Pulso sindical a FGC por un trabajador de Barcelona despedido tras sufrir un accidente laboral

Un polémico despido de un trabajador que sufrió un accidente laboral pone contra las cuerdas a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). La operadora ferroviaria catalana se encuentra inmersa en un proceso judicial para mantener la extinción de contrato y evitar indemnizar a uno de sus empleados de Barcelona, al que echaron de forma improcedente tras haber sufrido un accidente laboral.

Según ha denunciado el sindicato SEMAF, el trabajador fue víctima de un accidente laboral, cuando la máquina en la que se encontraba chocó con un camión que invadió la vía en la Zona Franca. Tras los hechos, ocurridos en enero de 2019, recibió una sanción de dos días de empleo y sueldo. Aseguran que se trata de una maniobra de la operadora ferroviaria para "encubrir su déficit de seguridad". Finalmente, despidieron al trabajador y lo denunciaron, aportando una serie de motivos que se han demostrado falsos en sede judicial.

EN MANOS DEL JUEZ

Tras una serie de procedimientos que se han alargado hasta principios de 2024, ahora la justicia ha resuelto que FGC debe o bien readmitir al exempleado, abonándole su salario desde el 15 de agosto de 2021 hasta el 11 de abril de 2023, o bien indemnizarle con 70.479,45 euros.

Estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en Barcelona / TWITTER

Sin embargo, ambas partes han emitido sendos recursos contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social 35 de Barcelona. Y es que la empresa no está conforme con el resultado, pero tanto sindicato como trabajador quieren obligar a FGC a readmitir al empleado, sin opción a la indemnización.

Preguntados por este digital, FGC recuerda que el asunto todavía no ha recibido una sentencia firme --al quedar instancias ante las que recurrir--. Por tanto, explican que el proceso todavía no ha acabado.

COLISIÓN

El 28 enero de 2019, el trabajador, que ejercía como ayudante de tracción en una locomotora pilotada por un compañero, se encontraba trabajando en la zona portuaria de la Zona Franca de la capital catalana cuando un camión invadió las vías. Se trata de una zona particularmente peliaguda, que requiere de una formación adecuada, pues implica la unión en un mismo tramo con segmentos que cuentan con distinto administrador y distinto reglamento. En el transcurso de la maniobra, un camión invadió las vías y se produjo una colisión entre ambos vehículos.

El sindicato asegura que ha avisado a FGC en varias ocasiones de lo peligroso de este tramo, solicitando que se apliquen medidas oportunas que garanticen la seguridad de los trabajadores, sin éxito.

Un tren de FGC WIKIPEDIA

Pasado el momento del accidente, FGC abrió un expediente sancionador para los dos empleados que se encontraban en la locomotora. De las sentencias se desgrana, además, que la sanción consideraba que era él quien estaba a los mandos de la máquina, lo cual no se ajustaba a la realidad. En el caso del maquinista despedido, la amonestación era de dos días de empleo y sueldo. Este, por su parte, se declaró no conforme con la resolución y recurrió el procedimiento.

DESPIDO

Con el asunto en manos del juez de lo Social, FGC acusó al trabajador de "falsear la documentación oficial, apremió al juez a desviar el asunto por la vía penal y despidió fulminantemente al trabajador", señala SEMAF, un hecho que se materializó el 16 de agosto de 2021. Consideran este movimiento un intento de acallar al empleado. "No es siquiera verosímil que nadie en su juicio se juegue una vida laboral --con 16 años de antigüedad-- para defenderse de 2 días de empleo (que ya eran injustos)", analiza el sindicato.

No obstante, el Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona absolvió al empleado tras detectar errores en la impresión del documento. Errores de los que responsabiliza a FGC.

Hasta la fecha, el sindicato y el trabajador han ganado hasta tres procesos judiciales distintos a la gestora de los ferrocarriles catalanes. Por otro lado, todavía no se ha agotado la posibilidad de apelación, por lo que queda por decidir el futuro del empleado, una cuestión que seguirá en manos del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).