“El debate sobre los bolardos llega muy tarde”

Los atentados de Barcelona y Cambrils han reabierto el debate sobre la instalación de bolardos en los espacios más concurridos, al que inevitablemente le sucede el de la tipología de los mismos (fijos o móviles). Sin embargo, durante los últimos días, los apuntes sobre la conveniencia de estos obstáculos físicos los han proferido más políticos con intereses partidistas que expertos en la materia. Como apunta José Miguel Ángel Olleros, titulado en seguridad física y con más de 25 años de experiencia en este campo, este no solo es un debate “mucho más complejo de abordar”, sino que, además, “llega muy tarde”.

“Partimos de la base de que la seguridad física -los bolardos- no resuelve todo el problema”, avisa el experto que reconoce que, como se ha dicho estos días, “si los terroristas quieren atacar, por ejemplo, com bombas, un bolardo no soluciona nada”. Sin embargo, Ángel Olleros puntualiza que la implementación de estos obstáculos permite “quitarle capas a la cebolla”. Por lo tanto, con esta medida “ya te aseguras de que no se atentará con vehículos”, concluye.

Si bien la opción óptima sería restringir el tráfico, apunta el experto, esta medida acostumbra a quedar descartada porque muchas de las calles y plazas más concurridas necesitan que pasen vehículos como camiones de carga y descarga o transporte público.

En cuanto a las jardineras, comenta, se debe tener en cuenta que son permanentes, “por lo que podrían llegar a ser una medida contraproducente en casos, por ejemplo, como el de la evacuación de masas”. Razón por la que Ángel Olleros también descarta la idoneidad de los bolardos fijos. Consecuentemente, el experto apunta a que siempre se debería recurrir a bolardos retráctiles, ya que estos “permiten a la administración gestionar el espacio público”. Es decir, subirlos o bajarlos en función de las necesidades de cada situación.

"Siempre se debería recurrir a bolardos retráctiles, ya que permiten a la administración gestionar el espacio público"

Además, Ángel Olleros recuerda que, aunque siempre se hable en genérico de estos obstáculos, en España existe desde hace 15 años una normativa para prevención delito a través de bolardos que distingue entre aquellos destinados a frenar turismos, furgonetas o camiones. “Dependiendo contra qué te quieres proteger pones un bolardo mayor o menor”, resume. También hay que tener en cuenta cómo es la calle o plaza, ya que la resistencia del bolardo no solo tiene que ver con su volumen, sino también con la velocidad a la que impacta el vehículo. Consecuentemente, “no es lo mismo calle estrecha que una vía abierta”, aclara.

VISIÓN DE HELICÓPTERO

Sin embargo, el experto en seguridad física advierte del peligro de centrar únicamente el debate en los bolardos, cuando lo que se necesita es “una visión de helicóptero”. “Hay un tema anterior que es la educación, y después, junto a la seguridad física, está la electrónica”, añade. “Se necesitan cámaras que permitan recrear lo sucedido”, apunta. Actualmente, Ángel Olleros considera que no se dispone de suficientes cámaras y que, además, “no se mantienen como deberían”.

Por eso, ante situaciones como el reciente atropello masivo en La Rambla, los cuerpos de seguridad “recurren a las grabaciones privadas que requieren un permiso (y, por lo tanto, un tiempo para gestionarlo) y que pueden no proporcionar el mejor servicio”. “Resulta que, ante un ataque terrorista, no puedes recrear lo sucedido, como ha ocurrido en Barcelona, porque los espacios públicos no están bien adecuados”, sintetiza.

"Resulta que, ante un ataque terrorista, no puedes recrear lo sucedido, como ha ocurrido en Barcelona"

“No se trata de empezar a poner todas las cámaras hoy”, añade, sino que estas medidas de seguridad, como los bolardos, deberían obedecer a una visión estratégica y se deberían implementar a lo largo de 4 o 8 años, el equivalente a dos legislaturas. Por lo tanto, si en España “hubiéramos empezado hace 10 o 15 años, actualmente los ayuntamientos podrían gestionar adecuadamente los espacios públicos de alta concurrencia”, que son y serán los principales objetivos terroristas.

INVERSIÓN EN MEDIDAS DE SEGURIDAD

En este sentido, Ángel Olleros considera que las administraciones públicas evitan las inversiones en estas medidas de seguridad por cuestiones presupuestarias. Su razonamiento parte de una ecuación tan sencilla como perversa. “A la hora de decidir la inversión en seguridad, un equipo político trabaja tres parámetros: impacto, daño y frecuencia”, señala.

Un impacto y daño pequeño sería el del robo de un domicilio “porque solo afectaría al patrimonio de una persona”, especifica. En el otro lado del espectro estaría el ataque terrorista, “que supone un impacto y daño muy graves porque normalmente hay víctimas mortales y afecta a muchos personas”. Siguiendo esta lógica, los gobiernos invertirían mucho más en medidas de seguridad encaradas al terrorismo que en hurtos a particulares, señala Ángel Olleros.

El problema es que a esta ecuación, desde la administración pública, se le añade una tercera variable: la frecuencia, es decir, el número de sucesos ocurridos en un intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta que el último atentado en España fue hace 13 años, añadir esta última variable supone una cifra muy baja que justificaría no invertir en medidas de seguridad en este ámbito.

“Esto implica muy poca sensibilidad y poca profesionalidad técnicamente hablando”, considera el experto, que señala que “no puedes decidir inversiones contra terrorismo en base a una frecuencia que no conoces”. "Hay que manejar el coeficiente de probabilidad en base a otros países del entorno, a la cantidad de células detectadas, el interés del país, las amenazas recibidas...", puntualiza. Además, la sustitución de este coficiente "frecuencia" por el coeficiente "posibilidad" o "probabilidad" implica que se trabaja por la prevención de un suceso. 

"No puedes decidir inversiones en base a una frecuencia que no conoces"

UN HÁBITAT DE TRANQUILIDAD

Además, Ángel Olleros considera que las administraciones continúan desoyendo a los expertos. “En Barcelona se acaba de saber que se recomendó poner bolardos y no se hizo”, señala. A su juicio, el componente técnico tiene muy poco peso en estas instituciones. A su vez, el hecho que los representantes políticos hagan caso omiso a lostécnicos alimenta un círculo vicioso: “Cuando tienes equipo técnico que son funcionarios y constantemente desoyes sus informes, llega un momento en que estas personas se sienten sin ánimos para reciclarse”, apunta. “Aunque cambie la gente que esta administración, continúan sin hacer caso a expertos”, remata.

Algo que, a su juicio, es especialmente preocupante porque “estamos hablando de la tranquilidad del ciudadano”. Desgraciadamente, Ángel Olleros considera que este no es un problema local, sino que se extiende a muchas otras ciudades españolas. “Son pocos los ayuntamientos que intentan pensar en ciudades de futuro”, opina, y cita ejemplos como Bilbao o Zaragoza. “Se debe pensar una ciudad como un hábitat en que la gente viva con tranquilidad”, concluye.