El PSC y comunes asumen el riesgo de la ruptura

La estrategia estaba decidida, pero, ¿en qué momento? El PSC se distancia sin complejos de los diferentes proyectos de los comunes, con la idea de que ya ha llegado el instante, a poco más de un año de las elecciones. Y los comunes de Ada Colau no se arrugan, convencidos de que han consolidado un electorado propio y fiel. Los dos socios asumen el riesgo de la ruptura a poco más de un año de las elecciones. En juego está, pese a todo, la defensa de modelos de ciudad que son distintos, en busca de otros posibles socios que garanticen un gobierno municipal sólido tras los comicios de mayo de 2023. 

El equipo de Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona aprieta el acelerador. Con la presión de veteranos dirigentes socialistas y de técnicos y expertos de anteriores consistorios, el PSC no deja de discrepar sobre los planes urbanísticos de los comunes, ni sobre la movilidad en la ciudad, ni sobre cómo intensificar el desarrollo económico sin prescindir del sector privado. 

EL PSC APRIETA EL ACELERADOR

A pesar de las críticas recibidas, de que el PSC debía actuar con más contundencia, el equipo de Collboni en el consistorio pedía tiempo para analizar en qué momento podía ser conveniente ese distanciamiento. Y ha llegado ahora, cuando, precisamente, los comunes quieren poner la directa en cuestiones como el plan de usos en el Eixample, con las superilles, el proyecto estrella de Colau y de la teniente de alcaldía de Ecología y Urbanismo, Janet Sanz. La consigna es clara y directa: todos los concejales deben presentar alternativas y cuestionar los planes de los comunes que se consideren contradictorios con el modelo de ciudad de los socialistas. 

El fondo de esas cuestiones no está en entredicho. Pero sí las formas y la graduación de las medidas. Los socialistas apuestan por una movilidad interna en la ciudad que reduzca la presencia del coche, pero quieren preservar los intereses de los comerciantes y reclaman negociaciones en las que se escuche a todos los actores, sin decisiones unilaterales. Y en eso se choca directamente con el entorno de Colau, que mantiene un programa “cargado de ideología”, apuntan fuentes socialistas. Hace unos días, la regidora de Movilidad, Laia Bonet (PSC), dijo que la superilla del Eixample no podía ser una guerra contra el coche y reclamó cambios en los planteamientos de Colau.

TENSIÓN ENORME POR EL 22@

En algunos proyectos la tensión ha sido enorme, pero se ha alcanzado un consenso, como en la reforma del distrito económico del 22@. Los socialistas cedieron en la idea de que ya no podía ser un distrito únicamente económico y que era necesario construir más vivienda pública, con más equipamientos. Pero lograron que se incluyera un millón de metros cuadrados de techo económico en el proyecto final. 

Collboni ha buscado la reactivación económica y está pendiente de todos los foros empresariales de la ciudad. Mientras que otros concejales, como Rosa Alarcón, o Montserrat Ballarín, dan la batalla en el terreno de la movilidad y en la integración en los barrios de los planes urbanísticos “ideológicos” de los comunes. 

EL RIESGO DE LA RUPTURA

“Es el momento, cada fuerza política tiene su modelo de ciudad, aunque se gobierna de forma satisfactoria, en términos generales”, apuntan las mismas fuentes. El PSC, al margen de cómo se decida la designación del alcaldable por Barcelona -lo sigue siendo Collboni, a la espera de distintos indicadores que prepara el partido- ha tomado la decisión: “Para ganar la alcaldía hay que asumir riesgos”. ¿La ruptura? Cuando se plantea esa pregunta a los interlocutores del gobierno municipal la respuesta es clara: para nada, pero si uno de los dos lo pone sobre la mesa, “se aceptará el riesgo”.

A poco más de un año para las elecciones las diferencias entre Barcelona en Comú y PSC se van haciendo más evidentes en el gobierno de coalición de Barcelona. Y, muy probablemente, en los próximos meses van a ir a más. Esta semana, por ejemplo, se han vivido dos casos. Uno de ellos es sobre la retirada de la losa de la ronda de Sant Antoni, ahora un foco de incivismo y delitos, y la reurbanización de la calle. Los socialistas quieren que las obras se hagan desde el Institut Municipals de Mercats y defienden recuperar un proyecto ya aprobado de 2018 para reurbanizar la calle. 

Sin embargo, los comunes son más partidarios de actualizar ese proyecto y vincularlo con la remodelación del resto de rondas del Eixample y Ciutat Vella: Sant Pere, Universitat, Sant Antoni y Sant Pau, una opción que vecinos y comerciantes de la ronda no ven con buenos ojos porque la remodelacón se demorará. Las malas relaciones han llegado al extremo de que la teniente de alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo ha vetado la presencia de la regidora de Mercados, la socialista Ballarín, a una reunión con los afectados.

CHOQUE POR EL PLAN DE USOS DEL EIXAMPLE

Los comunes y los socialistas chocan también con la puesta en marcha de un plan de usos en el Eixample. Sanz y el concejal del Eixample, Pau González, han presentado este viernes un nuevo plan de usos para el distrito del Eixample que prevé limitar el número de locales dedicados a actividades como la restauración, con la voluntad de preservar el comercio de proximidad. El plan de usos regula la implantación de actividades de concurrencia pública como restauración y actividades musicales; establecimientos alimentarios como autoservicios y comercios alimentarios con degustación; y locales vinculados a la actividad turística como el alquiler de bicis y la venta de viajes, recoge Europa Press.

