El Port Olímpic culmina la renovación
Un Port olímpicamente excluyente y solitario
El Port Olímpic se ha de afianzar como un epicentro ciudadano y de convivencia sin que pueda ser considerado como algo exclusivo
La apertura al mar de Barcelona ha tenido tres hitos contemporáneos que la definen, amén de la recuperación de sus playas. La transformación del Moll de la Fusta con ocasión del Día de las Fuerzas Armadas en el año 1982 y la construcción del Port Olímpic y la reforma del Port Vell por los Juegos de 1992 y el nuevo del Forum de 2004.
Tras múltiples tribulaciones y reiterados conflictos de convivencia vecinal y de delincuencia, el consistorio emprendió una reforma del Port Olímpic. Su ejecución está siendo sinónimo de sobrecostes y de un retorno ciudadano de la inversión ejecutada y de actuaciones promovidas más que cuestionables por la omnipresente empresa pública BSM, Barcelona de Serveis Municipals S.A.
Una sociedad que se ha de reconocer que parece saber de todo e incluso más que otros ámbitos técnicos, económicos y urbanísticos del propio Ayuntamiento. Así, BSM es capaz de gestionar actividades tan variopintas y dispares como el Zoo, el parque de atracciones del Tibidabo, el bicing, la grúa, los aparcamientos subterráneos y en superficie con las zonas azules y verdes, el Parc Güell, los cementerios o las instalaciones deportivas de la Anella de Montjuic, entre otros.
En el transformado Port Olímpic, todo empezó en el año 2020 con aquel slogan del “Reconquistem el Port”. Sin concurso público y con una concesión directa de la Generalitat al Ayuntamiento por un canon “político” de apenas 5 millones de euros para la totalidad de los 30 años de vigencia de la misma. Un operador privado habría aportado al erario público unos dos millones de euros anuales.
El Port Olímpic conlleva distintos ámbitos de gestión. La marítima, la tecnológica, la restauración o el propio espacio de la vía pública. Todo concentrado en una transformación costosa e inapropiada. De presupuestarse 40 millones de euros al efecto a superar ya el centenar de millones, y a incluir o adicionar los 4,5 millones de euros de los pantalanes y las actuaciones del Moll de Marina.
Eso sí, siempre quedará el consuelo que las pérdidas avalarían el alargo ya materializado de la concesión portuaria durante 20 años más, hasta 50. A ningún privado, sea cual sea su actividad, se le beneficiaría de este modo en caso de pérdidas que corren a su riesgo.
Un gobierno municipal que se dice de izquierdas no se si debe estar muy satisfecho con la situación actual. Las concesiones adjudicadas en los locales destinados a la restauración, son hoy locales con precios por servicio y persona, por lo general, de no menos de 60 euros y hasta 150, aunque también hay establecimientos con precios más asequibles.
La inmensa mayoría de barceloneses no se lo pueden permitir. En la gestión de los amarres, los barcos en deriva hacia otros puertos no son una excepción. En otros ámbitos, el de los espacios públicos, su carácter desértico es habitual y la economía a implantar es más gris que azul.
El despropósito de la adjudicación de los locales de restauración es notorio. En cuatro años, ya se han convocado cinco concursos al efecto. Se iniciaron en el año 2022 y aún siguen sin asignarse la totalidad de los restaurantes posibles.
Eran once y faltan cuatro. Esta merma de concesiones efectivas ha supuesto ya un menoscabo de un ingreso público de al menos 3,5M€. Ahora estos cuatro locales son objeto de un nuevo concurso, el quinto. De Balcón gastronómico como fue bautizado a un verdadero “balconing” municipal.
Estos “pentaconcursos” tienen un denominador común: la insuficiencia de solicitudes de concurrencia de los restauradores o el desistimiento de otros, bien por los elevados cánones o discutibles cálculos del impacto de las terrazas para el buen giro del negocio, o de ambas. La ahora quinta licitación incorpora una obligada rebaja de cánones o alquileres a cobrar, 70% del metros cuadrados de terraza, por BSM.
Esta circunstancia de este último concurso, obliga a hacerla extensible a los locales beneficiarios de los anteriores cuatro cuyo impacto hay que calibrar.
Por último, pasear por el recinto portuario es un lujo poder hacerlo junto a láminas de agua y en un inmejorable entorno de mar y de embarcaciones amarradas. Sin embargo, los paseantes son escasos durante el día y testimoniales durante la noche ante una iluminación deficiente que acrecienta el temor a deambular por él.
El Port no ha de ser otra máquina de recaudación municipal, como las grúas o las zonas verdes o azules de aparcamiento que gestiona BSM o de inversión consistorial sin el correlativo retorno social.
Hasta ahora ha sido vislumbrado desde el Ayuntamiento como una oportunidad de negocio por los cánones establecidos en las actividades económicas allí radicadas que no otra cosa, además de la propia publicitaria del mismo gobierno municipal. Y además ruinoso por las hasta ahora consecuencias en el uso ciudadano, gestión de las licitaciones de las actividades económicas y los sobrecostes de las obras en su remodelación. Ahí la empresa municipal BIMSA no es ajena tampoco.
El Port Olímpic se ha de afianzar como un epicentro ciudadano y de convivencia desterrando su actual carácter exclusivo y excluyente. Los precios en la restauración y la soledad en presencia de gente así lo testimonian.
