El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha archivado la causa contra Ada Colau y otros miembros del gobierno municipal por presuntas irregularidades en las subvenciones a entidades afines.
En la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrado indica que en la querella, presentada por la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática no se han detectado infracciones penales y ha decretado el sobreseimiento y el archivo del caso.
SE PUEDE PRESENTAR UN RECURSO
El fallo judicial no es firme y si la parte demandante quiere puede presentar un recurso contra la decisión del juez.
Los abogados de Colau, Àlex Solà y Olga Tubau ya habían pedido que la querella se archivara porque en su opinión la tramitación de las ayudas se había hecho de forma correcta y no se habían producido irregularidades.
PRESERVAR EL BUEN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO
Tras conocerse la sentencia, la alcaldesa de Barcelona ha dicho que se ha hecho justicia pero que sobre todo se preserva el buen nombre del Ayuntamiento de Barcelona. Para Colau, la otorgación de las subvenciones municipales es "impecable y rigurosa". Según Colau, querellas como la que se ha puesto contra ella solo generan ruido, buscan aparecer en titulares e intimidar.
Ada Colau con Àlex Solà, en la Ciutat de la Justícia, el 4 de marzo / CRÓNICA GLOBAL
Entre las entidades que hay recibido ayudas de forma correcta por parte del Ayuntamiento figuran el Observatori DESC, donde la alcaldesa trabajó antes de su entrada en el Ayuntamiento; Enginyers Sense Fronteres, vinculada al concejal Eloi Badia, y la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), entidad que fundó Colau y de la que fue portavoz durante cinco años antes de sus inicios en política.
DECLARACIÓN EN LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA EL 4 DE MARZO
Colau declaró en la Ciutat de la Justícia el 4 de marzo como investigada por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Entonces, la alcaldesa dijo que no tenía nada que ocultar y tildó a la parte querellante de asociación fantasma.
La fase de instrucción en el citado caso ha costado a los barceloneses 18.000 euros, reconoció el propio Ayuntamiento a pregunta del grupo municipal de Ciutadans que lidera Mariluz Guilarte.