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El alcalde Jaume Collboni bajo la iniciativa 'Mayors for Housing'

El alcalde Jaume Collboni bajo la iniciativa 'Mayors for Housing' Ayuntamiento de Barcelona

Opinión

La Europa que manda teme más a Putin que a la crisis de la vivienda

"Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, coinciden en señalar que la Unión Europea debería otorgar a la vivienda el tratamiento otorgado a las políticas de defensa"

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Europa tiene un problema de vivienda. La crisis no es exclusiva de Barcelona, aunque la situación en nuestra ciudad sea especialmente grave. Ni siquiera es problema de España o el sur de Europa. Los datos del estudio de Eurostat presentado la semana pasada demuestran que el problema es sistémico en toda Europa, con un aumento medio del 48% del precio de la vivienda en todo el continente.

Aunque está claro que unos sufren más que otros, y aquí, los españoles nos llevamos la palma. Tanto en Madrid como en Barcelona se dedica un 75% del sueldo al pago de la vivienda. Una cifra sólo superada por Lisboa, con un 116%. Quien no se consuela es porque no quiere.

El acceso a la vivienda se ha convertido también en un problema, especialmente para los jóvenes, en países del centro y norte de Europa. Pero no de las dimensiones que ha adquirido en España, Portugal o Grecia. De ahí que la Unión Europea difícilmente aceptará una de las propuestas estrella de los socialistas españoles.

Tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, coinciden en señalar que la Unión Europea debería otorgar a la vivienda el tratamiento otorgado a las políticas de defensa.

Esto es, que las políticas de creación y promoción de vivienda asequible no computen en el cumplimiento de los límites de gasto impuestos por la Unión. La misma fórmula ofrecida a España para que aceptara subir su inversión en defensa hasta los parámetros exigidos por la OTAN.

Pero los países del norte de Europa, los austeros, esos que siempre han defendido la limitación del endeudamiento como un fin en sí mismo de la UE, sienten mucho más de cerca la amenaza de la Rusia de Vladímir Putin que los problemas de vivienda. Justo lo contrario que aquí.

Para cualquier español, o portugués, la amenaza rusa resulta lejana y poco creíble, mientras la vivienda de compra y alquiler escala precios espoleada por un mercado turístico más voraz que nunca.

Aunque el turismo no sea, ni de lejos, el principal problema. Lo demuestran los estudios realizados tanto por Eurostat como por el Parlamento Europeo, que también se ha puesto las pilas en esta cuestión.

Porque no se equivoquen: la Europa que manda teme más a Putin que la crisis de la vivienda, pero también teme a la crisis de la vivienda. Eso explica que desde 2024 la Comisión tenga por primera vez en la historia un Comisario de Vivienda, al tiempo que el Parlamento Europeo ha creado también una comisión ad hoc centrada en esta cuestión.

El resultado de esa comisión es el Informe presentado ya por el eurodiputado del PP Borja Giménez, que se encuentra en fase de enmiendas en el Parlamento Europeo, señala como una de las principales señales de alarma la falta de oferta en un mercado de vivienda que se muestra extremadamente rígido. Esto es, incapaz de aumentar el ritmo de producción de vivienda para satisfacer una demanda al alza.

Es decir, que la tesis del documento planteado por el Parlamento Europeo parte de la necesidad de actuar para aumentar la oferta, no para castigar a la demanda, como insisten en hacer la izquierda catalana y española.

Giménez señala la falta de suelo, las dificultades burocráticas y fiscales -demasiada burocracia, ¿les suena?- el aumento de los costes y la falta de mano de obra como elementos centrales de esa rigidez del mercado inmobiliario.

Y añade un sexto elemento, la inseguridad jurídica generada por políticas como la emprendida en España para dificultar los desahucios, que retrotrae a los propietarios que podrían aportar viviendas al mercado del alquiler.

El Parlamento Europeo reconoce también en el estudio, muy interesante, que no tiene competencias sobre un ámbito en que el que los problemas tienen mucho de condicionantes locales. Pero apunta a la necesidad de una simplificación legislativa, también a nivel europeo, para facilitar la construcción de vivienda revisando restricciones medioambientales y obligando a la concesión de permisos en 60 días. Si lo consiguen, los promotores españoles brindarán por la UE.

Aunque el principal apoyo que puede aportar la Unión Europea es el financiero. Porque también falta financiación para construir vivienda, en un mercado mucho más restringido tras la crisis financiera de 2008. Y aquí entra la posibilidad de crear un fondo específico para vivienda.

Quienes conocen el funcionamiento de la Unión advierten que el reparto de fondos se parece mucho a ‘los juegos del hambre’ y no será fácil detraer fondos de otros ámbitos para centrarlos en vivienda. La pelota, sin embargo, ha echado a correr. La vivienda se ha situado ya en el centro de las preocupaciones de las instituciones europeas porque es una de las claves de la desigualdad en el continente.

Por eso fue la cuestión estrella de la Cumbre de la UE celebrada la semana pasada, en la que todos los líderes estatales urgieron a Úrsula Von der Leyen a acelerar el prometido Plan de Vivienda Accesible. Y por eso también la presidenta de la Comisión se comprometió a presentarlo este diciembre.

Esto es más que una crisis inmobiliaria: es una crisis social que erosiona el tejido social europeo, debilitando nuestra cohesión y amenazando nuestra competitividad’, reconoció Von der Leyen.