha generado un "alboroto" y ha sido el tema del día en los mentideros políticos. Sobre la mesa, una situación única en Barcelona: Colau será el primer alcalde o alcaldesa de la ciudad de la democracia que tendrá que declarar ante sede judicial en ejercicio de su cargo e investigado por cuestiones de su gestión, subrayan distintas fuentes municipales.
Colau está citada a declarar el próximo 4 de marzo, a las 10.30 horas, ante el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en calidad de investigada por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas. Detrás de la denuncia está la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática. La querella ha sido admitida a trámite y en ella, a grandes rasgos, se dice que Colau, presuntamente, podría haber cometido los delitos citados al conceder subvenciones y convenios a entidades afines, como el Observatorio Desc (donde Colau trabajó), Enginyers Sense Fronteres (próxima al concejal de Emergencia Climática Eloi Badia) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que Colau usó para darse a conocer antes de dar el salto a la política.
Jaume Collboni y Ada Colau, en el Ayuntamiento / EFE
A poco más de un año para las elecciones autonómicas, el caso puede marcar la agenda política de los próximos meses, aunque por el momento no ha abierto ninguna crisis de gobierno entre comunes y socialistas. Sí ha dado lugar a una situación "anómala", en palabras de los propios socialistas. Barcelona en Comú y PSC mandan la ciudad desde hace más de dos años y medio. La legislatura pasada ya compartieron gobierno un año largo, pero la relación acabó rompiéndose por el apoyo de los socialistas a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El matrimonio entre ambos partidos es de conveniencia y que nadie dude que se puede repetir tras los comicios de mayo de 2023 si ambas fuerzas suman. Eso sí, el PSC de Jaume Collboni aspira a darle la vuelta a la tortilla y ser él el próximo alcalde de Barcelona.
CONFLICTOS Y TENSIONES
Ambos partidos gobiernan sus propias parcelas y distritos sin inmiscuirse demasiado en los asuntos de los demás. El mandato ha estado marcado por varios conflictos y tensiones: la instalación del Hermitage en el Port de Barcelona, las discrepancias sobre la ampliación del aeropuerto, el nuevo sistema de recogida de basuras de Sant Andreu, la elección del síndic de Barcelona y más recientemente las amenazas del festival Primavera Sound de irse de Barcelona si no se acataban sus exigencias económicas y de calendario. Pero, por ahora, la investigación contra la alcaldesa no lo es. "Ahora es momento de trabajar con tranquilidad", apuntan fuentes municipales.
Ada Colau, alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, en un acto electoral / EUROPA PRESS
Otra cosa es que la noticia de que Colau está siendo investigada pone a Collboni, a poco más de un año de las elecciones, en una posición inmejorable para asaltar la alcaldía. Colau vive horas bajas. Hace pocas semanas este medio informaba de que Colau había sacado la nota más baja de un alcalde en el Barómetro de la última década y casi la mitad de los barceloneses ha suspendido la gestión municipal. Un exalto cargo municipal dice que "Colau está en caída libre". Otro apunta que, desde un tiempo para acá, "todo le sale mal".
EL CÓDIGO ÉTICO DE BARCELONA EN COMÚ
Oficialmente, el PSC se ha mostrado muy comedido en sus declaraciones sobre el caso y difícilmente irá más allá. Los socialistas hablan de situación anómala, pero afirman que no interferirá en el día a día de la institución ni en el gobierno municipal. El grupo de Collboni respeta la "presunción de inocencia" pero ha lanzado un dardo envenenado a los comunes: "Corresponde a Colau dar las explicaciones que crea oportunas, según las normas que tiene establecidas su partido".
El PSC no cita el código ético de Barcelona en Comú pero se refiere a él. Y allí, lo que se dice es muy claro. El apartado 3.6 especifica de forma textual el "compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas". El código ético se puede consultar en la web del partido [ver aquí].
PP y Ciutadans han pedido directamente la dimisión de Colau en alusión al código ético de los comunes. El PSC no lo hará. Tampoco romperá la coalición de gobierno. Eso sí, ha lanzado un aviso de que no todo vale. Probablemente, la querella quedará en nada. Así lo aseguran distintas fuentes municipales consultadas con amplia experiencia en el gobierno de la ciudad. Los convenios y las subvenciones pasan por comisión de gobierno y plenos, se ajustan a unos criterios y a unas reglas, y si se cumplen no hay nada que decir. Otras fuentes con experiencia en el gobierno de Barcelona sí ven recorrido a la querella y denuncian las altas cantidades de dinero que han ido a parar a manos de entidades con las que un gobierno ha estado vinculado.
De momento, Colau puede pasar a la historia por ser el primer alcalde o alcaldesa de Barcelona que declara en sede judicial como investigada en ejercicio de su cargo y por cuestiones derivadas de sus funciones.