La nueva Ley de Vivienda de 2023 impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez ha sido la última gran propuesta del PSOE. Aprobada el pasado mes de abril, la directiva busca impulsar el acceso a viviendas en alquiler a precios más accesibles, además de promover la vivienda social mediante el desarrollo de mecanismos de financiación y una mayor colaboración público-privada.
Parte de la reforma se fundamenta en igualar la posición de los inquilinos mediante la limitación de las subidas de alquiler y facilitar la rehabilitación de viviendas mediante incentivos, además de introducir regulaciones más estrictas para las viviendas destinadas al alquiler turístico. Pero, ¿cuáles han sido sus efectos a corto y cuáles se prevén a medio plazo? Es lo que trataremos de responder a lo largo de este artículo.
Los objetivos de la nueva Ley de viviendas del PSOE
Dejando a un lado las medidas en el marco legislativo que el gobierno español ha adoptado para su modificación, la finalidad de esta reforma se constituye sobre cinco diferentes objetivos. La diferenciación entre grandes y pequeños propietarios es el primero de ellos.
Fachadas de edificios de vivienta
La nueva Ley de Vivienda 2023 clasifica a los propietarios según su volumen de inmuebles, estableciendo diferencias entre invertir y especular. Por un lado, se considerarán grandes tenedores aquellos particulares o entidades con cinco o más viviendas en zonas tensionadas, o hasta diez viviendas o 1.500 metros cuadrados en zonas no tensionadas. Por su parte, la clasificación de pequeños propietarios se aplica a aquellos tenedores que posean menos de cinco viviendas.
Las zonas tensionadas y las subidas
La regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas con límites legales también forma parte de la hoja de ruta del ejecutivo, estableciendo máximos en función del tipo de contrato y la categoría del propietario. Los cambios introducidos en las condiciones para declarar una zona como tensionada, cuya designación depende de cada Comunidad Autónoma, así como de los diferentes ayuntamientos, también han supuesto un antes y un después.
Para calificar como zona tensionada, se requerirá que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, sumada a los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares. Además, también será válido si el precio de compra o alquiler de la vivienda ha experimentado un aumento de al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumo en los últimos cinco años.
El resto de objetivos están relacionados con la eliminación del IPC como límite de la actualización anual del alquiler, además de la concesión de Incentivos fiscales para pequeños propietarios. La entrada en vigor de esta nueva ley supondrá que la actualización de la renta estará sujeta a un índice fijo, comenzando con un 2% en 2023 y un 3% en 2024. Asimismo, los dueños de viviendas en zonas tensionadas disfrutarán de beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Pantallas con gráficos junto a una ventana
Si observamos las fechas que marcaron el calendario del nuevo marco legislativo, se puede ver una variación de 0,22 puntos en positivo el pasado 27 de abril. El 17 de mayo, día en el que la ley fue aprobada por el Senado, la bolsa experimentó exactamente el mismo crecimiento que tras su aprobación en el Congreso. Su publicación en el BOE como Ley 12/2023 no se hizo efectiva hasta el 24 de mayo, día en el que el mercado sufrió una caída de 1,12 puntos porcentuales.
En cuanto al sector inmobiliario, las grandes Socimis del mercado español, también conocidas como Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, no se verán afectadas directamente, al no centrar su operativa en el sector de la vivienda. A pesar de ello, se prevé que la disminución del valor de las propiedades pueda afectar los resultados económicos de algunos de los principales grupos de inversión, quienes deberán reflejar estas pérdidas en sus cuentas.
En lo que se refiere a las implicaciones sociales de la nueva Ley de Vivienda, todavía no ha habido un impacto directo sobre la vida de las personas. Prueba de ello es que la oferta de vivienda se ha mantenido intacta, ya que algunas de las medidas anunciadas en la nueva reforma recaen sobre las Comunidades Autónomas, cuya soberanía se ha votado en las urnas el pasado 28 de mayo. Todo apunta a que las verdaderas repercusiones no empezarán a hacerse notar hasta pasados unos meses, dependiendo de la perdurabilidad del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno.
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