Intervenir el mercado

Barcelona tenía censada en enero del 2015 una población de 1,7 millones de habitantes, mientras que en las mismas fechas el catastro cifraba en poco más de 700.000 el número de viviendas de la ciudad.

Si tenemos en cuenta que la media de residentes por piso está en 2,4 personas, una simple regla de tres nos indica que, en términos aproximados, Barcelona tiene las casas necesarias para sus habitantes.

El Ayuntamiento mejora Sant Andreu

Eso quiere decir que el parque cubre, más o menos, las necesidades residenciales de los barceloneses. O lo que es lo mismo, que el déficit habitacional, la expulsión de los jóvenes que se emancipan, no obedece a una escasez objetiva de viviendas, sino a una demanda no residencial, una demanda de negocio que distorsiona el panorama.

De ahí no tiene por qué derivarse una desconsideración o una condena de las actividades que generan ese desequilibrio, evidente desde hace unos cuantos años en la ciudad.

A lo que si mueve es a una reflexión sobre el papel de las Administraciones para volver al equilibrio. ¿Es legítima su intervención en el mercado? ¿Tiene quizás un sesgo ideológico?

Creo que no. Tenemos ejemplos en muchos países de Europa, incluso en nuestro pasado reciente cuando el franquismo fomentó la vivienda social para las clases medias trabajadoras, de que no hay sesgo. La política de vivienda no es de izquierdas, sino de consenso, de Estado.

¿Por qué los boom de los precios de los pisos que se vivieron en el último medio siglo –de 1986 a 1991; de 1991 a 2007-- no se trasladaron a los alquileres de una forma tan agresiva como ahora? Probablemente, porque no se había inventado el negocio digitalizado del alquiler vacacional por días.

Los Sarasola

Kike Sarasola es el promotor hotelero madrileño que regaló, alquiló o puso a disposición de Isabel Díaz Ayuso un estupendo alojamiento en los días de la pandemia. El gesto de Sarasola --hijo de un conocido empresario donostiarra que ayudó a Felipe González en sus años de clandestinidad-- se produjo antes de que el novio de la presidenta tuviera su propio ático en el centro de Madrid.

Quiero decir que este Sarasola no parece muy de izquierdas. Y, sin embargo, lo tiene claro: hay que poner freno a cierto turismo, hay que gestionarlo para que no termine siendo nuestra perdición.

En su opinión, Barcelona y Madrid están a punto de experimentar lo que ya ha ocurrido en Venecia y Florencia, ciudades en las que la afluencia de visitantes ha bajado un 17% y un 9%, respectivamente. El problema no es que descienda, sino que lo hace en el segmento de viajeros más pudientes, los que huyen de la masificación.

Los vecinos del Park Güell se sienten expulsados

Por eso es partidario de poner cupos o aplicar tarifas para acceder a ciertos lugares, como la Fontana di Trevi, en Roma, cuyo acceso es de pago para los visitantes. Defiende medidas que protejan su negocio hotelero, por supuesto, y también el entorno de los vecinos. 

El gestor del grupo Room Mate se lleva las manos a la cabeza al pensar en los 97 millones de turistas que llegaron el año pasado a España. Defiende políticas como las que se aplican en el Teide, donde solo pueden acceder 10.000 personas al año, y que no provocan alarma en nadie porque todo el mundo lo entiende.

¿Por qué no alentar que las Administraciones intervengan el mercado para evitar que éste transforme las ciudades sin otra lógica que la cuenta de resultados de las empresas más voraces?