La verdadera razón de la compra de la Casa Orsola es el cristo que había montado esa correa de transmisión de BComú que responde al nombre de Sindicat de Llogateres. Quizá por eso, al alcalde le traicionó el subconsciente en la rueda de prensa en la que daba cuenta de la adquisición y se olvidó de citar a los activistas restándoles protagonismo, lo que les sentó como una patada en la espinilla.

Carme Trilla, presidenta de la Fundació Hàbitat3, será la encargada de comerse el marrón, dicho sea con todos mis respetos. Porque el objetivo de la fundación que se ha hecho con la mitad del edificio es atender casos de vulnerabilidad habitacional, y los inquilinos de Casa Orsola no son vulnerables: tienen riesgo de serlo, en opinión de la experta, una apreciación que abre numerosas incógnitas.

De los 26 inquilinos reales del famoso edificio del Eixample parece que solo uno tiene dificultades económicas. Siete de ellos pagan menos de 500 euros al mes: a uno le cuesta 269€ y a varios 320€. Y nueve disponen de contrato indefinido, aunque ignoro cuántos pueden aplicar nuevas prórrogas forzosas.

Ese panorama ruinoso para los propietarios es producto directo de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) cuya reforma en 1985 consagró la perpetuidad de los contratos firmados antes de esa fecha. Y pese a que el Tribunal Supremo tiene establecido que la naturaleza de los contratos de alquiler es temporal por definición, ese régimen persiste. Congela la relación entre propietario e inquilino, y también la renta mensual.

En torno al 15% de los contratos de alquiler de Barcelona son indefinidos, un porcentaje con tendencia a la baja por razones puramente biológicas, dado que los últimos que se firmaron datan de hace 40 años. Pero por el mismo motivo la mayor parte se encuentran en el centro y pueden contribuir a situaciones como las de Casa Orsola.

Jaume Collboni podría haber incluido las anacrónicas prórrogas forzosas de este tipo de contratos en su petición al Grupo Parlamentario Socialista de que limite las rentas de las viviendas de temporada en la misma reforma de la LAU. Es muy probable que una actualización razonable de los contratos indefinidos frene la gentrificación de los mejores barrios porque haría viables los edificios de renta antigua.

De esa forma, se podría evitar también que gentes que han vivido de alquiler en zonas céntricas, gentes que se ganan la vida y que no son vulnerables sean expulsados por los altísimos precios que alimenta el turismo: menos barceloneses de los que ocuparse desde organismos asistenciales como Hàbitat3.