Duro golpe a Rosa Alarcón y su gerente de Movilidad, Manuel Valdés. El juzgado de lo contencioso número 13 de Barcelona ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por la empresa Tucycle Bikesharing contra la resolución que aumenta el número de licencias municipales para motos eléctricas compartidas. El juzgado entiende que el Gobierno municipal actuó sin presentar un nuevo concurso y sin obligar al cumplimiento de la ley, que fijaba un número determinado de motos por operador que no se ha respetado.

El Ayuntamiento de Barcelona ya fue demandado ante Antifraude por “connivencia municipal con la conducta infractora” reiterada de empresas de motos compartida por ampliar, de forma unilateral y sin concurso, las licencias de motos compartidas. El pasado julio, las licencias pasaron de 7.000 a 10.000, un incremento superior al 40% que benefició a las compañías que ya operaban en Barcelona: Cooltra, Acciona, Yego y Movo.

La aceptación de las medidas cautelarísimas comportará que una parte de la flota que da servicio en Barcelona desde la "alegalidad" tendrá que dejar de hacerlo.

MÁS MOTOS QUE LICENCIAS

El gobierno de Colau, según avanzó El Confidencial, había cifrado en 381 el número de licencias máximas para cada compañía. En la práctica, sin embargo, operaban muchas más, un hecho denunciado por la Asociación para la Defensa del Administrado y el Contribuyente (ADAC). Tucycle Bikersharing acusó al Ayuntamiento de Barcelona de no presentar un concurso ni obligar al cumplimiento de la ley a las marcas que ya operaban en la ciudad.

Tucycle Bikersharing denunció que Cooltra, Acciona, Yego y Movo tenían más motos compartidas que las licenciadas y fueron las grandes beneficiadas por el aumento de licencias en verano. La empresa demandante considera que las marcas que habían cumplido la ley no pudieron optar por las nuevas licencias porque no salieron en concurso.

PIDEN MEDIDAS CAUTELARES

En la demanda, la empresa denunciante solicitaba medidas cautelares. Entre ellas, la suspensión suplicada. Aseguraba que el procedimiento de actuación “mezcla de manera sorprendente las licencias de nueva creación con las ya existentes y renunciadas por el abandono de unos operadores ya adjudicatarios”.

Tucycle Bikersharing presentó también una denuncia ante Antifraude por "connivencia municipal con la conducta infractora reiterada de las empresas incumbentes". Posteriormente solicitó medidas cautelarísimas, en el recurso contencioso administrativo, que han sido resueltas en el fallo notificado.

LA RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Este proceso es un duro golpe para Manuel Valdés. En su defensa, el gerente de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona aseguró a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública que “ni los servicios municipales pueden tener de forma fiable el acceso en tiempo real” al número de motos compartidas que operan en Barcelona ni su ubicación.

Una fuente del Ayuntamiento de Barcelona consultada por Metrópoli confirmó el pasado martes que un operador de motorsharing había presentado una demanda. No obstante, recalcó que en julio no se incrementaron las licencias, asegurando que dicho proceso "se ha iniciado este mes de enero, a partir de la notificación a todas las empresas licenciadas en la que se declararon vacantes 918 licencias para ciclomotores y motocicletas de acuerdo con la resolución 28 de agosto de 2020".

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