Barcelona pierde gas: inversiones y grandes proyectos esquivan a la ciudad

El pasado viernes, 28 de enero, se oficializaba el adiós del Hermitage a Barcelona. Los promotores del museo anunciaron que se hartaban de la oposición del gobierno de Ada Colau al proyecto y se centraban en el proceso judicial contra el municipio. El Hermitage se tenía que instalar en la nueva bocana del Port de Barcelona, junto al Hotel Vela. Contaba con el visto bueno del Port de Barcelona, dueño de los terrenos, e incluso se intentó una alianza con el Liceu que no cuajó.

Barcelona en Comú -no el PSC de Jaume Collboni, que sí apoya el Hermitage- argumentaba la oposición a la propuesta por los problemas de movilidad y de seguridad que a su parecer la construcción provocaría en la Barceloneta. El Ayuntamiento elaboró cuatro informes para justificar su punto de vista. El Ayuntamiento ponía en duda el proyecto artístico del equipamiento. Los informes costaron 42.744 euros. El consistorio planteó otros emplazamientos en Barcelona, pero el Hermitage no los aceptó. El pasado mes de mayo, tras recibir la luz verde del consejo de administración del Port, el gobierno de la ciudad decidió no firmar el convenio necesario para la ejecución del proyecto. Y lo hizo sin contar con el apoyo del PSC, que en la comisión de gobierno se abstuvo, lo que abrió una nueva crisis de gobierno entre socialistas y comunes.

¿UNA INDEMNIZACIÓN DE UNOS 150 MILLONES DE EUROS?

La instalación del Hermitage en Barcelona hubiera significado, según los promotores del proyecto, la creación de 400 empleos, una inversión de unos 52 millones de euros y una previsión de visitantes de unos 850.000 durante el primer año. Pero si no se produce un giro de 360º nada de esto se producirá. La oposición municipal ha puesto el grito en el cielo por la pérdida de Hermitage y, sobre todo, por los costes que puede tener para la ciudad si el juez da la razón al museo. Fuentes cercanas al Hermitage hablan de unos 150 millones de indemnización, pero ya se verá.

Recreación del museo Hermitage en el Port de Barcelona / MUSEO HERMITAGE

Lo peor del caso es que la pérdida del Hermitage se suma a una serie de inversiones importantes que Barcelona ha dejado escapar en los últimos años. Una de las más significativas fue en 2017 la Agencia Europa del Medicamento (EMA, según sus siglas inglesas), ya con Colau en la alcaldía. El 20 de noviembre de 2017, la capital catalana fue echada en primera ronda con solo 13 puntos. Al final, el gato al agua se lo llevó Amsterdam. La EMA, creada en 1995, es el organismo que "garantiza la evaluación científica, la supervisión y el seguimiento de la seguridad de los medicamentos de uso humano y veterinario en la UE", y ha tenido, por ejemplo, un papel muy importante en la autorización de las vacunas y otros fármacos en Europa durante la pandemia.

LA AGENCIA DEL MEDICAMENTO NO ES DEL AGRADO DE LAS BASES DE COLAU

El No a Barcelona se gestó en un año complicado y a pesar de que la ciudad partía como una de las favoritas. De haber venido a Barcelona, la Agencia Europa del Medicamento se hubiera instalado en la Torre Agbar, ahora Glòries. El descabellado proceso independentista, las duras imágenes de cargas policiales el 1-O, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y el encarcelamiento de medio Govern cesado de la Generalitat llevaron a Barcelona al precipicio. A Colau, el proyecto tampoco le entusiasmaba. La comitiva municipal a Bruselas la encabezó el primer teniente de alcaldía Gerardo Pisarello. También viajó Collboni, ya como concejal en la oposición, tras la ruptura del pacto de gobierno por la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución. 

