Daniel Sirera: "Si gano, no me temblará el pulso para revertir 'superilles' y carriles bici"

Daniel Sirera (Badalona, 1967) se mantiene esperanzado para conseguir su objetivo. El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona encara la recta final con optimismo. Tras la renuncia de Josep Bou, el nuevo candidato se beneficia del efecto Feijóo y obtendría tres concejales en las encuestas. Señala que no investirá ni a Colau ni a Maragall y considera que el resto de candidatos tampoco son una buena opción. Habla con contundencia en esta entrevista con Metrópoli, con la idea de que su partido se erige como el voto útil del bloque constitucionalista y la solución para combatir el urbanismo "táctico" de Colau. Por ello, señala que si gana no le "temblará el pulso para revertir superillas y carriles bici".

Cuatro años desde las últimas elecciones municipales (2019) y con una pandemia por en medio. ¿Cómo ve Daniel Sirera la Barcelona actual y dónde se encuentra el PP dentro de ella?

Barcelona ya no es lo que era, mientras que el PP ha mejorado. La ciudad ha sufrido un proceso de degradación muy importante. El gobierno municipal formado por los comunes y los socialistas es el gobierno del 'no': no al progreso, no a las inversiones, no a los turistas, no a la economía, no a los vehículos... El Partido Popular gobierna en ciudades importantes como Madrid o Málaga, con políticas que funcionan. El problema de Barcelona es que se ha instalado en un decrecimiento y es importante volver a posicionarla en el centro de todas las miradas.

Antes de presentarse como candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, usted estuvo trabajando en Valencia. ¿Cómo ve a la capital catalana en comparación a la valenciana?

Valencia tiene el mismo problema que Barcelona: un Ayuntamiento gobernado por comunes, en este caso Coalició Compromís. Sin embargo, no han tenido la desgracia de padecer un proceso independentista, que ha provocado que muchas empresas se hayan ido de la ciudad. Mientras que Valencia quiere prosperar, en Catalunya, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat quieren convertir Barcelona en una ciudad provinciana. Necesitamos un modelo de ciudad diferente y recuperar el espíritu que nos hizo trabajar todos juntos con los Juegos Olímpicos del 92.

En la noche electoral de 2019, los socialistas impulsaron una llamada hacia un gobierno alternativo a la victoria del republicano Ernest Maragall. ¿Considera que el PP actuó como debía?

Hace cuatro años yo no formaba parte de la política barcelonesa, pero tengo claro que el PP no hizo alcaldesa a Ada Colau. En cambio, sí que lo hizo Valents, en aquel momento con Manuel Valls en el partido Barcelona pel Canvi.

Si en las próximas elecciones se dieran las mismas circunstancias, ¿en qué dirección cree que debe ir Barcelona?

Tenemos claro que no vamos a hacer alcaldesa a Colau ni tampoco a Maragall. Los otros candidatos tampoco son una buena opción. Collboni forma parte del problema. Trias, que ya fue un mal alcalde, ha asegurado que no revertirá las actuaciones hechas por Colau durante estos últimos años. Todos estos grupos pretenden paralizar la ciudad. El único partido que quiere que Barcelona prospere es el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a poner encima de la mesa nuestro programa electoral para ganarnos la confianza de los barceloneses. A partir de ahí, quien quiera apoyar el programa, estaremos dispuestos a sentarnos. 

En estas elecciones se presenta Valents, por lo que hay un partido más en el bloque constitucionalista. ¿Cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo para que no haya tanta oferta y pueda haber una disgregación del voto?

Nos hemos reunido con diferentes dirigentes de otros partidos constitucionalistas para explicarles que si vamos todos juntos podemos alcanzar entre un 18 y un 20% de los votos. Es decir, entre 8 o 10 concejales en el Ayuntamiento. Desgraciadamente, no ha sido posible llegar a un acuerdo. Ahora nos centramos en persuadir a sus votantes para que su voto sea útil, ya que el resto de partidos no obtendrán representación, según las encuestas.

El PP tenía que encabezar ese posible acuerdo y otros lo que querían era ser ellos los que lideraran la candidatura. ¿Ha sido este ego el principal problema que ha impedido llegar a un acuerdo?

Todas las encuestas auguran que el PP está entorno al 8% de representación electoral y el resto no llega al 4%. Lo lógico era que fuese el Partido Popular quien encabezase la candidatura conjunta. Hay personas que lo entienden así, hay otras que no están por la labor.

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los barceloneses. ¿Por qué cree que los ciudadanos tienen esta percepción de inseguridad y qué propone el PP para combatirla?

