En el mes de junio de 2024 el Ayuntamiento de Barcelona, hace casi ya un año, informó de su pretensión de comprar 22 pistolas Taser con un coste aproximado de unos 400.000 euros. Tras el anuncio municipal, más publicitario que policial, se constató que las mismas no podían entrar en servicio si previamente no se aprobaba un Reglamento local que regulara su utilización por los agentes.

De no existir contratiempo o complejo político para la aprobación definitiva, la citada norma verá la luz dentro de dos meses tras finalizar el periodo de información pública. Dudo que la totalidad de la treintena de consistorios catalanes cuyas policías locales ya disponen de Taser hayan aprobado un Reglamento o Protocolo para su uso que, por otra parte, ya emplean los Mossos.

Quisiera observar que no comparto la pretensión barcelonesa de adquirir solo 22 Dispositivos Conductores de Energía (DCE), alias pistolas Taser. Sería conveniente que su número inicial no fuera inferior al centenar vista las demandas de servicios y de distritos de nuestra ciudad.

Sus destinatarios no serán en la práctica ni todos los agentes ni todos los vehículos patrulla de la Guardia Urbana. Lo será solo en unidades especializadas, por ejemplo la UREP, y algunos mandos, agentes y vehículos. Se olvida que en la mayoría de intervenciones policiales, por su propia razón de servicio, los mandos no están presentes, al menos inicialmente que suele ser el momento más crítico.

Basta recordar algunos episodios difícles. El de aquel indigente que se abalanzó con un machete en el Paseo de Sant Joan contra un agente, o el del individuo que en Nou Barris mató a su perro y tras autolesionarse salió a la calle con un cuchillo, o el suceso de aquel perturbado de Ciutat Vella que en varias y sucesivas ocasiones bastantes agentes resultaron con lesiones para inmovilizarlo.

Tras aprobarse el Reglamento en semanas venideras deberá promoverse entonces el procedimiento de compra de las pistolas. Este proceso debiera haberse iniciado ya sin aprobar el Reglamento, eso sí, condicionado a la aprobación final de la normativa municipal. No olvidemos que el procedimiento de contratación es largo. Incluye aprobar pliegos de condiciones y memorias técnicas, recibir ofertas, valorarlas, adjudicar el contrato y la posterior entrega de las pistolas. Un mínimo de nueve meses, un parto administrativo.

No sólo eso, después, los agentes usuarios deberán familiarizarse, formarse, con el complejo sistema informático y de cámara de estas pistolas cuya imágenes se subirán a la nube con salvaguardia de su contenido. Y, obviamente, la destreza en el disparo de su portador.

Estas armas o artilugios paralizan a una persona mediante una descarga eléctrica. Las que se van adquirir ya no serán aquellas primeras dotadas de un arco de energía. Las Taser-10 u otras, por ejemplo, son ya unas pistolas que nada que ver con las originales en cuanto a los riesgos personales habida cuenta su evolución tecnológica. Además, está asegurada la trazabilidad de su uso desde que son desenfundadas.

Quienes si disparan contra las pistolas Taser y el Reglamento municipal que las habilita son ciertas entidades. Así lo han hecho SOS Racisme o Top Manta Barcelona y otros colectivos subvencionados por el propio Ayuntamiento como Novaact, Lafede, Iridia y variopintas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos humanos. Algunas de ellas están más pendientes en ser acusadoras de los uniformados de los distintos Cuerpos de Seguridad, policías locales y Nacional, mossos o Guardia Civil.

A los críticos les pediría que explicasen como los agentes pueden inmovilizar a ciertos individuos que, por su envergadura y complexión física, estado mental o empuñar ciertas armas u objetos de agresión, una catana por ejemplo, se les reduce y detiene. Quienes desaprueban las Taser serán los primeros que entonces se encarnizarán, ya lo hacen, contra los agentes si utilizan sus armas de fuego en esa situaciones de peligro para todos.

Confío que el gobierno municipal no se deje impresionar por las críticas de la órbita de Barcelona en Comú y de su grupo municipal y se apruebe de inmediato la norma municipal y que se agilice la compra de las Taser necesarias. Los agentes de Policía que arriesgan su vida y nos protegen las precisan y merecen poder intervenir con y en seguridad.

El Reglamento, que debiera mejorarse en su redacción y alcance, es garantista para el vecino de bien y hasta para los ciudadanos delincuentes y la utilización de estas armas es comparable a la ya existentes en otras ciudades europeas si no queremos ser referenciados con las norteamericanas.

Para la indefensión de la buena gente y para la felicidad de los indeseables, las Taser no serán para el verano ni para los Reyes Magos ni en Santa Eulàlia. Con suerte y sin demoras serán realidad para Sant Jordi de 2026. Más vale tarde que nunca.