“Soy una víctima del lawfare”. Así es como Ada Colau se presentaba reiteradamente, especialmente durante su segundo mandato, ante propios y extraños. Un total de quince denuncias archivadas por los tribunales acreditaban la queja de la líder de los comunes, que celebraba cada archivo como una auténtica victoria política más que judicial.

Pero la herencia de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona también ha dejado un reguero de demandas que siguen estallando, como bombas de acción retardada, ante las narices del gobierno de Jaume Collboni. La última ha sido presentada por la empresa promotora del Museo Hermitage en Barcelona.

El consistorio no tiene derecho a vetar la instalación del museo impulsado por una empresa suiza porque "no deja de ser una restricción a una actividad económica, sin que esa limitación venga permitida por la Directiva de Servicios" argumentaba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ), tal como recogía Metrópoli el pasado viernes.

Sobre la mesa, los 141 millones de euros reclamados por la empresa impulsora del proyecto, el fondo Varia. Y más importante aún, el debate sobre la capacidad de incidencia del Ayuntamiento en los equipamientos, públicos o privados, que se establecen en el Puerto de Barcelona, como advertía la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, tras el varapalo judicial.

Tiene razón el gobierno local al advertir que el Ayuntamiento no puede ser marginado de la gestión de un espacio como el Puerto de Barcelona. Pero también tiene la razón la Justicia cuando advierte que el gobierno local no puede imponer vetos a su antojo, prescindiendo de la seguridad jurídica de los actores implicados.

Más o menos lo mismo que vino a decirle cuando tumbó la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -sentencia que podría dejar a Barcelona al margen de las ayudas estatales al transporte público- o la anulación de la superilla de Consell de Cent, el pasado septiembre.

Sin olvidar las ocho sentencias judiciales que han cuestionado y anulado las restricciones impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona contra los pisos turísticos. Sentencias han autorizado la legalización de varios pisos turísticos que el gobierno de Colau había intentado impedir.

Aviso para Collboni y su anunciada eliminación de esta actividad en la capital catalana. Esperemos que los servicios jurídicos de la Casa Gran hayan tomado nota para que el anuncio del alcalde se implemente de forma impecable desde el punto de vista legal.

A estas alturas, ya deberían haber tomado nota de unas derrotas judiciales que evidencian las consecuencias de gestionar la cosa pública sin diálogo con los implicados y, en el peor de los casos, con muchos prejuicios contra de los sectores económicos con mayor peso en la ciudad.

Es lo que argumentó Gabriel Jené, presidente de la asociación de comerciantes, tras la victoria judicial contra la superilla. Barcelona Oberta dejó claro que no tienen ninguna intención de exigir que se revierta la peatonalización de Consell de Cent. Pero la entidad que representa a comerciantes y restauradores no encontró otra vía para defender su voz en el marco de las transformaciones emprendidas por los comunes, argumentan.

Esta sentencia, como la del Hermitage o la ZBE, deja claro que Colau abusó de las potestades del gobierno municipal, en este caso para imponer "una modificación encubierta del plan general metropolitano".

Y lo hizo porque no tenía apoyos suficientes en el Pleno del Ayuntamiento. Una falta de apoyos políticos que respondía en definitiva a la incapacidad de Colau para tejer complicidades con todos los sectores implicados en cada una de sus reformas.

Los comerciantes y, sobre todo, los restauradores de ese eje están encantados con el resultado de la reforma, que paradójicamente ha servido para agudizar la gentrificación del Eixample barcelonés. La “gentrificación verde de Colau” la llaman sus rivales políticos en privado, aludiendo a la inflación de precios en la compra y alquiler de viviendas de la zona, impulsada por el reclamo de la pacificación del tráfico. Un efecto colateral que muchos advirtieron.

No es que el aumento de los precios desmerezca los beneficios de la expulsión de los coches para los vecinos, no me malinterpreten. Pero debería servir para analizar mejor todas las consecuencias de las decisiones políticas, desde las judiciales hasta las económicas.

Algo en lo que siempre ayuda escuchar a todas las partes, eso que los comunes -y otras fuerzas políticas- confunden con una claudicación. Negarse a dialogar no es más que una demostración de ignorancia, en el mejor de los casos.