El Gobierno catalán acaba de anunciar cómo ha gastado el dinero de los presupuestos de 2024. El transporte se ha llevado 1.994 millones de euros. Una cantidad considerable aunque, a la vista de los resultados, insuficiente.

Hay que comprenderlo. Los servicios públicos siempre necesitan más dinero porque los ciudadanos se vuelven más exigentes a medida que los servicios mejoran.

Un paquete de tabaco en el suelo apenas se nota si la calle está llena de porquería, pero atrae las miradas en una zona limpia. Se trata de una maldición: cuanto mejor lo hace una administración, más se le pide y más se la critica.

En Barcelona, por ejemplo, es una petición recurrente la extensión de la tarjeta rosa a todos los jubilados. El argumento principal es que en Madrid la tienen. Mal asunto: los derechos no son comparativos sino objetivos. Pagar el transporte a los directivos de las empresas del Ibex (muchos de ellos superan los 65 años) carece de sentido.

El dinero de los presupuestos siempre es escaso y forma parte de la tarea de los gobernantes administrarlo con prudencia en lugar de malgastarlo.

No siempre lo hacen. Cuando la gente dispara con pólvora del rey (dinero ajeno) acostumbra a ser mucho más rumbosa que si tiene que echar mano de la propia cartera.

En el Área Metropolitana de Barcelona la verdadera injusticia no es que los mayores con ingresos suficientes tengan que pagar el transporte público. No. Lo verdaderamente injusto es que el transporte sea gratuito hasta los 16 años… ¡para todos! También para los hijos y los nietos de los directivos del Ibex.

El transporte público, como ha apuntado el secretario de Movilidad, Manel Nadal, necesita mucho dinero para inversiones. Y no sólo en Rodalies, de modo que hay que empezar a revisar la política de subvenciones indiscriminadas.

Las subvenciones deberían responder a dos criterios: nivel de ingresos y necesidad de moverse por trabajo o estudios.

La  tarjeta de los críos (que tienen muy poca movilidad obligada) sería un buen comienzo. Inicialmente se denominaba T-12 y era para los chavales menores de 12 años. En 2017 pasó a llamarse T-16 y con ello se amplió la edad para utilizarla.

No ha habido nunca oposición a este dispendio porque los demagogos (ahora llamados populistas) van ganando terreno en la vida pública.

Otro debate sería considerar el transporte público urbano como un servicio universal y hacerlo gratuito por completo con el objetivo de reducir drásticamente el tráfico de vehículos privados.

Una medida así exigiría no pocos cambios e inversiones y, desde luego, no es aplicable de la noche a la mañana.

Sí se podría, en cambio, favorecer el transporte público a base de facilitar sus movimientos protegiendo el uso del carril-bus, tantas veces invadido. El día de Sant Jordi su paso por algunas calles quedó limitado. Seguramente era razonable. Pero no hubiera estado mal garantizar sus movimientos en las pocas calles que le fueron habilitadas.

La falta de control en los cruces acabó provocando atascos en el tráfico en general y afectando a las líneas de autobuses en particular.

Sant Jordi es una fiesta encantadora, pero no todo el mundo deja de trabajar ese día. Ni tiene todo el mundo el trabajo al lado de su casa, de modo que la necesidad de movilidad sigue y, desde luego, no estuvo garantizada.

Por cierto: leer es estupendo (si el libro es bueno) y regalar rosas queda muy bonito. Pero da cierta grima pensar cómo ese día se convierte toda Cataluña en un inmenso mercado con dinero que cambia de manos y no genera impuestos. El importe de siete millones de rosas vendidas daría una pasta que podría destinarse, por ejemplo, al transporte público.

Pero, una vez más, los partidos se dedican al populismo barato. De ahí que una subida de sueldo constante, como ha sido la del salario mínimo interprofesional, haya acabado generando una polémica cuando ha llegado al umbral en el que había que pagar impuestos. Y ¡para colmo! con la izquierda azuzando la demagogia barata.