Una factura de la luz en una imagen de archivo
Barcelona invierte 7 millones en los PAE para combatir la pobreza energética: qué son y para qué sirven
La capital catalana dispone de 11 oficinas de asesoramiento energético que diagnostican las viviendas y detectan riesgos para la salud
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El Ayuntamiento de Barcelona gastará 7.350.255 euros en el próximo cuatrienio para gestionar los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) distribuidos por todos los distritos de la ciudad.
¿Qué es un PAE? Un punto de atención donde se facilita información, atención, asesoramiento y acompañamiento para que los ciudadanos puedan ejercer con garantías sus derechos energéticos.
"Un problema de salud pública"
Según los responsables municipales, “la pobreza energética es un problema relevante para la salud pública que está adquiriendo una visibilidad creciente. El frío en el interior de la vivienda tiene unos impactos directos que pueden desencadenar enfermedades potencialmente mortales o exacerbar algunas existentes como las relacionadas con el aparato respiratorio”.
Estos factores, además, “tienen un impacto sobre la salud y el bienestar mental, relacionándose con situaciones de estrés, ansiedad y depresión”.
Una persona conectando un enchufe en una imagen de archivo
170.000 personas con problemas
La última encuesta de Condiciones de Vida reveló que un 21,8% de los hogares catalanes no pueden mantener una temperatura adecuada tanto en invierno como en verano. En Barcelona ciudad, esta cifra es del 20,3%. Además, en la capital catalana, el 10,8% de los residentes sufre retrasos en el pago del recibo de la luz y el 5,9% declara tener humedades o moho en el piso. Ello lleva a la conclusión de que hay 170.000 personas con problemas energéticos y que reciben periódicamente avisos de cortes energéticos por impagos.
El problema añadido es que “existen grupos que son más vulnerables al efecto de la pobreza energética en la salud, como los mayores, los niños y las personas con condicionantes de salud crónicos. También se ha reportado que las mujeres podrían ser más susceptibles al efecto de las temperaturas bajas”, dice un informe municipal. Además, llama la atención sobre el hecho de que “un factor muy relevante a la hora de determinar la tasa de pobreza energética es la renta agregada de las familias”.
Se calcula que, en Barcelona, según los últimos datos disponibles, “como mínimo, un 7,5% de las familias padecen pobreza energética. Esto quiere decir que no se trata de una problemática menor”.
Los distritos más afectados
Los indicadores apuntan también a que “la pobreza energética sigue un patrón socioespacial parecido a otras formas de pobreza y de desigualdad, con Ciutat Vella y la periferia norte (Horta-Guinardó y Nou Barris) y, en cierta medida, Sant Andreu y Sant Martí, como áreas más afectadas”. La situación se agravó los últimos años.
“A lo largo de 2021 y primer semestre de 2022, asistimos a una subida histórica del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que a principios de 2022 rondaba los 50 euros megavatios hora y llegó a superar los 500 euros al comienzo de la guerra de Ucrania”.
Los informes municipales alertan de que “muchas casas que no se considerarían en pobreza energética pueden estar en riesgo de padecerla si se dan ciertas condiciones internas en el hogar, como quedarse en paro, o externas y contextuales, como la crisis y el incremento del precio de la energía. A esa situación se la ha venido definiendo como ‘vulnerabilidad energética’”, resumen los documentos de los expertos del Ayuntamiento.
11 puntos de información
En este contexto, los Puntos de Atención a la Pobreza Energética (en Barcelona hay 4) y los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE, de los que hay 11 en Barcelona) cobran especial importancia. Desde hace una década hasta la actualidad, estos puntos han atendido a 186.129 personas (en 2022, último año computado, fueron 30.650 personas las atendidas). Su intervención sirve tanto para solucionar problemas como para prevenirlos.
El Ayuntamiento adjudicó este mes de diciembre 4 contratos para la gestión de los PAE. Tres de ellos son para gestionar las oficinas físicas en los distritos y otro para la gestión del servicio de atención telefónica centralizada, el análisis de datos y evaluación del servicio y la definición de los protocolos de actuación y coordinación. ¿Para qué sirven los PAE? En primer lugar, cumplen una doble función: prevención de la pobreza energética e intervención directa en caso de pobreza energética.
Una terraza abarrotada de estufas / EFE - Alberto Morante
Los diagnósticos
Según el Ayuntamiento, “el objetivo es minimizar las situaciones de pobreza energética, garantizar los derechos que contempla la legislación vigente respecto al acceso a los suministros básicos y mejorar la eficiencia de los hogares de la ciudad, especialmente los más vulnerables”.
El ciudadano puede exponer su caso en los puntos de su distrito y los servicios municipales se ponen en marcha y estudian su caso. “Los diagnósticos se realizan basándose en tres variables: el estado y la composición de la vivienda, los ingresos económicos del ciudadano y el gasto en el pago de los suministros básicos”.
Paralelamente, se pueden detectar riesgos potenciales de padecer pobreza energética o casos de incumplimiento de la legislación vigente por parte de las empresas suministradoras, por lo que el propio consistorio realizaría la labor de asesoramiento y acompañamiento de las personas usuarias para defender sus derechos o presentar la correspondiente denuncia.
Diferentes adjudicaciones por distritos
Cada adjudicación engloba varios distritos (en cada distrito hay un PAE). Los de Sarrià-Sant Gervasi, Gracia, Eixample y Sants-Montjuïc han sido adjudicados a la Fundación Privada Ciutat i Valors por 823.440 euros. Los distritos de Sant Andreu, Sant Martí y Ciutat Vella han sido para la cooperativa Suara Serveis por 849.892 euros.
Los de Nou Barris, Horta-Guinardó y Les Corts se adjudicaron a la unión temporal de empresas (UTE) Territori ABD-FABD-Ecoserveis por un importe de 841.656 euros. Y, finalmente, el de toda la ciudad y atención telefónica también se adjudicó a esta UTE por un monto de 495.749 euros. Estos precios son por los dos primeros años, aunque las cláusulas del contrato especifican que se pueden prorrogar por otros dos años, por lo que el precio se doblaría en casa uno de ellos hasta totalizar 7.350.255 euros, en los que están incluidas las partidas para previsibles modificaciones al alza.
