El Ayuntamiento de Barcelona no ha escatimado en gastos durante los últimos años en el marco de la particular guerra contra el vehículo privado impulsada por el gobierno municipal liderado por la alcaldesa Ada Colau. A los desembolsos para reducir carriles de circulación y pacificar calles de la capital catalana, se suman otros como los dedicados a los cortes de calles.
Entre las últimas partidas destinadas a esta finalidad, destaca el más de medio millón de euros invertido para ampliar la cuantía asignada al programa Obrim Carrers, que se incrementó hasta alcanzar los 3.474.999,98 euros.
Para garantizar todos los trabajos relacionados con los cortes de vías durante 2023 en el distrito de Sants-Montjuïc, presidido por Marc Serra, el Ayuntamiento invertirá una cuantiosa partida económica.
100.000 EUROS
El consistorio barcelonés ha adjudicado el contrato para cubrir el "servicio de control de accesos para cortes de calles por actos en la vía pública en Sants-Montjuïc", unos trabajos para los que se ha destinado una asignación de 102.461,46 euros.
El acuerdo ha recaído sobre la compañía Global Attentive S.L., que será la encargada de llevar a cabo los trabajos durante todo este año. El contrato admite una prórroga máxima de seis meses.
TRABAJOS
La empresa adjudicataria deberá garantizar la "colocación y retirada de las vallas y otros elementos destinados a la señalización de las restricciones a los vehículos según las indicaciones previas proporcionadas por la Guardia Urbana".
Entre las funciones de los empleados, se encuentra la obligación de ofrecer un "servicio de información para facilitar el acceso a los vehículos autorizados e informar de las rutas alternativas y los horarios previstos de cierre".
Los trabajadores también deberán alertar de "situaciones de urgencia", "comunicar incidencias" y "elaborar las operativas" de estos servicios, así como los "derivados de actos no previstos y/o de variaciones del servicio".
INDICACIONES DE LA URBANA
Jordi Rodríguez Lima, portavoz del Sindicato de la Guardia Urbana SIP-Fepol (antiguo SAPOL), lamentó en declaraciones a Metrópoli la falta de coherencia que hay en que los cortes de calles "los haga una empresa privada y no la Guardia Urbana", ya que la "regulación del tráfico deben hacerla los agentes de la autoridad".
En este sentido, reclamó que al menos hubiera una "supervisión profesional de la Guardia Urbana" durante estos cortes. Las condiciones de contratación no indican la obligatoriedad de dicha supervisión, y se limita a señalar que los trabajos se realizarán según "indicaciones previas" emitidas por la policía barcelonesa.