No es una percepción. Los barceloneses tenemos esta sensación de inseguridad porque Barcelona es insegura. Los datos del Ministerio del Interior lo demuestran: la capital catalana es la ciudad con más delincuencia por cada 100.000 habitantes. Para combatirla, se necesitan más agentes de la Guardia Urbana, más Mossos d'Esquadra, no tener complejos con los delincuentes poniendo cámaras de seguridad en las calles más conflictivas, que los agentes de la policía reciban el apoyo por parte de sus dirigentes...

También es importante cambiar leyes a nivel estatal. El PP presentó hace un mes una modificación legislativa para castigar la multireincidencia, en la que pedíamos que una persona extranjera que ha cometido tres faltas –con independencia de la cantidad económica que represente— sea expulsada y sino que pase a disposición judicial de manera automática. Los socialistas de Collboni, los comunes de Colau y los republicanos de Maragall votaron en contra a esta modificación. Como votaron en contra también de una ley que presentamos hace meses en la que solicitábamos una modificación de la LECRIM para que los okupas fueran desalojados en 24 horas. Todos ellos han convertido Barcelona en un parque temático de inseguridad ciudadana.

Todas estas medidas también serían aplicables para combatir la okupación.

Actualmente en Barcelona, los okupas pueden empadronarse en los inmuebles. Esto es intolerable y si salgo elegido elegido alcalde lo prohibiré. Crearemos una oficina de ayuda a las personas que son víctimas de okupación y también evitaremos que el Ayuntamiento cobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas personas que tienen sus viviendas okupadas.

Además, en Barcelona también se da una circunstancia que no se da en otras ciudades de España. El gobierno municipal tiene una norma en la que cuando una persona que necesita una vivienda social porque cumple unos requisito, puede perderla si alguien ha entrado antes en ella. Es decir, el Ayuntamiento entrega antes las llaves a los okupas que han entrado en la casa que a la persona que lleva tiempo en una lista de espera. Esto significa que las personas realmente vulnerables que esperan pacientemente una vivienda social no la consiguen si alguien revienta una puerta y okupa una casa. En Barcelona, quienes cumplan la ley deben tener derechos y los que las incumplan deben ser perseguidos por la justicia. Cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno, impulsaremos la reforma de la ley para que los okupas sean desalojados en 24 horas y además puedan acarrear penas de hasta 3 años de cárcel.

En el caso de la Guardia Urbana, tanto Collboni como el teniente de Seguridad, Albert Batlle, aseguran que han contratado 1.000 agentes más.

Es verdad que se han contratado, aunque no explican que se han jubilado 500 agentes. En distritos como el Eixample, por la noche solo hay cinco patrullas vigilando. Y durante el fin de semana, estas patrullas se reducen a la mitad, que es cuando más se necesitan. La seguridad debe tomarse en serio y los agentes deben tener a su alcance más herramientas para trabajar con eficacia. Un Ayuntamiento nunca debe estar al lado de los que delinquen, deben estar al lado de sus cuerpos de seguridad, que son los que garantizan la libertad de los ciudadanos.

Entonces, ¿no se ha revertido con Albert Batlle?

Barcelona es una de las ciudades con más delincuencia de España. Y lo dicen los datos del Ministerio del Interior. Uno de los principales problemas de inseguridad vienen a raíz del aumento del tráfico de drogas y los narcopisos. Esto es una consecuencia de la reducción de efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional en el Aeropuerto de Barcelona. Aena no quiere colas, por lo que pide a los agentes que sean rápidos en sus controles. Esto conlleva a que Barcelona sea un coladero, no solo de inmigración ilegal, sino de personas que vienen a Barcelona a delinquir.

Desde el Ayuntamiento imponen medidas (aunque son paulatinas) pero da la sensación de que se quedan muy cortas para atajar la crisis de seguridad que vive la ciudad. ¿Tendrían que ponerse de acuerdo PP y PSOE para buscar soluciones de ámbito nacional?

El gobierno de los comunes no confía en la policía y los socialistas votan en contra de una ley para perseguir a delincuentes. Es muy difícil pensar que Collboni quiera garantizar la seguridad cuando vota en contra de una ley que castiga a los multireincidentes, contra desalojar a los okupas…

La ley de multireincidencia entró en vigor en agosto de 2022.

Sí, pero desde el PP pedimos que no haya un limite económico, que actualmente se establece en 400 euros. Es decir, que cualquier persona que cometa una falta, del tipo económico que sea, se compute como falta.

