Vecinos anclados en el Raval: sin vacaciones por temor a los okupas

Este año muchos vecinos del Raval se quedarán sin vacaciones. ¿La razón? No será por la falta de ofertas o la variedad de destinos, sino por el miedo que tienen a los okupas. 

El aumento de viviendas okupadas en los últimos años ha puesto en relieve la tendencia al alza de esta práctica en Barcelona. Los propietarios e inquilinos de los inmuebles de este barrio de Ciutat Vella dicen estar expuestos a este tipo de expropiación ilegal. Temen que al irse unos cuantos días, al llegar no puedan entrar en sus casas. 

MIEDO A IRSE DE VACACIONES

Maria Pladamunt, una vecina jubilada del barrio denuncia que, tanto ella, como sus vecinos, se sienten "encarcelados" en sus propios pisos y con "miedo a que algún okupa se instale" en sus casas. Considera que, como "los okupas no trabajan, tienen todo el tiempo del mundo" para entrar en los pisos. A raíz de eso, se pregunta quién la defenderá en caso de que su piso quede okupado. 

Toni (que prefiere no dar su apellido por miedo a la sobreexposición) se suma a la opinión de su vecina. Este residente de la calle de l'Om asegura que los vecinos del Raval han perdido sus derechos: "Ya no tenemos derecho. Si te entran, estamos listos. Si consigues que los echen, te habrán destrozado lo que puedan y robado si tienes algo de valor", lamenta.

CONTROL ENTRE VECINOS

El residente argumenta que la percepción es real: "La gente no se atreve a irse, y los que se van nos avisan para que vayamos vigilando". Cuenta que, ante la salida a unas vacaciones, "los vecinos dejan las persianas medio cerradas" para evitar que los okupas se atrevan a entrar. "Yo personalmente dejo llaves a ciertas personas", explica el vecino, que añade que "tiene alarma, cámaras y de todo". 

A Lia, una barcelonesa de 39 años que vivió durante una larga temporada en la calle d'en Robador y que tomó la decisión de irse a la Sagrera por la "degradación" del Raval, no le extraña la decisión de sus antiguos vecinos. "Yo tampoco me iba si no se quedaba mi padre o algún amigo en el piso mientras yo no estaba", explica a este medio.

Aunque "no cambiaría por nada" la vida que tiene ahora, ya que va "tranquila por la calle" y ha "vuelto a disfrutar de la ciudad", asegura que tampoco se iría tranquila de vacaciones de donde está, aunque considera que es "menos posible" una okupación en su piso actual que en el Raval. Esta barcelonesa cree que el problema de la okupación "se da más en unos barrios que en otros", pero que "afecta a toda la ciudad" porque es un "problema legislativo y político". 

ALLANAMIENTO, QUE NO OKUPACIÓN

Daniel Esteve, fundador de la empresa barcelonesa especializada en desalojar pisos okupados Desokupa, explica a este medio que la gente confunde términos. "Si una persona se va de vacaciones y entran en su casa no es una okupación, sino un allanamiento de morada". El experto argumenta que en estos casos, "la policía tiene la obligación de sacarlos –a los invasores– al momento". "Lo que es preceptivo de okupación son las segundas residencias, pisos en venta, o en alquiler. Una primera vivienda, aunque te vayas de vacaciones, legalmente no la puede okupar nadie", argumenta. 

Esteve no se extraña ante el aumento de entradas en los pisos de Ciutat Vella: "El Raval está muy mal", dice. "Es normal que los vecinos tengan miedo. Lo puedo entender, pasa cada verano", sentencia. 

BARCELONA ES LA CAPITAL DE LOS OKUPAS

Aunque no haya un dato exacto de las okupaciones en la Ciudad Condal en el último año, según datos del Gobierno español de 2019 facilitados al Congreso, la provincia de Barcelona lidera el ránking con 5.101 okupaciones ilegales en inmuebles en 2019. En los primeros seis meses del 2020, en el conjunto de la provincia se registraron 2.644 okupaciones ilegales, 208 más que en el mismo periodo de 2019.

Otro de los datos que avalan el crecimiento de las okupaciones es el del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña. Este organismo asegura que en Cataluña se registran el 50% de las okupaciones de toda España. El 75% de ellas, en Barcelona.

La capital catalana no logra combatir este delito penal que crece de forma exponencial en la capital catalana. Según los expertos, el proceso judicial para que un propietario español recupere su vivienda es de unos tres años.