La caída de los tipos de interés supone una reducción de ingresos para los rentistas y parece que los bancos centrales del mundo se han concertado de cara al futuro en esa línea para ayudar a la actividad económica, pasado ya el miedo a la inflación.

Eso significa que el pequeño ahorrador tiene que buscar alternativas a la renta fija. El tocho ha sido el objetivo seguro de toda la vida, pese a que la gran recesión de 2008 nos enseñó que el inmobiliario también puede generar pérdidas.

Y es verdad que aun con las subidas imparables -en compra y alquiler- de los últimos años, las medidas que empiezan a implantar algunas administraciones para frenar la carrera alcista añaden incertidumbres. Ante esas dudas, vitales para ciertas economías, podríamos hacer unas reflexiones de utilidad.

No conozco a nadie que tenga alquilada una plaza de aparcamiento a un particular y que la pague legalmente, que lo haga incluyendo el IVA y los datos fiscales de arrendador y arrendatario; a nadie. Otra cosa es la gente que contrata el pupilaje con una empresa, que le cobra a través del banco y con recibo.

Tampoco sé cuántas plazas de particulares están en el mercado en Barcelona, pero sospecho que no son pocas teniendo en cuenta que ya en 2021 había 532.000 vehículos de cuatro ruedas censados en la ciudad; uno por cada 3,12 habitantes. El distrito de Sarrià-Sant Gervasi era el líder, con uno por cada 1,42 ciudadanos, el doble que en Sant Martí.

Y tiendo a creer que ese reparto geográfico-social del parque móvil explica el error de la Administración local, gestionada o influida desde hace tiempo por políticos de izquierdas. Como todos sabemos, entre las medidas para expulsar el automóvil de la ciudad aparecen con mucha más frecuencia la reducción de plazas de aparcamiento y las restricciones circulatorias que las mejoras del transporte público.

En 2017, a mitad del primer mandato de Ada Colau, el consistorio ya se pronunció contra el exceso de plazas de aparcamiento en la ciudad: 640.000, frente a los 570.000 vehículos matriculados. Se trataba de acabar con la sobreoferta modificando las ordenanzas que desde mediados de los setenta obligaban a la construcción de aparcamiento subterráneo en los nuevos edificios de viviendas y oficinas.

El objetivo era presionar a los automovilistas, dificultar y encarecer el aparcamiento. Tan absurdo como si tener un coche situara a su propietario en una clase social enemiga del pueblo -tener un piso alquilado, efectivamente, en estos días convierte al dueño en un rentista explotador- y hubiera que enviarle a una de las 14.500 plazas públicas de B:SM, las 45.000 de los garajes o a las subterráneas de los particulares.

Fruto de esa política, entre zonas azules, verdes y demás Barcelona ha perdido el 80% de los 180.000 aparcamientos en superficie. A favor de los peatones, claro, pero sobre todo de las bicicletas y patinetes, además de las furgonetas de carga y descarga. Y también a favor de los propietarios de garajes, parkings y plazas de aparcamiento de particulares por la subida de precios que todo ello ha supuesto.

Donde más suben los alquileres de plazas es Ciutat Vella, que a su vez encabeza el ranking de precios de compra, por encima de Les Corts y Sarrià Sant Gervasi. En sentido totalmente contrario a la renta de sus habitantes.

Está claro: la inversión en plazas de aparcamiento se ha convertido en la opción más rentable para el ahorrador; además, el rendimiento no se declara. Gracias, en buena parte, a unas políticas izquierdistas nefastas. ¡Vivir para ver!