Las deficiencias en los pisos sociales de Torre Baró desesperan a 45 familias vulnerables

En marzo de 2023, el Ayuntamiento de Barcelona entregó las llaves a 45 familias para entrar en los nuevos pisos de alquiler social de la calle de Escolapi Càncer número 11 y 12, en el corazón de Torre Baró. Estos bloques se sumaban a las 281 viviendas protección oficial que hay en el barrio. En su inauguración, los beneficiarios celebraron que, tras años en lista de espera, su derecho de acceso a la vivienda se convirtiera en una realidad. Lo que no imaginaban era el estrés térmico, la pobreza energética y los múltiples desperfectos a los que tendrían que hacer frente.

Construcción de una finca para vivienda social en Barcelona AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El bloque de viviendas públicas --la Illa F-- sufre varias deficiencias, entre las que se encuentra el suministro de electricidad. Según relatan fuentes vecinales a Metrópoli, cedieron la gestión del contrato a la consultora Ecoserveis, socia del consistorio municipal en el marco de la iniciativa Sun4All, un proyecto del alcance europeo que pretende facilitar la transición a las energías renovables a las familias vulnerables. Para hacerlo, han dotado a la Illa F de placas fotovoltaicas. "El Ayuntamiento nos aseguró que gracias a estas placas, se reduciría nuestra factura de la luz en un 30%, pero nada más lejos de la realidad", dicen los afectados, que lamentan que el Ejecutivo local no dejara este compromiso por escrito.

Más de 20 quejas de los vecinos

El consistorio, por su parte, explica que el servicio de gestión del Parque Público del IMHAB ha resuelto y respondido más de una veintena de peticiones de la comunidad de esta promoción: "Entre estas, figuran tanto el autoconsumo y las placas fotovoltaicas del edificio como el servicio de limpieza comunitaria". Preguntado por la instalación de las placas fotovoltaicas, reitera que están pendientes de legislación: "Cuando se haya cumplido el trámite, se podrá activar el autoconsumo y la generación de energía se verá reflejada en las facturas".

Factura de luz de más de 200 euros

La Unión Europea ha fijado en el 2050 la fecha límite para abandonar los combustibles fósiles. Es por este motivo que muchos ayuntamientos están empezando a implementar medidas más sostenibles para poder cumplir con ese objetivo. No obstante, este sistema de climatización no está funcionando como debería, según los afectados. "Cuando hay picos de temperatura --ya sea de frío o de calor-- no tiene potencia suficiente para climatizar la casa. Los vecinos tenemos que utilizar otros métodos para hacer frente a las temperaturas extremas y eso se acaba traduciendo en facturas de luz que pueden superar los 200 euros", dicen los residentes. 

Una imagen de archivo de un contador de luz EFE

Los afectados han pedido ver el contrato por escrito, pero a pesar de la insistencia, no lo han recibido. "El sentimiento de malestar es general entre los vecinos. Los que tienen el bono social están más tranquilos, pero el resto no. Estamos a favor de que se hagan políticas medioambientales, pero no es justo que tengamos que pagar este sobrecoste", añaden. 

Algunos de los residentes de la Illa F tienen movilidad reducida y lamentan que el edificio, supuestamente adaptado, no tenga las puertas de entrada pensadas para ese colectivo. "No cumplen la normativa en cuanto a seguridad, accesibilidad y funcionamiento", reiteran. Pero eso no es todo: tampoco tienen aparcamiento y "el servicio de limpieza no cumple con las condiciones contractuales y así con un largo etcétera". El Ayuntamiento es conocedor de estas quejas y ha reclamado a la empresa el control de la realización y los cambios que se hayan podido saber: "Si es necesario, se tomarán las medidas pertinentes y se velará por el cumplimiento del servicio".

Los vecinos de la Illa F han interpuesto una queja al Instituto Municipal de la Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMVRB) y al Síndic de Greuges, pero "ninguna de las dos instituciones ha dado respuesta a sus peticiones". 

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, asegura que "el IMHAB mantiene los canales de atención a los vecinos del parque público para resolver todo lo relacionado con la gestión y mantenimiento de las viviendas".

Problemas estructurales en las viviendas públicas

Los afectados aseguran que la situación que tienen en el edificio no es una excepción y que son varios los pisos de protección oficial que tienen problemas estructurales. "La vivienda pública hay que hacerla y mantenerla, porque no es un regalo, es un derecho", concluyen.