El nuevo sistema de acogida a familias vulnerables de Barcelona no convence a las entidades sociales

La cifra de familias vulnerables viviendo en pensiones en Barcelona no para de crecer. En la actualidad hay 3.000 personas alojadas, un 55% superior a la media registrada hace tres años. El nuevo gobierno municipal ya advirtió que la emergencia habitacional es un “absoluto colapso”, legado del anterior mandato de los comunes, según la concejal Maria Eugènia Gay. Hay familias que llevan alojadas demasiado tiempo en pensiones, un gasto que corre a cargo del Ayuntamiento. Esto entorpece la rotación, ya que los alojamientos temporales de urgencia no cumplen su función.

Para hacer frente a la saturación, el Ayuntamiento presentó una nueva hoja de ruta para cambiar el sistema de acogida de aquellas familias que se han quedado sin hogar. El consistorio prevé un máximo de seis meses en pensiones. A partir de este tiempo, se estudiará cada caso en una mesa de evaluación para acreditar o no la vulnerabilidad. Pero la decisión que no ha gustado a entidades sociales es que, antes de derivar a una familia a un alojamiento temporal, se le dará una ayuda económica.

Alquileres imposibles y víctimas de prejuicios

Fuentes de Drets Socials del Ayuntamiento señalan a Metrópoli que la ayuda económica tiene como objetivo “mantener al máximo su condición autónoma y promover que puedan vivir en un entorno normalizado”. No obstante, Llum Delàs, presidenta de la Fundació Roure, indica que no es suficiente. “Barcelona vive en una dinámica de pobreza severa por falta de vivienda. Es absolutamente imposible que una familia vulnerable pueda costearse y pagar un alquiler con los precios actuales, además de los servicios básicos, como la comida”, señala a este digital. Más allá de la ayuda económica, Delàs recuerda las personas vulnerables no lo tendrán fácil para encontrar dónde vivir, especialmente porque son perfiles víctimas de la estigmatización y la desconfianza.

La presidenta de la Fundació Roure reconoce que el sistema actual de pensiones es insostenible, del mismo modo que lo hace el Ayuntamiento. “El sistema actual no da una respuesta adecuada a muchas de las situaciones que son complejas”, señalan fuentes del consistorio. Según los datos facilitados por Drets Socials, en 2021 se destinaron 21 millones de euros a pagar los alojamientos. En 2022 ascendió hasta los 27 millones y, en el último año, hasta los 34 millones. “Todo esto en solitario, sin ninguna aportación de la Generalitat”, lamentan. Con esto, el consistorio barcelonés pide más implicación del Govern para que no recaiga todo el peso de la gestión en la administración local.

Construcción de una finca para vivienda social en Barcelona AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Preguntado sobre esta cuestión, el Departament de Drets Socials del Ejecutivo catalán señala que ya colabora con determinadas situaciones que puedan superar las capacidades municipales, como puede ser la gestión de los casos de sinhogarismo del Aeropuerto de El Prat. “El Ayuntamiento, por el momento, no se ha dirigido al Departament para solicitar un tratamiento específico de casos complejos", concluye.

Emergencia habitacional

Esta presión hacia otras administraciones viene precedida desde hace años por la emergencia habitacional, que ha aumentado en Barcelona. Mientras que en 2017 había 232 familias pendientes de adjudicación de un piso social, en diciembre de 2023 se llegó hasta los 701. Para Delàs, la solución pasa por ponerse las pilas en la construcción de pisos sociales. “Somos la ciudad de Europa que menos vivienda protegida tiene, por detrás de Grecia”, denuncia. Aunque desde el Ayuntamiento insisten en que hay promociones en marcha, la presidenta de la Fundació Roure critica que “ya tendrían que estar hechas”. “Hace falta que las promesas se cumplan”, lamenta Delàs.

Para Delàs, el problema es que “los tempos de las administraciones no van acorde con la pobreza severa”. Desde la entidad de Barcelona Global también insisten en la necesidad de agilizar trámites para aprobar proyectos y otorgar licencias. Sin embargo, una de las cuestiones que más se repite sobre esta cuestión es la falta de suelo público para construir. Las entidades sociales señalan que la solución habría que buscarla fuera de la gran ciudad. Para Xavier Vilajoana, de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE), las administraciones deberían pensar en una ‘Gran Barcelona’, es decir, tener en cuenta las ciudades del área metropolitana.

Colaboración público-privada

Otra de las opciones que se contemplan es una cooperación entre la administración pública y empresas privadas para aumentar el parque de vivienda. Después del impacto negativo de la normativa del 30% del anterior gobierno de Ada Colau, que provocó una parálisis en el sector inmobiliario, "el Ayuntamiento empieza a apostar por una colaboración público-privada. Antes no existía y ahora vamos tarde", reconoce Delàs.

Sobre la falta de vivienda, el gobierno municipal vuelve a señalar a la Generalitat, que “no ha promovido la vivienda que necesita la ciudad desde un punto de vista de emergencia habitacional”, indicó Jaume Collboni en una entrevista a Els Matins de TV3. Según los datos del consistorio, entre 2016 y 2022, Barcelona aportó 1.066 pisos sociales, mientras que el Ejecutivo catalán puso 340.

Actualmente, hay 682 familias pendientes de que se les adjudique un piso social, según datos del Consorci d’Habitatge de Barcelona. La nueva normativa entrará en funcionamiento a partir de este 1 de junio y desde el Ayuntamiento aseguran que se aplicará progresivamente.