El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Los comunes redoblan la presión sobre Collboni por la vivienda
Le ponen el listón muy alto: quieren que prohíba comprar pisos si no es para vivir y que el 50% de toda obra nueva sea para alquiler social
Los últimos pasos del alcalde Jaume Collboni por normalizar el mercado habitacional de Barcelona han tenido una consecuencia sorprendente: vistos los éxitos en temas como la compra de la Casa Orsola (frenando los desalojos previstos) o las conversaciones con todos los sectores implicados para normalizar el mercado de la vivienda y del alquiler, los comunes han puesto toda su maquinaria social contra el alcalde.
Se avecinan fuertes campañas propagandísticas y manifestaciones a cargo del tejido social que controlan los de Ada Colau. Lo curioso es que los comunes reconocen que las políticas de Collboni han hecho abaratar el alquiler en Barcelona un 6,4%, pero se apropian del éxito pese a que hace dos años que no gobiernan.
Los portavoces del Sindicat de Llogateres en Casa Orsola
“Gracias a la regulación del precio de los alquileres, en Barcelona los precios han bajado un 6,4%, pero no podemos dejar que los alquileres de temporada se escapen de esta regulación. ¿Cuánto tiempo más hemos de esperar? Es preciso acabar con este negocio especulativo que nos expulsa de nuestros barrios”, se queja la formación de Colau ante su militancia.
Los tres frentes
O sea, una vez dada por perdida esa batalla, BeC pasa página: centra sus esfuerzos en apretar al alcalde por otros lados, el destierro del alquiler de temporada, el control de la compra de pisos y el aumento de la reserva de alquiler social de pisos en edificios privados.
Son los frentes que el partido que ha gobernado Barcelona durante ocho años quiere abrir ahora, una vez perdida la batalla por el abaratamiento del alquiler, que es un tema que funciona rentabilizando la gestión del PSC en el consistorio barcelonés. De hecho, los socialistas se apuntan el tanto del abaratamiento de alquiler.
Críticas del PSC
“Colau dejó el Ayuntamiento con el alquiler en la punta máxima de los últimos años. Hemos tenido que negociar con todos los sectores implicados para rebajar tensiones y dibujar un escenario de futuro que sea asumible para todos. Si queremos aplicar la norma por las bravas, pasará como con Colau: que en cinco años se hicieron solo algo más de 120 viviendas privadas en Barcelona. Hemos de buscar el consenso”, explican fuentes socialistas.
El truco está en buscar alternativas. “Hay que flexibilizar la norma. No hacerla más suave, sino buscar alternativas para que, sin que pierda su eficacia, sea más asumible para la iniciativa privada. Por ejemplo, permitiendo que el 30% de la obra nueva no se concentre en cada uno de los edificios que se construyan, sino que se pueda destinar a alquiler social vivienda nueva aunque está en otro distrito. De ese modo, no reduces la presión de la norma, pero permites una cierta flexibilización en su aplicación”, añaden las fuentes.
“Una estafa con sello socialista”
Los comunes no quieren que los socialistas se apunten ese tanto y han endurecido su posicionamiento y sus peticiones. Y es que, una vez establecido el nuevo tablero de juego, se trata de no dar tregua a los responsables municipales en uno de los temas estrella de los comunes y uno de los nichos que han explotado hasta la saciedad desde antes de haber ostentado el poder municipal.
Manifestación contra el precio de los alquileres en Barcelona, a 5 de abril de 2025
“En Barcelona, uno de cada dos anuncios de alquiler es de temporada. Una estafa legalizada que lleva el sello socialista”, dice la consigna que la cúpula de Barcelona en Comú (BeC) ha remitido a sus activistas. De hecho, ese es un dato extraído de los estudios del Observatorio Metropolitano de la Vivienda y hacen referencia a los anuncios publicados en Habitaclia.
Es solo uno de los eslóganes que trata de arrojar una duda razonable sobre la gestión del PSC en materia de vivienda. Otra de las consignas establece que uno de cada tres contratos que se firman en Barcelona son de alquiler de temporada.
“Pedro Sánchez, Salvador Illa y Jaume Collboni son los máximos responsables de dejar inservible la Ley de Vivienda para poder frenar a los especuladores que cuelan alquileres de temporada para saltarse el tope de precios”, espolea BeC a la militancia.
Ampliar la reserva de alquiler social
Ahí reside el nudo gordiano del otro de los frentes abiertos: acusar continuamente a los socialistas de intentar derogar de facto la obligación de que los constructores privados reserven un 30% de la obra nueva que hagan a alquiler social.
De hecho, las entidades sociales afines a los comunes han acudido a la llamada a rebato de la dirección del partido para movilizar las calles. Esta red de asociaciones conforma buena parte del tejido asociativo de los barrios y en los próximos meses exigirán no solo que se aplique drásticamente la obligación de destinar a alquiler social el 30% de toda obra nueva, sino “ampliar ese porcentaje al 40%”.
El objetivo, reconoce el partido en un cartel, es llegar a que el 50% de la obra nueva que se construya por iniciativa privada esté destinado a alquiler social.
Es el más difícil todavía para el alcalde, que no solo tiene que lidiar con el mercado y los sectores implicados, sino con unos exsocios que viven para ponerle palos en las ruedas.
¿El ejemplo de París?
“El 30% nos protege ante la especulación. No lo decimos nosotros solo, lo exigen los movimientos sociales. Collboni haría bien en parecerse un poco al Partido Socialista de París, que ha aumentado la medida del 30% para que llegue al 50%”, recordaba Barcelona en Comú a su militancia este miércoles.
No obstante, el senador y copresidente del grupo municipal comunista del Ayuntamiento de París, Ian Brossart, explicó ante la comisión. De vivienda de Barcelona que en la capital gala había tenido éxito la medida de destinar el 25% de obra nueva a alquiler social y que el objetivo era llegar al 25% de alquiler social de todo el parque habitacional en 2025.
La cifra de la vivienda social ofertada a partir de la iniciativa pública, pues, es la mitad de la que aseguran los comunes que se reserva París.
La líder de BComú en Barcelona, Janet Sanz
La otra petición para erosionar la gestión del alcalde es prohibir las compras de viviendas que no sean para vivir “para que no pueda llegar un fondo buitre a echarnos de casa”.
Difícilmente esta medida es constitucional, habida cuenta de la libertad de mercado que existe en el Estado de derecho. Pero la propuesta está en la agenda de los comunes y encima de la mesa para arrojársela al alcalde como reto insuperable.
Prohibir comprar pisos
La líder de los comunes en el consistorio, Janet Sanz, llegó a verbalizar esta petición en la última comisión de estudio sobre el problema de la vivienda, aludiendo a que Ámsterdam la ha incorporado a su gestión.
Para apelar a esta medida interpretan a su manera la sentencia del TC que rechazó las indemnizaciones millonarias que pedían las operadoras a las que se cierran pisos turísticos.
Pese a todo, la decisión del TC no implica el veto a que haya transacciones privadas de compra-venta de inmuebles en cualquier parte del territorio nacional.
Para reforzar el mensaje de los comunes, habrá movilizaciones en la calle con los lemas de la vivienda como principales eslóganes políticos. BeC vuelve a ser un colectivo de guerrilla.
