Se podría pensar en lo idóneo, que para gobernar es mejor pactar con aquel partido que puede sacar adelante tus iniciativas políticas. Pero hay otras circunstancias. Claro. Hay estrategias que se deben vincular con otros propósitos, con operaciones de más largo alcance.

¿Cómo se plasma todo eso en el Ayuntamiento de Barcelona? El alcalde, Jaume Collboni, tiene en marcha un proceso de transformación de la ciudad muy ambicioso. Hay obras en toda la ciudad. Se acaba de inaugurar el parque de las Glòries, con una buena aceptación vecinal, a pesar de algunas quejas. Pero sigue pendiente lo que sería la pieza más importante de todo su mandato: la reforma de la medida del 30% de vivienda pública en las promociones inmobiliarias. ¿Por qué no la aprueba?

Durante la campaña electoral el mundo económico de la ciudad daba por hecho que ese cambio podría provocar un enorme salto adelante. Collboni lo tenía claro. También el teniente de alcalde responsable de Economía, Jordi Valls.

Ahora, sin embargo, casi en el ecuador del mandato, el alcalde cree que ya no es algo tan urgente. De hecho, hay promociones ya avanzadas en dos grandes áreas de la ciudad: en la Sagrera y en La Marina del Prat Vermell. Habrá en los cuatro años de Jaume Collboni un avance significativo en la construcción de vivienda pública, tras la escasez evidenciada en el mandato de Ada Colau. Pero, ¿qué sucede con la medida del 30%?

El posible aliado del PSC para aprobar esa reforma sería el grupo de Junts, y, tal vez, Esquerra Republicana, que mantiene latente su división interna, también en la ciudad. Pero los socialistas no acaban de ver un acuerdo con Junts, y, de hecho, tampoco Junts se atreve a dar el paso.

Lo que podría ser un acuerdo satisfactorio, —los dos partidos comparten el diagnóstico y las posibles herramientas públicas para promover más vivienda— se antoja imposible porque hay otras cuestiones en juego.

El mundo económico comienza a ver lo que intuía, pero no quería aceptar en el inicio del mandato. Los socialistas esperan a los comunes, que en esa cuestión del 30% se aferran a sus erróneas banderas. Los comunes van apoyando al Govern de Salvador Illa en el Parlament, y en el propio Ayuntamiento votan junto a ERC para impedir reprobaciones a Jaume Collboni instadas por Junts. La última el pasado viernes, cuando Junts reprochó a los socialistas su “incapacidad” para combatir la inseguridad en El Raval y Sant Antoni.

¿Qué sucede, por tanto? En la práctica ya funciona una especie de pacto tripartito en la ciudad. No se oficializa. Ni los comunes ni ERC forman parte del gobierno municipal. Pero se sacan adelante, sin mucha brillantez, las medidas necesarias para que la ciudad siga adelante. Y ese acuerdo con Junts en materia de vivienda, que tanto se espera, no acaba de llegar.

Con Junts se quiso negociar. Pero no se avanza nada. O, más bien, todo está parado. El equipo de gobierno asegura que se está “muy cerca” de pactar la medida. De hecho, casi todos están de acuerdo, menos los comunes de Ada Colau –por ahora liderados por Janet Sanz.

La opción que se maneja es que, sin renunciar a ese porcentaje del 30%, las promociones puedan ser flexibles y en un mismo distrito, en barrios colindantes, se promuevan inmuebles de vivienda pública en su totalidad, y pisos en el mercado libre en otros, aunque puedan estar a 300 metros de distancia. Pero nada de mixtura en el mismo edificio.

Sin embargo, la medida, dos años después de las elecciones municipales, no sale adelante. Y, mientras, el PSC ha limitado los pisos turísticos, algo que es del agrado de los comunes.

¿Futuro? Collboni gobierna con toda la ciudad en marcha, aunque no a la velocidad que se suponía o que esperaban muchos inversores y el conjunto del mundo económico de la ciudad.

Con Salvador Illa en el otro lado de la plaza Sant Jaume, lo que se espera es poder gobernar con una mayor comodidad, con más votos socialistas, y con acuerdos con “la izquierda”, una vez Esquerra haya esclarecido el partido que quiere ser y los comunes hayan entendido que no tienen muchas más alternativas.