La lucha contra el vehículo privado ha sido una constante en el último mandato de Colau. ¿Cree que se debe reducir el espacio para los coches en Barcelona?

No. Barcelona es una ciudad que está diseñada para que el tráfico sea fluido. Colau y Collboni están haciendo todo lo contrario: poner trabas, carriles bici y superillas para generar incomodidad y que la gente no utilice el vehículo privado. Pero esta política es una contradicción porque genera más contaminación y más atascos. Hay que hacer algo fundamental: paralizar todo el urbanismo táctico de Colau.

Usted vive en la calle de València, justo al lado de Consell de Cent. ¿Le gusta como ha quedado?

Yo no veo más zona verde, solo veo más persecución del vehículo privado. Otra de las políticas que suponen un bloque absoluto de Barcelona es el tranvía de la Diagonal. Como alternativa se podría haber hecho un autobús eléctrico. En enero le comuniqué a Colau que paralizara todas las obras que estaba poniendo en marcha a la espera de que el nuevo gobierno municipal decidiera qué hacer. El Plan Cerdà es un buen plan y lo que está haciendo Colau es cargárselo. Entre Colau y Cerdà, sabía más de urbanismo Cerdà que Colau y todos sus asesores.

¿Usted sería partidario de ‘destruir’ lo hecho hasta ahora por el gobierno de Colau?

No me va a temblar el pulso si hay que revertir superilles o carriles bici. Un alcalde tiene que gobernar para todo el mundo, pero Colau y Collboni han tratado de imponer su forma de entender Barcelona a los demás. Su política es contradictoria. Los vehículos serán cada vez menos contaminantes, pero Colau quiere eliminar la capacidad con la excusa de la contaminación. No obstante, los coches serán más respetuosos con el medio ambiente. En definitiva, lo que se produce no es una lucha contra el vehículo contaminante, sino una lucha contra la industria del motor.

Más allá del Eixample, ¿se tiene que avanzar hacia una peatonalización de la ciudad? En Madrid, donde gobierna el Partido Popular con Martínez Almeida, se mantuvo la iniciativa de Madrid Central impulsada por Manuela Carmena.

Se ha mantenido porque el Gobierno de España aprobó una ley para evitar que Almeida lo quitara. Es cierto que debemos trabajar para reducir la contaminación, pero el Ayuntamiento no ayuda a la ciudadanía en sus pequeños pasos. Por ejemplo, en Madrid se ayuda a la gente que quiere comprarse una bici, un patinete o que quiere cambiarse de vehículo por uno de eléctrico. En Madrid, la media de edad de los autobuses municipales es de cinco años, en Barcelona de ocho. 

En estos últimos años han surgido las comparativas entre Barcelona y Madrid. ¿Qué opina usted sobre esta rivalidad?

No creo que haya una rivalidad, pero sí es verdad en Madrid hay más facilidades para que la gente genere riqueza. Mientras su gobierno regional y municipal trabajan para impulsar su ciudad, el gobierno municipal de Barcelona y la Generalitat no. Los barceloneses que quieren asistir a conciertos o a musicales se van a Madrid. Y no porque sea la capital, sino porque sus administraciones lo facilitan con incentivos que permite que la gente viva mejor. Otro ejemplo son las tasas de terrazas. En la ciudad madrileña son cinco veces menos que en la barcelonesa. Mientras en Catalunya discutimos sobre quiénes somos, adónde vamos y cosas tan políticas pero tan poco ciudadanas, Madrid nos pasa la mano por delante.

Después del 28 de mayo, todo estará condicionado por las elecciones generales y autonómicas. ¿Daniel Sirera tomará la decisión de lo que tenga que pasar en Barcelona?

Hablaré con Feijóo, pero ya me ha asegurado que la decisión sobre Barcelona la tengo que tomar yo. Antes de ser del PP soy barcelonés. Por lo tanto, voy a tomar la mejor decisión para la ciudad. Quiero que todo el mundo tenga muy claro que yo no voy a hacer como Collboni y poner Barcelona al servicio de Pedro Sánchez ni voy hacer como Trias y poner Barcelona al servicio de Carles Puigdemont. 

La decisión que tome no será pensando en si puede interesar o no a Feijóo.

Mi jefe no es Feijóo. Mi jefe a partir del 28 de mayo van a ser los ciudadanos de Barcelona. Los que me hayan votado y los que no. Son ellos los que pagan impuestos y mi sueldo. Voy a hacer lo que considere que es mejor para los barceloneses y para la ciudad.