Albiol irá a juicio por la instalación irregular de antenas de telefonía en Badalona

Xavier García Albiol irá a juicio por la instalación irregular de antenas de telefonía en Badalona. Está acusado de prevaricación por la colocación de estas antenas en el cuartel de la Policía Local en 2012, cuando era alcalde. No es el único investigado: también se ha abierto un juicio oral contra otras cinco personas, entre las que se encuentran exconcejal de seguridad ciudadana y candidato del PP a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet Miguel Jurado; y el primer teniente de alcaldía durante el mandato de Dolors Sabater, Oriol Lladó (ERC), entre otros.

Lo ha anunciado el mismo alcaldable este miércoles en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales. El edil del PP lamenta que la acusación se basa "en unas circunstancias que son imposibles que se hayan podido producir" porque se basan en unas reuniones sobre las antenas en agosto de 2012, cuando estaba de vacaciones y había delegado la alcaldía, según su testimonio.

ELECCIONES MUNICIPALES

Ha asegurado que cuando comparezca en el juicio acreditará que en ese momento no ejercía la alcaldía y confía en que todo quede aclarado. Para Albiol, se trata de una estrategia para desprestigiarlo de cara a las próximas elecciones. 

"No es casualidad que aparezca esta información a dos meses de las elecciones municipales como tampoco no es causal que hace unas semanas el PSC me pusiera una denuncia porque decían que en un acto público, delante de 500 personas, había habido un acto de violencia con una mujer del PSC", dice en el comunicado.

DOS AÑOS DE CÁRCEL

El Ministerio Fiscal le pide dos años y 10 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación que se suman a una multa de 9.500 euros por un presunto caso de prevaricación.

El Juzgado de Instrucción 4 de Badalona en un auto que ante un problema de falta de cobertura en varias zonas de la ciudad, la telefónica Vodafone pidió al consistorio instalar una base de telefonía móvil, con una antena de 20 metros de altura. Tal como constató el juez cuando acabó la investigación, la solicitud se hizo "de manera informal, a través de un correo" del director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento, que envió la petición al entonces delegado de la empresa municipal Engestur, también investigado en esta causa.

El exalcalde Xavier García Albiol / EFE-QUIQUE GARCÍA

El magistrado recordó entonces que esa instalación necesitaba una licencia urbanística y afirmó que la base se instaló en una finca a la que, de acuerdo con la calificación que tenía en el Plan General Metropolitano de Barcelona, no se le podía dar este uso. Era una finca municipal, situada en las dependencias de la Policía Local de Badalona, por lo que "se exigía la tramitación del preceptivo expediente patrimonial", pero según el juez no se hizo ninguno de los trámites.

SEPTIEMBRE DE 2012

"De forma absolutamente paralela y análoga", en septiembre de 2012 Telefónica instaló una estación de telefonía móvil, con la autorización verbal de responsables del consistorio y presuntamente también sin la licencia. Las dos bases se instalaron de manera provisional y funcionaron hasta 2018, cuando las propias empresas de telefonía las retiraron a petición del consistorio, explica el juez.

El magistrado comprobó que el consistorio no recibió ningún pago por estas instalaciones y que las telefónicas no pagaron ningún cano por usar el espacio público, y señala que la instalación "era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento".

En un informe de la Oficina Antifrau se constata que el Ayuntamiento dejó de percibir 17.448 de euros por estas instalaciones, y remarcó que las dos infraestructuras se conectaron directamente al suministro eléctrico del cuartel de la Guardia Urbana aunque no ha esclarecido cómo y quién lo hizo.

INSTALACIONES ILEGALES

Los policías y sindicatos de la Guardia Urbana se quejaron de las instalaciones ante el investigado y entonces concejal de seguridad ciudadana y participación, que "era perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones, ocultó dicha circunstancia a los responsables" del sindicato policial y les aseguró que eran legales.

Los sindicatos de la Policía Local también presentaron quejas ante el entonces alcalde, por escrito y con una reunión presencial, pero no hizo "gestión alguna, aún informal, en relación con las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía", a pesar de tener competencias para conceder licencias y abrir expedientes de disciplina urbanística.

El juez cree que Albiol no ejerció estas competencias, y que tampoco lo hizo el entonces gerente del ámbito de territorio, "a pesar de que, o bien autorizó informalmente la instalación, o bien conoció la misma con posterioridad sin ejercer actuaciones formales o informales para poner fin a su existencia".