Es lamentable que una sociedad como la nuestra, en la que en mayor o menor medida abogamos por tener un estado de bienestar, nos encontremos a diario, nada más dando una vuelta por la ciudad, con personas que, sin ningún tipo de abrigo, se ven en la necesidad de vivir en la calle. Lo que hoy en día se ha venido en llamar sinhogarismo, representa un problema acuciante. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI puedan pasar estas cosas? Es un problema humano al que necesitamos encontrar una solución. Es inmoral que existan personas que no tienen acceso a uno de los derechos básicos como es el de la vivienda. Viven en la intemperie, subsistiendo a las inclemencias del tiempo, y sin tener recursos para poder comer. En la ciudad de Barcelona, el aumento de los sintecho ha sido constante. La Fundación Arrels, que solidariamente se preocupa por esta población, ha contabilizado más de 1.200 personas que viven en las calles de nuestra ciudad. De los que más del 90% son hombres, muchos de los cuales llevan cinco años desprotegidos de esta manera. Una falta de seguridad que también se traduce en agresiones físicas y verbales. Esto ha provocado que aproximadamente unas 80 personas sin hogar, mueran en un año en Barcelona, de las cuales 16 han fallecido en la calle.

La Fundación Arrels y otras entidades que luchan contra el sinhogarismo, han hecho visible esta situación. Recordando con una ceremonia en la Plaza Nova de Barcelona a estas personas que nos han dejado en este último año. Este acto pone de manifiesto una crisis humana en una ciudad que permanece impasible, y que no pone los recursos necesarios para su solución.

Uno se pregunta cómo esta situación puede estar pasando, con la agravante de que aumente cada día. Es en este aspecto que se hace necesario establecer medidas que introduzcan planes de acción y nuevos enfoques, para poder dotar de un hogar como un derecho fundamental y humano. Una población que materialmente es invisible a los ojos de la sociedad, y que necesita que la administración establezca todas aquellas medidas que de forma urgente puedan paliar esta emergencia social.

Europa ha sido sensible a esta problemática humanitaria, a este traumatismo social tan grave, que tiene consecuencias inmediatas en la salud, y que convierte en crónico el desamparo y la pobreza. Lo que ha venido en llamarse exclusión social, surge de la incapacidad para poder acceder a una vivienda digna, cuya causa es el alto precio de la misma, así como la falta de vivienda social que la administración tendría que velar por construir. La administración tiene la obligación de llevar a término promociones habitacionales de emergencia, como el proyecto APROP del municipio de Barcelona, pero no como edificios de residencia temporal. La emergencia habitacional debería disponer de más recursos derivados de políticas sociales que garantizaran que el ciudadano pueda llegar a tener un hogar de forma definitiva.

El caso de Finlandia es paradigmático. Un país que ha conseguido disminuir, en estos últimos años, a las personas sin hogar.  Apostando por unas políticas basadas en programas habitacionales de inclusión social. Implantando el Housing First, (vivienda primero). Un programa que determina la construcción de unos edificios sociales, como hogares estables y de forma permanente. Una política social que se diferencia de forma clara de las ayudas provisionales o de los pisos temporales. Finlandia ha demostrado que este tipo de actuaciones reintegradoras no solo pretenden resolver un problema humano, sino que han sido muy beneficiosas para la sociedad. Porque, en definitiva, el consistorio de Barcelona tendría que saber que invertir en las personas sin hogar es invertir en futuro, porque gracias a su integración acabarán contribuyendo a erradicar la pobreza y al bienestar de la ciudad.