El análisis de los presupuestos de las corporaciones es una de las estrellas de la información económica y política. Se comprende. Un presupuesto es una declaración de intenciones. Los gobiernos (central, autonómico, municipal) anuncian en ellos sus prioridades. Después de todo, gobernar es priorizar determinados gastos sobre otros, dado que el dinero no es infinito. Tradicionalmente, para la izquierda la prioridad son los servicios sociales y la lucha contra las desigualdades; la derecha, en cambio, prefiere reducir el déficit (luego casi nunca lo hace), recortando las partidas destinadas a educación, sanidad o vivienda. Aunque las diferencias entre derecha e izquierda cada vez son más de matices, conviene no perderlos de vista. Para quien quiera un ejemplo de derecha salvaje ahí está Javier Milei, recuperando un discurso que, en nombre de la libertad individual, puede acabar prohibiendo los sindicatos, que actúan colectivamente. El liberalismo a ultranza ya lo hizo en el pasado. ¡Como si el capital no se mancomunara también como fuerza de presión frente a los gobiernos! Incluso por encima de ellos.

Pero a los presupuestos les llegan las liquidaciones. Cada año, los parlamentos y los plenos municipales analizan la liquidación, que establece con claridad lo que los gobiernos verdaderamente han gastado y en qué. Curiosamente, estas sesiones tienen escasísimo interés. Para la prensa, pero también para diputados y concejales. Se trata de ver a toro pasado y lo pasado pasado está, deben de pensar.

Pero esas liquidaciones son importantísimas, porque muestran la voluntad de cumplir la palabra dada en las elecciones. Mariano Rajoy ganó prometiendo bajadas de impuestos y acabó subiéndolos casi todos. Igual necesitaba dinero para financiar la inmensa curiosidad de Jorge Fernández Díaz y sus policías patrióticos ¿o patrioteros?.

Estos días se ha hecho público un informe elaborado por la asociación estatal de directores de servicios sociales sobre los presupuestos municipales liquidados de 2022 (los de 2023 aún no lo han sido) que señala que Barcelona se halla entre las ciudades que más atención dedican a este tipo de servicios. Y lo hace de verdad, en presupuestos liquidados, no en promesas que a saber qué pasará con ellas. De las capitales de provincia, sólo tres merecen la calificación de “excelente” en servicios sociales: Barcelona, Granada y Santa Cruz de Tenerife y de ellas, la capital catalana es la que dedica mayor inversión por habitante, aunque están por delante otras localidades que no son capital (Alcalá la Real, Los Llanos de Aridane y Baza).

En el Área Metropolitana hay otras poblaciones que destacan por haber aumentado notablemente este gasto (hasta un 60% en los cuatro años del último mandato municipal): Santa Coloma de Gramenet y Molins de Rei. Dos más pertenecen a la conurbación barcelonesa o, si se prefiere, al Área Metropolitana que pretende ampliar Jaume Collboni: Esparreguera y Vilanova i la Geltrú.

Hay algo en común en estas localidades: con la excepción de Vilanova, en todas había gobiernos municipales de izquierda, ya fuera con predominio socialista o de los comunes. El caso de Vilanova es, de todas formas, sintomático. El PSC había sido el partido más votado, pero fue desplazado por una alianza entre fuerzas independentistas. En las pasadas elecciones, los socialistas recuperaron la alcaldía. O sea que, si bien se mira, la división entre izquierda y derecha sigue vigente en las atenciones que reciben los ciudadanos. Y éstos lo notan.

Quizás Collboni y Ada Colau estén analizando este informe a la hora de decidir los pactos para Barcelona. El PSC puede pactar con la derecha o con lo que ha quedado a su izquierda y Xavier Trias ha sido muy claro en sus peticiones: reducciones de impuestos, lo primero. Después, para compensar, ya llegarán los recortes en servicios sociales. Ahora sólo falta que los comunes no hagan como Podemos y se den cuenta de que, por pequeño que sea, un porcentaje del todo es siempre mayor que el cien por cien de nada. Lo saben hasta los que suspenden matemáticas.