El debate en torno a la vivienda tiene una singularidad respecto a cualquier otro de los que producen en este país: conecta con las preocupaciones de los ciudadanos, de todos ellos porque no depende de sus ideologías.

Por primera vez, un boom inmobiliario se ha trasladado a los alquileres con la misma presión que a la compra-venta, lo que ha hecho que el acceso a este derecho básico no afecte solo a quienes desean adquirir una vivienda, sino a todas las capas sociales y en especial a los jóvenes en situación de emanciparse.

Hay que hacer algo y atender como en tantas otras actividades a la regla de la prueba y el error. Puede que haya pocas certezas absolutas en este asunto, pero una de ellas es que la Administración debe fomentar la vivienda protegida –pública y también en colaboración con la iniciativa privada-- destinada a quienes no pueden pagar los precios actuales.

La condición sine qua non es que el parque protegido, que ahora en Barcelona no llega ni al 2% de las viviendas, nunca abandone su condición ni se integre en el mercado libre. De haber siso así en el pasado, hoy más del 11% de las viviendas españolas tendría esa protección, por encima de la media europea.

Por esa razón, el primer compromiso que debe adquirir Jaume Collboni en torno a su propuesta de que la UE destine fondos para las grandes capitales sacudidas por el encarecimiento de la vivienda es que esos pisos nunca dejen de ser protegidos.

Y a partir de ahí, todas las propuestas tienen que ser realistas, deben ser más pragmáticas que ideológicas. Un ejemplo claro de lo dicho es lo que sucede con la ordenanza que obliga a destinar el 30% de las promociones a vivienda protegida, que no funciona en su redacción actual.

Joan Ramon Riera, el comisionado de la vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, dice sensatamente que quien pretenda obtener una rentabilidad superior al 10% de una vivienda se tendrá que ir con su inversión a otra parte. Sin embargo, el límite de las rentas que ahora se pondrá a los alquileres temporales y que se aplica en los residenciales apenas compensa la inflación; no digamos ya en los pisos cuyos propietarios incluyen en la Borsa d´Habitatges de Lloguer del consistorio.

Siempre se ha considerado que la rentabilidad adecuada de una vivienda en alquiler es la que empata con la retribución del bono del Tesoro a 10 años, que en este momento ronda el 3,6%; o sea, muy moderado. Garantizar un beneficio coherente por parte de las Administraciones aumentaría el atractivo para los propietarios ajenos a la usura y a la especulación.

Con planteamientos realistas capaces de atraer a los inversores privados, las políticas de vivienda no solo tendrían más éxito, sino que dejarían en evidencia a los partidos que prefieren verlas venir y escurrir el bulto. Partidos como JxCat y ERC, que mantienen una actitud incomprensible vacía de propuestas o llena de iniciativas imposibles. Impedir que otro alcalde se ponga la medalla es prioritario, antes que cualquier medida, por eficaz que pueda ser.