Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona

Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona AJ BCN

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Una empresa predilecta de los comunes obtiene 15 millones para gestionar el centro de emergencias de Barcelona

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La predilección municipal por determinadas empresas continúa vigente. En los dos últimos mandatos, con BComú en la alcaldía, se estableció una red de empresas que se beneficiaron de numerosas adjudicaciones y subvenciones. Aquellas que han obtenido encargos del consistorio, han prorrogado, en muchos casos, sus acuerdos con el Ejecutivo local durante el máximo tiempo posible, manteniéndose fijas en la gestión de equipamientos municipales.

Entre los casos más flagrantes, se encuentran algunos como los de Iniciatives Events, Calaix de Cultura, Esport 3, Trànsit Projectes o, también, la cooperativa Suara. Todas ellas han firmado un reguero de contrataciones en materia de servicios durante los últimos ocho años.

En el mismo saco se halla Progess. La compañía, que ha amontonado incontables encargos municipales, continuará siendo una referencia para el Ayuntamiento después de hacerse con la gestión del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) por una cuantía millonaria.

Adjudicación

El consistorio barcelonés ha adjudicado la administración del citado equipamiento a Progess hasta 2025, un servicio que supondrá el desembolso municipal de 15,2 millones de euros a repartir entre el presente ejercicio y el próximo año.

El acuerdo entre las partes incluye la posibilidad de prorrogar este contrato. La ampliación puede mantener esta sociedad al frente del CUESB hasta 2027, caso en el que el Ayuntamiento ampliaría la partida económica hasta los 33,4 millones de euros.

Servicios

El centro, ubicado en el número 25 de la calle de la Llacuna, integra dos servicios principales de atención permanente. Uno de ellos es el Servicio de Urgencias Sociales, que debe prestar atención a las personas de Barcelona y determinados municipios metropolitanos que presenten una situación de urgencia o de alto riesgo social.

La pérdida repentina de la vivienda, de autonomía total o parcial, falta de alimentación, mayores en situación de abandono o maltratos, son algunos de los casos que atienden.

Trabajadores del CUESB

Trabajadores del CUESB AJ BCN

El Servicio de Emergencias Sociales también forma parte del CUESB. Tiene el encargo de prestar atención psicosocial inmediata a las personas que han sufrido siniestros, como incendios, explosiones o inundaciones. Esta atención se extiende a los afectados por un Plan de Protección Civil o un Plan de Acción del Grupo Logístico Social.

El trabajo del CUESB se basa en el acompañamiento a los afectados por estos impactos. Para ello, el centro cuenta con un equipo profesional formado por trabajadores sociales y psicólogos que garantizan una atención permanente.

Ampliación

A finales de 2022, el consistorio barcelonés amplió el espacio dedicado a este servicio con una nueva instalación en la calle de Ramón Turró, a escasos metros del equipamiento de la calle de la Llacuna.

Este edificio, cuyo coste ascendió a 3,3 millones de euros, se abrió tras solo ocho meses de obras, y tiene capacidad para albergar a un centenar de personas de forma provisional.

“Red clientelar de Colau”

Entre los contratos que ha recibido Progess durante los mandatos liderados por Ada Colau, se encuentran los más de 5,4 millones de euros obtenidos para la gestión del centro residencial de inserción Masía Can Planas, los 988.626 euros municipales para un contrato de orientación y acompañamiento de personas migrantes en Barcelona, o la administración del Espai Jove Palau Alós de Ciutat Vella, que supuso un desembolso de 808.000 euros.

Como indicador, tan solo en 2020 la compañía obtuvo cerca de una treintena de contratos por valor de 15,1 millones de euros.

Progess forma parte de la “red clientelar de Colau”, denunciada en reiteradas ocasiones por el PP en Barcelona.

Con la salida de la exalcaldesa del consistorio, cuya despedida se producirá a finales de octubre, el grupo municipal incidirá en “desmantelar” una estructura de la que todavía hoy siguen beneficiándose determinadas sociedades y entidades.