La Justicia tumba los pisos de lujo de Grifols en Can Raventós
Los vecinos abren la puerta a convertir esta antigua masía y su jardín en un refugio climático municipal
30 mayo, 2024 09:00Un día feliz para los vecinos de Sarrià en Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ha estimado el recurso presentado por la plataforma Defensem Can Raventós. Esto, de facto, implica la anulación del proyecto por el que se pretendía convertir la antigua masía del siglo XIX y los jardines en 59 viviendas de lujo. Esta iniciativa pudo salir adelante gracias a la aprobación municipal de un Plan Espacial Integral y de Mejora Urbana (PEIMU).
El tribunal, además, impone tanto al consistorio como a la empresa propietaria al pago por las costas procesales hasta un máximo de 3.000 euros. Se trata de un proyecto promovido por BIGDAL 5000 --hoy en día extinta--, compuesta por Scranton Enterprises BV, una inversora participada por la familia Grifols y Corp. Actualmente, está en manos de Corpedificaciones S.L, administrada por Pedro Molina Porras.
Con la sentencia, contra la que todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, los vecinos dan por hecha una victoria que abre la puerta a, tras 25 años de lucha, convertir por fin esta masía y su jardín en un refugio climático --de acceso público, gratuito y abierto todo el año--.
De lograr sus aspiraciones, Can Raventós se convertiría en el primer espacio con estas características en esta zona de la ciudad. En la misma línea, la plataforma pide que lo que queda de la antigua masía pase a ser un espacio para jóvenes, ancianos y asociaciones.
Los vecinos de Sarrià ganan así una lucha que lleva en los tribunales desde 2020, año en el que se creó la plataforma por la defensa de este patrimonio histórico ubicado en las calles de Bonaplata y Fontcuberta.
Incumplía normativas urbanísticas
El auto concluye que "el Plan Especial objeto de recurso no ha respetado el límite de 10 metros de ancho alrededor de la casa Raventós que establece la normativa urbanística de aplicación y no se ha ajustado a su finalidad que no es otra que la de revalorizar la casa Raventós, protegida y el jardín que la envuelve".
Como ya avanzó este digital, el proyecto superaba en cinco metros la profundidad máxima edificatoria, que el Plan General Metropolitano (PGM) establece en 15 metros. Además, el PGM también define que la altura máxima del edificio tiene que ser de 10 metros, con planta baja y dos pisos. Sin embargo, el proyecto propone una planta baja y tres pisos que llegan a los 13 metros.
Conflicto de intereses
A pesar de la necesidad de zonas verdes que presenta Sarrià, el Ayuntamiento, con entonces Ada Colau al frente, aprobó en 2020 el PEIMU ex profeso para tirar la masía y sus jardines y levantar 59 pisos de lujo.
Ya con el PSC-Units per Avançar al frente del consistorio, la primera teniente de alcalde Laia Bonet argumentó que debía llevarse a cabo porque era un proceso legal y, por tanto, no podía deshacerse. Pero el asunto estaba ya en manos de la Oficina Antifraude, que detectó un grave conflicto de intereses.
Tras BIGDAL 5000 se encontraba Salvador Ferran Pérez-Portabella, quien a su vez era secretario de Units per Avançar, mismo partido político que el por entonces concejal del distrito, Albert Batlle, y la gerente del distrito, Maite Català. El ente judicial reclamó al Ayuntamiento "reparar las lesiones a la confianza pública cuando estas se hayan producido".
El futuro de Can Raventós
La anulación del PEIMU supone "la herramienta perfecta para que el Ayuntamiento pare el proyecto", ha explicado la plataforma en rueda de prensa. A su vez, piden que el Ayuntamiento "no recurra la sentencia ni intente defender con fondos públicos un plan urbanístico de promoción privada basado en una ilegalidad".
Asimismo, reclaman que se estudie la forma para que la propiedad pueda "permutar la edificabilidad existente en la finca en otro espacio del distrito o la ciudad con menor valor patrimonial". También tienden la mano al distrito de Sarrià-Sant Gervasi, para llevar la nueva iniciativa verde a buen puerto.
Y el consistorio parece haber escuchado las reclamaciones. Fuentes municipales aseguran a Metrópoli que no se va a recurrir la sentencia, aunque matizan que la propiedad todavía tiene potestad para hacerlo.
"Nuestros servicios jurídicos dan por finalizado el recorrido", aclaran, a la vez que recuerdan que el proyecto responde a "una iniciativa privada para la que los servicios técnicos del ayuntamiento emitieron un informe favorable".