El buque de la ONG Proactiva Open Arms está inmovilizado en el Puerto de Barcelona. Sus tareas de vigilancia y rescate deberán ser pospuestas hasta que se resuelva la acusación del Gobierno de incumplimiento de los convenios internacionales, ninguno de ellos responsabilidad del mismo barco.

La Capitanía Marítima del puerto --que depende del Ministerio de Fomento-- ha denegado el retorno del barco a la zona de rescate en el Mediterráneo central, donde en 2018 murieron más de 1.300 inmigrantes mientras intentaban llegar a Europa, según datos de la OIM.

CONTRADICCIONES 

Los incumplimientos que detalla el documento firmado por el capitán marítimo Javier Valencia, incluyen a los convenios internacionales, como por ejemplo que “en la última operación de salvamento se vulneró lo indicado respecto a la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cerca posible”. Esto se debe a que a finales de diciembre hubo un rescate a 308 personas que no quisieron aceptar Italia ni Malta, por lo que acabó en España, en Algeciras.

Por su parte, Open Arms ha denunciado que se impida continuar con sus tareas por “la omisión de los Estados”. Han asegurado que el despacho de la Capitanía es absurdo, tanto “como impedir a una ambulancia que acuda a una emergencia porque los hospitales están llenos”.

El pasado viernes, la ONG interpuso un recurso de alzada en el que ve una decisión nula de pleno derecho y que la autoridad portuaria ha excedido sus competencias.