una bici de alquiler en una imagen de archivo
La oposición a Collboni se alía para frenar la expulsión de las bicicletas de alquiler de Barcelona
PP, Junts, ERC y Comuns fuerzan una comisión extraordinaria para dar marcha atrás en el veto anunciado por el Ayuntamiento a principios de junio y piden optar por una ordenación del sector
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Los cuatro grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona --Junts per Barcelona, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana y el Partido Popular-- han registrado una petición conjunta para forzar la celebración de una Comisión Extraordinaria de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda.
El objetivo es obligar al gobierno del alcalde Jaume Collboni a revertir su reciente decisión de no renovar las licencias a los operadores privados de bicicletas compartidas, lo que supondría la retirada inminente de miles de estos vehículos de las calles de la ciudad a partir de 2027, tal como anunció el pasado mes de junio el Gobierno Local.
Las formaciones políticas firmantes tildan la medida del ejecutivo socialista de "precipitada" y advierten que supone un "retroceso en las políticas de movilidad sostenible". Según la oposición, la decisión se ha tomado de forma "unilateral", "sin un proceso de participación adecuado" y sin evaluar "el impacto real" que tendrá sobre la movilidad diaria de la capital catalana.
![Bicicletas del Bicing, con publicidad propia de la aplicación 'Smou' / B:SM - BICING](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/316803.jpg?h=ZTY54Y_W"])
Bicicletas del Bicing, con publicidad propia de la aplicación 'Smou' / B:SM - BICING
Reordenar el sector
Los cuatro grupos defienden que el servicio privado es un complemento necesario para el Bicing municipal. Argumentan que estas flotas no solo dan servicio a los residentes para trayectos entre barrios e intermodalidad, sino que son fundamentales para absorber la alta demanda de los ciudadanos no residentes que se desplazan diariamente por Barcelona y que no tienen acceso al servicio público.
Bicicletas Lime aparcadas
Aunque reconocen que existe un problema de "indisciplina" y "aparcamiento indebido" en el espacio público, la oposición subraya que la tasa de incidencias es baja en proporción al enorme volumen de trayectos diarios. Por ello, apuestan por ordenar el sector con medidas adicionales en lugar de eliminarlo por completo.
![Bicicletas del Bicing, con publicidad propia de la aplicación 'Smou' / B:SM - BICING](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/316803.jpg?p=w:320\/h:240&h=BpSVEQ-W"])
"Existen alternativas reguladoras que permitirían ordenar y mejorar el servicio sin eliminarlo", remarcan en un comunicado, en el que piden a Collboni que "abra un proceso de trabajo con los operadores para diseñar un nuevo marco regulador que solucione los problemas".
Las siete exigencias para salvar el servicio
En el documento registrado este lunes, 6 de julio, la oposición detalla una hoja de ruta con siete medidas concretas que exigen aplicar al gobierno municipal de forma inmediata. La primera de ellas pasa por paralizar la expulsión, dejando sin efecto la no renovación de las licencias y abriendo un diálogo con los operadores actuales para solucionar el problema del aparcamiento indebido. Para lograrlo sin interrumpir la movilidad, exigen garantizar el servicio actual mediante la aprobación de instrumentos jurídicos transitorios que permitan a las bicicletas seguir operando mientras se diseña la nueva normativa.
Además, las formaciones proponen la creación de una mesa de participación que agrupe a operadores, técnicos y grupos políticos para definir medidas que reduzcan el impacto en el espacio público. Este trabajo conjunto debería sentar las bases para una nueva licitación, creando un marco de licencias que se sostenga sobre criterios objetivos de calidad, integración y cumplimiento de las normas cívicas.
![Bicis eléctricas en alquiler](["https:\/\/a2.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/asociados\/551003.jpg?h=jjc5QhY7"])
Bicis eléctricas en alquiler
Para asegurar el buen funcionamiento del ecosistema ciclista a largo plazo, reclaman instaurar un comité de seguimiento de carácter trimestral. Esta mesa contaría con el Ayuntamiento, operadores, asociaciones vecinales y usuarios para analizar de forma transparente los indicadores públicos del servicio.
Asimismo, instan a aplicar un régimen sancionador estricto en la futura normativa, fijando obligaciones vinculantes sobre el aparcamiento y la retirada rápida de vehículos mal estacionados, incluyendo sanciones proporcionales a las infracciones. Finalmente, el texto subraya la necesidad de proteger el servicio público, exigiendo que se siga reforzando y mejorando el mantenimiento de la red del Bicing municipal.
Al contar Junts, BComú, ERC y PP con la mayoría suficiente en el pleno, el reglamento municipal estipula que la Comisión Extraordinaria deberá convocarse obligatoriamente en un plazo máximo de 15 días, lo que anticipa el debate sobre el modelo de movilidad de Barcelona a las puertas del parón estival.
