Barcelona insiste en el cumplimiento de la normativa del 30%: "Los expedientes siguen vivos y con posibilidad de sanción"

Cuando aún no se ha resuelto la incertidumbre sobre el futuro de la normativa del 30% de vivienda protegida en Barcelona, el Ayuntamiento ha dado un paso decisivo al iniciar el primer expediente sancionador contra una promotora inmobiliaria por su incumplimiento.

El caso, correspondiente a un edificio en la calle Castillejos 242, abre la puerta a posibles sanciones en otros expedientes aún en proceso.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha anunciado este lunes que, tras una sentencia favorable obtenida hace 15 días, el consistorio ha comenzado a tramitar la sanción contra la promotora responsable del inmueble. 

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Además, ha subrayado que "todos los expedientes siguen vivos y con posibilidad de acabar en sanción", en referencia a otros ocho casos detectados en una macroinspección realizada en 2022 sobre 2.500 actuaciones con permisos de obra.

Inspecciones y detección de incumplimientos

El Ayuntamiento llevó a cabo una revisión masiva para verificar el cumplimiento de la norma aprobada en 2018, que obliga a destinar un 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida.

De los 2.500 permisos analizados, en nueve casos se detectó un posible incumplimiento, lo que representa solo el 0,036% del total inspeccionado.

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Bonet ha explicado que el procedimiento a seguir cuando se detecta una irregularidad pasa primero por restituir la legalidad urbanística, exigiendo que el promotor ajuste su permiso de obras a la normativa.

Si persiste el incumplimiento, se impone la sanción correspondiente.

Críticas a la gestión anterior y cambio de estrategia

Las declaraciones de Bonet llegan en un contexto de debate sobre cómo se ha aplicado la norma en los últimos años.

La número dos del alcalde Jaume Collboni ha criticado la gestión del anterior equipo municipal, liderado por Barcelona en Comú (BComú), acusándolo de no haber actuado con suficiente rigor en la imposición de sanciones.

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Según Bonet, el gobierno de Ada Colau "no buscaba el incumplimiento para luego imponer sanciones", sino que aplicaba en paralelo los procedimientos de restitución y sanción en cinco casos, algo que, según la dirigente socialista, "no aporta seguridad jurídica".

Ahora, el equipo de Collboni asegura que ha reforzado los controles. Aparte las de inspecciones específicas, el Ayuntamiento ha implementado un protocolo de detección anticipada que cruza datos sobre los permisos de obra que entran en la ciudad.

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Según Bonet, este sistema permite revisar unos 300 expedientes al mes, lo que garantiza que "no se estén produciendo incumplimientos de esta normativa".

¿Hacia una revisión del 30%?

Más allá de las inspecciones y sanciones, la regulación del 30% sigue en el punto de mira. Hace unas semanas, el propio Collboni abrió la puerta a modificar la norma antes del verano, argumentando que podría estar teniendo efectos contraproducentes, como el freno en la construcción de vivienda en Barcelona.

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Mientras tanto, el Ayuntamiento defiende que seguirá velando por el cumplimiento de la normativa vigente y sancionando a quienes no la acaten.