El PSC se opone al plan de usos del Eixample que proponen los comunes de Colau al considerar que se afecta al comercio, sin discriminar el tipo de negocio, y solo se aborda la reforma del distrito desde el urbanismo que suponen las superilles. Alarcón ha dado cuenta de ese malestar después de los estudios e informes de expertos con los que cuenta el grupo municipal del PSC. “No estamos de acuerdo con el plan de usos del Eixample porque no se ha tenido en cuenta el comercio, ni a los expertos en comercio, desde una posición técnica”, ha señalado.

NO ES LO MISMO LA SAGRADA FAMÍLIA QUE FORT PIENC

La idea del grupo socialista, corresponsable en el gobierno municipal, es que la realidad del Eixample es muy distinta, y no se puede tratar de forma homogénea todo el distrito. “No se puede abordar el paseo de Gràcia como la parte del Eixample de la cárcel Modelo, o no se puede pensar en el barrio de la Sagrada Família de igual manera que en el barrio de Fort Pienc”, según Alarcón. La edil socialista entiende que la regulación se debe realizar en las calles más afectadas por las superilles, para evitar la gentrificación. E insiste en que no se puede regular de la misma manera un comercio de 24 horas que “una tienda de bicicletas”.

Los citados conflictos se suman a la larga lista de tensiones que los dos partidos han vivido desde que decidieron formar gobierno en junio de 2019. La instalación del museo Hermitage en la nueva bocana del Port -a favor los socialistas, en contra los comunes- fue uno de los primeros focos de discrepancias. Collboni intentó incluso una alianza con el Liceu para salvar el proyecto, que ahora está judicializado, pero ni así. La ruptura en este tema se evidenció con la negativa de Sanz de firmar el convenio con el Port de Barcelona para que el Hermitage fuera una realidad, un posicionamiento que los socialistas vieron precipitado. Ahora, con la guerra de Rusia y Ucrania, el proyecto ha quedado definitivamente enterrado.

DISCREPANCIAS POR EL AEROPUERTO

Collboni y Colau también ven de forma muy distinta la propuesta de ampliación del aeropuerto. Los socialistas defienden el crecimiento de El Prat para convertir las instalaciones barcelonesas en un gran hub internacional. Collboni defendió hasta el último momento la necesidad de no dejar perder los 1.700 millones de inversión que ponía sobre la mesa el Gobierno español, mientras que la alcaldesa y los comunes critican el aumento de contaminación que supondría la ampliación del aeropuerto y la afectación de la laguna de la Ricarda, una reserva natural. En agosto, Colau llegó a hablar del "pelotazo de toda la vida" sobre la ampliación aeropuerto. Y en una entrevista en El Periódico especuló con que detrás había "una operación inmobiliaria".

A lo largo de meses, Alarcón ha estado a la greña con Sanz mientras ha sido regidora de Movilidad. En verano, a los socialistas no les gustó que Jordi Cuixart fuera nombrado el pregonero de las fiestas de Gràcia. Y en septiembre, la elección del nuevo síndic de Barcelona, David Bondia, próximo a los comunes y a ERC, no fue bien vista por el PSC, pese a votar a favor para no bloquear el nombramiento. Los socialistas temen que Bondia acabe usando la oficina del defensor del ciudadano para hacer oposición.

La lista de conflictos es más larga. En octubre, Collboni criticó el nuevo sistema de recogida de residuos, el Puerta a puerta, implantado en Sant Andreu de Palomar tras un verano de protestas, calles llenas de basuras sin recoger y plagas. El edil era contrario a extender la iniciativa a otros barrios al igual que en Sant Andreu hasta que los problemas se solucionasen. Finalmente, el área de Eloi Badia, concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, pospuso los avances y el pasado enero introdujo contenedores inteligentes y algunas mejoras.    

PUNTOS DE VISTA DISTINTOS SOBRE EL PRIMAVERA SOUND

En diciembre, el pulso que el Primavera Sound hizo a la ciudad, amenazando con irse, no fue valorado igual por ambos partidos. Mientras que los socialistas, que gobiernan el distrito de Sant Martí, donde se celebra el festival, querían un evento sostenible y equilibrado y no veían con buenos ojos que en 2023 se repitiera una edición de 11 días como la de 2022, Colau salió en defensa del Primavera Sound. Dijo que tenía que un "compromiso absoluto" con el festival, que "nace en Barcelona y se consolida en Barcelona", y explicó que la "complicidad" era máxima con sus organizadores. Colau se posicionó también a favor de prolongar la edición larga de 2022 a 2023. Ahora, con el anuncio de una edición del festival en Madrid, vamos a 28 km de la capital, el discurso de Barcelona en Comú ha cambiado y fuentes de Ayuntamiento reconocen que “no era posible saturar la zona del Fòrum, pensando también en que 2023 es un año electoral".

Uno de los últimos piques ha sido en el Baix Guinardó. Alarcón, como regidora de distrito, ordenó el desalojo de un huerto okupado, El Brot, que causaba molestias a los vecinos. Un representante de Barcelona en Comú, Víctor Valls calificó la acción de "cacicada desleal". En el espacio se tiene que construir zona verde y viviendas, pero mientras no se urbaniza el distrito ha hecho un aparcamiento provisional. En el pleno de este jueves, el conflicto siguió. Alarcón fue abroncada por grupos de okupas y aseguró no haber llegado a acuerdos por un bloqueo de la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janez Sanz.