Barcelona enseña las uñas a las concesionarias que incumplen los contratos municipales

El Ayuntamiento de Barcelona está harto de los distintos problemas que se dan en el día a día en sus eventos y que tienen como protagonistas a algunas --las menos reputadas-- de las empresas del sector de los servicios auxiliares y el control de accesos. El consistorio pasa a la acción y aplicará la mano dura contra las compañías que no cumplan sus contratos municipales adjudicados.

Así ha quedado patente a raíz de la licitación de los citados servicios para el próximo Sant Jordi en el distrito del Eixample, que tendrá lugar los próximos 21, 22 y 23 de abril de este año.

Cortes de calles

Los trabajadores externalizados serán los encargados de cortar el tráfico entre, por un lado, la avenida de Diagonal y la calle de Aragó y, por el otro, desde Aragó hasta la plaza de Catalunya.

No obstante, tal y como ha explicado a Metrópoli el sindicato ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, serán efectivos de la Guardia Urbana quienes, en colaboración con la empresa, supervisarán también el proceder de los trabajadores, así como también posibles incidencias o incumplimientos de contrato.

Supervisados por la Guardia Urbana

"La adjudicataria tendrá que informar al cuerpo municipal de qué acciones correctoras toma en cada incidencia que se le comunica durante el evento. Aquellas incidencias que queden sin acción correctora comunicada implicarán penalizaciones", reza el pliego técnico.

Cabalgata de Reyes en Barcelona EUROPA PRESS

Además, "habrá que asistir una hora antes al punto de encuentro inicial y desde allí desplazarse al lugar asignado para todo el evento. Aquí se hará el control inicial de la presencia y puntualidad de todos los efectivos", añade.

Penalizaciones

El valor total estimado del contrato será de 55.864,00 euros. No obstante, por cada incidencia leve no comunicada, el consistorio se reserva la potestad de aplicar una deducción del 2% de la factura. En el caso de las incidencias graves, la penalización será del 5% y, en el de las tipificadas como muy graves, de un 10%. Estas deducciones serán acumulativas hasta un máximo de un 20% del total de la licitación.

Esta 'medida extra' para asegurar el servicio se produce "tras varias denuncias del sindicato y un tirón de orejas de la Oficina Antifrau de Catalunya". El sindicato denunció al Ayuntamiento por "presuntas irregularidades relacionadas con diferentes procedimientos de contratación" que, en este caso, favorecieron a la polémica empresa Wakeful Security.

Un vigilante de Wakeful, empresa de seguridad que contratan diversos municipios Cedida

La oficina ha archivado la causa. No obstante, en su resolución, recuerdan al consistorio "la necesidad de exigir expresamente en nuevos pliegos los planes de igualdad actualizados --motivo por el que se interpuso la denuncia-- (...) y que estos se aporten a la Oficina Antifrau".

Descubiertos

Con las mencionadas cláusulas y medidas extra, el Ejecutivo local busca evitar bochornosos episodios como el que tuvo lugar en la mañana del pasado 5 de enero. A escasas horas de que arrancara la Cabalgata de Reyes, casi la totalidad de los controladores y auxiliares de Wakeful Services abandonaron en desbandada su puesto.

El evento navideño salió adelante gracias a que ese descubierto, de cerca de 200 personas, se pudo salvar contratando por la vía de urgencia a otra empresa que llevara a cabo el empleo.

Un controlador auxiliar de Wakeful Wakeful S.L

Pero si bien es uno de los últimos, no es el único caso. A este digital han llegado testimonios y denuncias tanto de particulares como de sindicatos y patronales contra empresas del sector, como Wakeful y Stride, en las se demandan cobros atrasados, salarios por debajo de convenio, y descubiertos en los servicios adjudicados tanto en la capital catalana como en otros municipios catalanes.

El mismo regidor de Cultura, Xavier Marcé, avanzó tras el episodio de la Cabalgata que no solo se amonestaría a la empresa, sino que el consistorio buscaría la fórmula para condenarla a un ostracismo laboral por parte del sector público.