Grupos de la oposición cargan contra la discriminación del castellano de Colau

La noticia avanzada en exclusiva por Metrópoli de que un cabo de la Guardia Urbana ha tenido que recurrir a los tribunales para poder hacer una entrevista en castellano en un proceso selectivo en el Ayuntamiento de Barcelona ha levantado una ola de críticas entre los partidos constitucionalistas. Ciutadans, a través del concejal Paco Sierra, ha dicho que el consistorio "margina el castellano". Marilén Barceló, regidora no adscrita que trabaja con Valents, ha destacado que se han vuelto a vulnerar los derechos lingüísticos de los barceloneses, y el PP ve el hecho como "intolerable", ha subrayado el presidente de los populares Josep Bou.

La situación se remonta al pasado 30 de julio de 2020. F.G.B, cabo de la Guardia Urbana, tenía que hacer ese día la entrevista en la pruebas de ascenso para sargento. Sin embargo, el tribunal le dijo que tenía que hablar en catalán pese a que la ley le ampara a que pueda hacerlo en cualquiera de los dos idiomas cooficiales de Cataluña.  

REPETIR LA PRUEBA

El policía denunció la discriminación ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona y ha ganado. El fallo de la jueza es claro: obliga al consistorio a repetir la prueba al aspirante y a que éste pueda responder en el idioma cooficial de Cataluña que escoja.

Paco Sierra, concejal de Ciutadans / METRÓPOLI

CRÍTICAS DE PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

"Este hecho constata lo que Ciudadanos viene denunciando desde que entró en el consistorio y es la marginación del castellano en el Ayuntamiento de Barcelona y la vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanos hablantes. Esta sentencia pone de manifiesto que los que tienen el español como lengua materna no están en igualdad de condiciones hasta el extremo de que tiene que haber una sentencia judicial para que se garanticen sus derechos", ha dicho Sierra a este medio. Ciutadans preguntará sobre ello al teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, en la próxima comisión municipal. 

Marilén Barceló, en un parque de Barcelona / METRÓPOLI - HUGO FERNÁNDEZ

Barceló pide explicaciones al Ayuntamiento de Barcelona para que aclare lo sucedido con un agente de la Guardia Urbana que no pudo hacer su prueba oral en castellano. "El gobierno de Colau ha vuelto a vulnerar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de Barcelona. En la ciudad, se debe garantizar el uso del castellano y del catalán. Las administraciones públicas deberían ser un reflejo de lo que ocurre entre los vecinos: el bilingüismo", ha subrayado la edil no adscrita vinculada a Valents.

Para Bou, "es intolerable que el policía no haya podido responder en el idioma oficial de España". "El desprecio de Ada Colau a todo lo que huela a España es indignante y es un ejemplo más de su sectarismo progre. También es vergonzoso que el PSC sea parte de esto", ha criticado Bou. El otro concejal popular, Óscar Ramírez, se ha posicionado en Twitter: ha destacado que se han vulnerado los derechos lingüísticos del policía y ha defendido que la seguridad esté en manos de los mejores, independientemente del idioma. F.G.B. es un guardia urbano con 20 años de experiencia con una medalla de bronce del cuerpo y decenas de felicitaciones de sus superiores.

HECHOS PROBADOS

En la sentencia judicial, del 17 de marzo y a la que ha tenido acceso Metrópoli en exclusiva, se expone que los hechos denunciados por F.G.B. quedan probados porque un testigo, un observador sindical, corroboró la versión del policía. Ante la magistrada, el representante de UGT, J.M., explicó que cuando F.G.B. pidió hacer la entrevista en castellano se le negó tal posibilidad. Con anterioridad a la entrevista, el policía había sacado un 8,6 y un 8,5 en los exámenes teórico y práctico y ocupaba el puesto 23 en un proceso selectivo de 130 aspirantes.

Retrato de Josep Bou en Passeig de Gràcia / LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)

A nivel judicial, el caso lejos de cerrarse podría entrar en las próximas semanas en la vía penal. El cabo y CSIF aseguran que interpondrán "una querella criminal contra la Administración", que afectaría a la inspectora que negó a F.G.B. hacer la entrevista del proceso selectivo en castellano, M.C. de L., y a la psicóloga de la empresa GAP3, N.S.M. La querella será por los presuntos delitos de "prevaricación, falsedad documental y contra los derechos fundamentales", añaden F.G.B. y Zambrano. El despacho de abogados que defenderá al policía es el de José María Fuster Fabra.