El idilio del Ayuntamiento de Barcelona con el casal okupa Tres Lliris continúa vigente. Esta pesadilla vecinal que llevó al concejal de Emergencia Climática y de Gràcia, Eloi Badia, ante el juez, sigue alimentada desde el consistorio barcelonés y su defensa acérrima hacia los ocupantes del espacio.
Además de no ejecutar un desalojo definitivo de esta antigua comisaría de la Policía Nacional, el gobierno municipal liderado por Ada Colau invierte en mejoras para facilitar la continuidad de este local y su actividad.
En consonancia con la benevolencia municipal con los okupas, el ejecutivo local ha autorizado una partida que se destinará a llevar a cabo trabajos de reparación en este conflictivo espacio.
40.000 EUROS
El gobierno municipal ha adjudicado 40.861,41 euros a obras de reparación del local ubicado en los números 19-25 de la calle de Nil Fabra, perteneciente al casal Tres Lliris, según consta en el documento municipal que se puede ver en esta información.
Okupas ante el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, en Barcelona / CEDIDA
Los trabajos se adjudicaron el pasado mes de octubre a la empresa Creprojects Soluciones y Proyectos Integrales, especializada en trabajos de interiorismo, reforma y construcción.
Fuentes municipales apuntan que la partida corresponde a obras de adecuación del local para mejorar las condiciones del espacio y sus características acústicas. También recuerdan que el convenio de cesión vigente indica que se debe respetar el descanso de los vecinos del entorno.
Partida adjudicada para el casal okupa Tres Lliris / AJ BCN
DE COMISARÍA A LOCAL OKUPA
La okupación de este local se remonta a noviembre de 2015 y se bautizó el espacio como Casal Popular Tres Lliris. El inmuble permaneció vacío durante poco más de dos años, desde el cierre de la comisaría de Policía Nacional en 2013.
La nueva casa okupa de Gràcia se vinculó estrechamente a Arran, las juventudes de la CUP, una situación que no ha variado. El local también es la sede de otros grupos antisistema, donde desarrollan sus actividades con total libertad.
La permisividad del gobierno de Colau con los okupas fue más allá en 2017. El Ayuntamiento acordó con la Associació de Joves de Gràcia la cesión del local durante cuatro años, lo que suponía una finalización del acuerdo en septiembre del año pasado. El pacto reunió una serie de condiciones para garantizar que esta formalización se tradujera en un "retorno social" para el barrio. Lejos de cumplir con esta finalidad, el espacio se ha convertido en una pesadilla para los residentes.
Fiesta en el casal okupa Tres Lliris / CEDIDA
PESADILLA VECINAL
El pacto entre el consistorio y los vecinos se ha convertido en una tortura para éstos que llega hasta el día de hoy. Esta cesión dio barra libre a todo tipo de fiestas y celebraciones con actitudes incívicas que se tradujeron en niveles de ruido insufribles, además de potenciar el consumo de alcohol en el espacio público.
La llegada del coronavirus tampoco alteró la situación. Los okupas burlaron las restricciones por la pandemia y continuaron realizando actos contrarios a cualquier medida sanitaria impuesta para contener el virus.
A todo ello se suma que los ocupantes no hayan solicitado la licencia de actividad para legalizar su situación, uno de los requisitos que contempló el pacto con el consistorio para materializar la cesión.
DENUNCIA
La constante situación a la que estaba expuesto el vecindario provocó su hartazgo, que se canalizó en quejas vecinales que fueron desoídas por el gobierno municipal. Un grupo de cinco residentes fueron más allá e interpusieron una denuncia contra el Ayuntamiento, en la que señalaban la "pasividad" del ejecutivo local ante las protestas, que fue archivada por la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Pese a ello, el escenario judicial cambió. El convenio con los okupas se renovó obviando la orden de cese de actividad existente y los okupas no abonaron la simbólica cuantía acordada a modo de arrendamiento. La gestión por parte del distrito de Gràcia, presidido por Eloi Badia, llevó al regidor de los comunes ante el juez por presuntos delitos de malversación y prevaricación.
Durante su comparecencia, el edil imputado afirmó que "la cesión de uso es un modelo habitual en la ciudad", mientras que en sus redes sociales abogó por la armonía entre vecinos y okupas: "No solamente pueden convivir, sino también enriquecerse mutuamente desde el respeto y la confianza entre vecinos de un mismo barrio", aseguró.
Fiesta en el local okupa / CEDIDA
FALSO DESALOJO
La presión judicial llevó al Ayuntamiento, en un primer momento, a anunciar el desalojo definitivo del local por incumplimiento de las condiciones pactadas en 2017. Finalmente, el desalojo no se ha producido. La única intervención realizada por la policía catalana en este sentido se dio a principios de 2021, cuando los antidisturbios desalojaron a 60 personas en un momento en el que las medidas sanitarias prohibían reuniones de más de seis personas.
A día de hoy, los okupas continúan su actividad habitual en este local gracias a la permisividad municipal, después de que el consistorio renovara al cesión de uso hasta 2026.