Una de las polémicas más recientes ha sido la postura de los comunes respecto al proyecto del Hard Rock. Inicialmente, el partido se opuso vehementemente a la construcción del complejo de ocio en Vila-seca y Salou, lo que hizo caer al gobierno de la Generalitat y obligó a avanzar las elecciones autonómicas. Pero días después, el cabeza de lista catalán en las elecciones europeas, Jaume Asens, afirmó que “los comunes no condicionan el gobierno de Salvador Illa al Hard Rock, ya que los programas no pueden ser tablas de Moisés".
En un primer momento, Jessica Albiach y Ada Colau afirmaron que el proyecto sería un golpe para el medioambiente y fomentaría un modelo turístico masivo que Catalunya debería evitar. De hecho, esta línea roja, que estaba incluida en los presupuestos de la Generalitat, fue la que hizo perder el apoyo de los comunes en las finanzas autonómicas y desencadenó la convocatoria de elecciones. Buena parte de su discurso en campaña se centró en su posición contraria al casino Hard Rock, hecho que fue castigado en las urnas y parte de que los catalanes les hicieran perder dos escaños (los resultados en la provincia de Tarragona son el mejor ejemplo). Ahora se aferran a que puedan ser claves para la formación del nuevo gobierno, por lo que su postura respecto al complejo hotelero ha cambiado.
Jéssica Albiach y Ada Colau en una imagen de archivo
Asens, además, se ha mostrado dispuesto a que su partido “flexibilice las posiciones” para facilitar el acuerdo con el PSC en Catalunya. Este cambio de discurso supone, para muchos votantes y militantes, una traición a los principios originales del partido. Pero no es esta la primera vez que los comunes entran en contradicciones flagrantes con su discurso.
Barcelona Energia
Barcelona Energia, empresa municipal creada por Ada Colau para abastecer con una energía limpia a todos los ciudadanos de la capital catalana, es uno de los ejemplos de incongruencias de los comunes. En 2015, en el programa electoral y tras su victoria en las elecciones municipales, empezaron a vender la idea de crear dicha empresa pública. Pero el primer problema fue que lo que crearon era una comercializadora, que se encargaba de comprar energía al por mayor y luego revenderla.
La segunda contradicción de Barcelona Energia fue que la supuesta energía limpia y verde que se jactaban de ofrecer no era tal. Colau firmó un contrato en 2018 con el grupo Tersa, otra empresa municipal que se encarga de incinerar los residuos de la capital catalana y de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). La energía que facilitaba Tersa provenía de la quema altamente contaminante de unas 350.000 toneladas de residuos al año.
De este incumplimiento recae otro más. A final del primer mandato de Ada Colau (2015-2019), se prometió poner punto final a la incineración, y con ello acabar con Tersa, pero el primer mandato terminó y esto no sucedió. Tampoco lo realizaron en su segundo y último mandato (2019-2023).
La ampliación del puerto, los cruceristas y la contaminación
Por todos es sabido que los comunes y Ada Colau tienen una postura contraria contra el Port de Barcelona, su ampliación, la llegada de cruceros y el turismo. Pero no hace mucho, en 2018, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Colau, firmó un acuerdo con el Port para regular las terminales de cruceros y con ello crear la terminal G, es decir, la séptima.
Miembros de las plataformas Stop Creuers, Zeroport y Aturem el Hard Rock
Tras este pacto, los comunes se opusieron totalmente a la creación de dicha terminal, puesto que comportaría la llegada de más cruceros y turistas a la ciudad. Para hacer presión a la Generalitat, encargada de la construcción de la nueva terminal, apoyaron todo tipo de manifestaciones y plataformas contrarias al turismo de cruceros para parar la ampliación que su propio partido había aceptado meses atrás.
Eventos
Crítica con el turismo de masas y otras actividades generadoras de riqueza, la alcaldesa llegó a decir que “la política de grandes eventos en Barcelona no es sostenible”. Durante su primera precampaña, Ada Colau se mostró contraria a que Barcelona fuera la sede del Mobile World Congress (MWC). La oposición y los propios organizadores llegaron incluso a acusar a la alcaldesa de incitar a las huelgas de taxistas contra el MWC.
Todo ello cambió una vez accedió a la alcaldía. Con el paso del tiempo, Colau pasó a hablar en positivo sobre el MWC. Y cuando por el coronavirus, la edición de 2020 se canceló, insistió hasta la saciedad en que Barcelona “estaba perfectamente preparada para la próxima edición” y destacó “su importancia para la ciudad”.
Este no es el único gran evento que primero despreció y luego amó. En el pasado, Colau menospreció el Trofeo Conde Godó, un torneo de tenis del circuito internacional ATP, e incluso hizo algún desplante sonado. En 2019, en vísperas de las elecciones municipales, optó por una postura más neutra y conciliadora.
Incumplimiento del código ético del partido
El código ético del partido de Ada Colau fija que los políticos del partido deben "renunciar o ser cesados de forma inmediata en todos los cargos" si se llega a una "imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas". Un código ético que no se ha cumplido, puesto que Colau fue citada en calidad de investigada varias veces, y por diferentes juzgados.
Ada Colau en una imagen de archivo
El sueldo que recibían los concejales y la propia alcaldesa también estaban regulados por el código ético. Solamente podían percibir 2.200 euros mensuales netos y el resto debía ser donado al partido, pero tras el primer mandato, decidieron que el donativo al partido sería menor, concretamente la alcaldesa recibió 900 euros más al mes, un aumento del 40%. Los concejales, 600 euros (27% más), y los comisionados, 300 (13%).
Los comunes son propensos a no respetar ni su propio código de partido, puesto que estos no fueron los únicos incumplimientos. A las puertas de las elecciones municipales de 2023, en el momento de confeccionar las listas electorales, dicho código fija que los “cargos electos o de libre designación” deben “limitar su mandato a dos legislaturas”. Entre los afectados, Ada Colau, Janet Sanz, Laura Pérez y Eloi Badia no podrían volver a presentarse, pero esto no se cumplió y se aferraron al cargo.