El alcalde Jaume Collboni ha promovido una remodelación del gobierno municipal. Lo hace en el hemisferio de su mandato, es decir, tras dos años de dirigir los designios de la ciudad y a un par de celebrarse las elecciones municipales. Más que una remodelación, la propuesta no deja ser un simple maquillaje político con la única pretensión de búsqueda de protagonismo político. Solo se pretende un arraigo de la imagen y del perfil de gobernante del alcalde y poco más.

Se cambia alguna cosa en la maquinaria gubernamental para que todo siga igual. “El nom no fa la cosa” y esta remodelación es nominal y sin contenidos de transcendencia real. Un cambio de cromos interno con las tapas de su álbum diseñadas en la etapa nefasta de una Ada Colau cuyo legado no se ha derogado. Sus perniciosas políticas persisten en el Ayuntamiento. Continúan sus restricciones y los problemas acuciantes agravados.

Barcelona tiene un gobierno municipal de 10. El número no lo determina la excelencia de su gestión si no los concejales que lo componen.  Nunca tan pocos habían dirigido la ciudad ni la minoría de gobierno había sido tan absoluta. Ahora su remodelación avanza hacia una lógica evidente: donde faltan concejales, nunca sobrarán Comisionados. Así, además de ser escasos los ediles de gobierno, serán tantos los tenientes de alcalde, cinco, como concejales de Áreas.

Por si no fuera suficiente, adiciónese el nombramiento de una docena de Comisionados que superarán a la decena de munícipes de gobierno. Todo con la particularidad que se instaura el derecho de pernada municipal de ERC que consensuará dos Comisionados y uno de ellos es el de política lingüística.

Capítulo aparte merece el apoyo político externo que el alcalde pueda recibir. Es mejor gobernar solo que no mal acompañado. Y que ERC sea el socio preferente y los Comunes el intermitente compañero de viaje vaticina más continuidad y la posibilidad cierta de reeditar las peores gobernanzas de los tripartitos, aunque este sea de facto. No son las mejores compañía y sí la peor noticia.

Un alcalde en minoría con la legislación actual sigue siendo, pese a ello, mucho gobierno. Se ha demostrado con los Presupuestos aprobados por la denominada cuestión de confianza. Sin precisar del respaldo del pleno municipal o con las geometrías variables de pactos que subsanen la deficiencia de la aritmética electoral, se pueden impulsar las inversiones y promover acuerdos de ciudad. El empeño no es fácil cuando Junts no lo es ya con Trias y no deja de serlo sin Puigdemont.

El PP no es relevante en las dinámicas de negociaciones. Pudiera serlo en la política municipal de ser capaz de articular un discurso sólido y con propuestas imbatibles. Vox está, pero no se le espera ni cuenta, populismos y extremos aparte, en aplicación de esos “cordones sanitarios”. Quienes los promueven, antaño hacían lo mismo contra los populares en el Pacto del Tinell o yendo al notario mientras no dudan en blanqueara la CUP.

Por último, introduciría una última coordenada. Un gobierno en minoría puede ser una oportunidad. Además, obviamente, de gobernar, existe otra. Es necesario que la precariedad no signifique que un gobierno renuncie a presentar propuestas por temor a su rechazo. Si es así y éstas son positivas y necesarias quienes se retratarán con su voto contrario y ante los barceloneses serán los grupos municipales que no las respalden y en tiempo electoral serán penalizados. En paralelo, el gobierno podrá articular un discurso de por que necesita reforzar su presencia en el consistorio para poder materializar lo vetado por la oposición.

Escrito lo anterior, esta remodelación de gobierno es un lifting facial del mismo y su justificación es publicitaria y sin contenidos. Igual el alcalde quiere aplicar aquello que se emplea con ciertos productos de “agitar antes de usar”. Lo trascendente no son los cambios nominales de gobierno entre sus reiterados integrantes. Es irrelevante. Lo trascendente es acometer ya políticas eficaces e imprescindibles, y entre otras, para luchar contra la delincuencia, reducir los impuestos, hacer accesible la vivienda, una atención social digna y suficiente y que los servicios sean de calidad.

Y los más graves, acceso a la vivienda o la seguridad ciudadana, continúan en cotas y cuotas de aceptación ciudadana reprobables.