El Ayuntamiento recula y limita el polémico archivo de la Guàrdia Urbana

El Ayuntamiento de Barcelona ha emitido un comunicado en el que aclara que no pretende investigar a todo el cuerpo de la Guàrdia Urbana, sólo a los agentes involucrados en investigaciones por denuncias previas y que “los datos relativos a ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual podrán realizarse solo cuando sea absolutamente necesario para las finalidades de la investigación concreta”.

Con esta nota han tratado de calmar los ánimos de los sindicatos de la Guàrdia Urbana, que han amenazado con denunciar al Ayuntamiento si no se rectifica la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPV) sobre la creación del referido fichero.

El Ayuntamiento se ha comprometido con los sindicatos a que sólo se investigue a agentes que hayan sido denunciados previamente y que la información que se pueda recopilar en los ficheros se elimine una vez cerrado el caso siempre y cuando no sea pertinente.

La plataforma sindical formada por UGT, CCOO y SAPOL (sindicatos con representación en la Guàrdia Urbana de Barcelona) se ha reunido esta miércoles con el Ayuntamiento, al que ha transmitido su intención de acudir a los tribunales si no se producía una rectificación.

Juan Francisco Rodríguez, responsable de UGT en la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha indicado en declaraciones a este medio que el contenido del documento publicado en el BOPB “está muy mal redactado” porque da lugar a confusiones y por eso han solicitado que se aclare.

Los sindicatos han dado de plazo hasta el viernes para que el Ayuntamiento rectifique el texto y aclare los puntos más conflictivos. Fuentes municipales han indicado a Metrópoli Abierta que el texto publicado en el BOPB no se modificará, pero que se emitirán las notas aclaratorias necesarias para evitar la confrontación.

Por su parte, el responsable de CCOO en la Guàrdia Urbana, Juan Carlos Gonzalez, ha desmentido al consistorio al señalar que no tenían conocimiento de que existiera ningún tipo de archivo previo en el que se recopilara este tipo de información sensible sobre agentes investigados, aunque ha reconocido que la ley permite crearlos siempre y cuando exista una denuncia previa y se elimine la información no pertinente una vez archivado el caso, que es lo que han reclamado al Ayuntamiento en la reunión.

ARCHIVO LEGAL SEGÚN SU USO

Según señala a Metrópoli Abierta el jefe de asesoría jurídica de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Santiago Farré, “en principio, este hecho (la creación del fichero), por sí solo, no constituye ninguna infracción ni es contrario a la normativa de protección de datos. La propia ley te obliga a crear el fichero e informar de qué datos quieres recopilar y qué uso les vas a dar”.

En este sentido, Farré pone el ejemplo de que si se abre un expediente disciplinario a un miembro de la Guàrdia Urbana que es delegado sindical, ha de constar que sea delegado sindical por las implicaciones que tiene en sus condiciones laborales. “Es lógico que el fichero pueda recoger información de afiliación sindical”, señala Farré.

Mientras la finalidad por la cual se crea este fichero sea solo para los casos en los que haya una denuncia que precise analizar uno de estos datos, el fichero es legal, según Farré. “Esto puede empezar a ser un problema si el uso que se hace de esta información va más allá. Si se ponen a recopilar de manera generalizada estos datos”, ha matizado el jefe de la asesoría jurídica de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Las personas que aparezcan en dicho fichero tienen el derecho de reclamar que se les notifique qué información privada suya aparece en el mismo. El Ayuntamiento, por su parte, tiene la potestad de denegar el acceso solo en el caso que esto pueda ser perjudicial para la investigación de un proceso abierto, según señala Farré.