Laura Pérez

La Justicia ha anulado otro contrato millonario de la cofradía de Ada Colau por 22,8 millones de euros. La responsable es Laura Pérez, entonces concejala de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI. Pasó que, de tanto ocuparse de la Justicia Global, violó a la justicia catalana con una cacicada en el servicio de cocinas del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) que presidía. La cláusula anulada por la Justicia establecía que todas las instalaciones de los servicios de comida no podían “exceder a más de 100 kilómetros del IMSS”, sito en la calle Valencia de Barcelona. Esto eliminaba a la empresa Serunion, que denunció la ilegalidad que dejó el servicio y el beneficio de comedores sociales y escuelas en manos de otra empresa afín a los comunes.

La sentencia llega tarde y mal porque no pueden repararse los daños causados ni las fechorías cometidas. Así, la superempoderada cuarta teniente de Alcaldía de la sucursal podemita no rendirá cuentas a la Justicia ni a la ciudadanía. Es su clásica política de arbitrariedades, de total desprecio a la ley y de no pedir disculpas nunca jamás. Pérez, nini sin oficio ni beneficio ni preparación alguna salvo la de vivir y viajar a cargo de becas pagadas por la ciudadanía, se hizo célebre por otro desaguisado. Ella fue la que convocó unas oposiciones a funcionario a las que intentó presentarse su cómplice, el exconcejal Eloi Badia, quien tiene varias citas con la Justicia y que huyó a Madrid quién sabe si para esconderse en la inmunidad parlamentaria. Pero acumulan tantas causas pendientes que ya se les va poniendo cara de banquillo.