Días atrás de que se consumara el descalabró, Metrópoli desveló que cuando socialistas firmaron el pacto de gobierno con los comunes, la primavera de 2016, Colau avisó a su nuevo socio que no molestara mucho con la EMA. "No deis mucho la lata con la Agencia Europea del Medicamento. No habléis muy alto de ella, porque la EMA es un tema que no es del agrado de las bases de Barcelona en Comú”. Con la marcha de la EMA a Amsterdam, Barcelona se quedó sin unos 900 funcionarios, muchos ellos de alto nivel, y la visita a la ciudad cada año de unos 35.000 o 40.000 expertos. Todas estas personas hubieran generado gasto en vivienda, colegios, hoteles, restaurantes.... El presupuesto de la EMA ronda los 300 millones euros al año.

Torre Agbar y Museo del Diseño en Barcelona durante una edición de Llum BCN / EFE

ADIÓS A UNA SUBSEDE DE LA AGENCIA EUROPEA DE METEOROLOGÍA

A finales de 2020, Barcelona recibió otro varapalo. La ciudad aspiraba a ser el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo, una de las subsedes de la Agencia Europea de Meteorología. Pero finalmente el proyecto también dio la espalda a Barcelona y se instaló en Bonn. En este caso, la candidatura de Barcelona era una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno español y la Generalitat de Catalunya en la que trabajó un equipo formado por profesionales y técnicos de las tres administraciones en coordinación con el Barcelona Supercomputing Center, pero ni así se logró. La agencia cuenta con 360 trabajadores y un presupuesto de 110 millones.

Fuentes municipales aseguraron entonces que este caso no tiene nada que ver con la pérdida de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, según las siglas inglesas), cuando el proceso independentista y cierto desinterés municipal, por decirlo suavemente, hicieron descarrilar la candidatura barcelonesa. Incluso durante la pandemia, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, recordó el relevante papel de la EMA y lamentó que no estuviera en Barcelona. La subsede meteorológica se peleó hasta el final. Barcelona quedó a pocas décimas de Bonn, pero sumó otro fracaso. 

SIN LOS HOTELES FOUR SEASONS Y HYATT

El frenazo de Colau a la construcción de nuevos hoteles en Barcelona ha dejado sus cadáveres en la ciudad. Uno de los proyectos más significativos afectados fue el del Four Seasons en la antigua torre del Deutsche Bank, en paseo de Gràcia con Diagonal. El cinco estrellas dejó Barcelona y abrió el pasado verano en Madrid. En su lugar, en la vieja torre bancaria se han edificado pisos de lujo gestionados por Mandarin Oriental. Otro, y no menos importante, fue el Hyatt en la Torre Agbar. El veto motivó la venta del edificio a Merlin Properties por 142 millones para hacer oficinas.

Viviendas de lujo en las antiguas oficinas de Deutsche Bank, ubicadas en Paseo de Gràcia

Un estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada determinó que la cancelación de estos dos proyectos supuso la pérdida de unos 4.000 empleos para la ciudad y un impacto negativo de unos 300 millones de euros. La apertura de los dos hoteles de cinco estrellas gran lujo, que hubieran sumado 1.800 plazas a la oferta hotelera de Barcelona, implicaban una inversión de unos 80 millones para remodelar ambos edificios. El instituto concluyó que Barcelona había perdido una oportunidad de oro para posicionarse en el mercado de alta gama hotelera con la pérdida de estos proyectos. Y advirtió que la ciudad se vio dañada porque los dos proyectos "estaban liderados por dos de las mayores cadenas de establecimientos que generan marca donde se instalan".

La desaceleración hotelera no acaba aquí. A principios de diciembre de 2021, el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, dijo que su grupo dejaba de invertir en Barcelona. La firma, explicó en una entrevista en ABC, crece en toda España menos en la capital catalana por la política del Ayuntamiento de Barcelona. "Madrid es una ciudad europea y Barcelona es un absoluto desastre", subrayó Catalán, para calificar después que la gestión del equipo de Colau era "dantesca".

FUERA DEL 'TOP TEN' INTERNACIONAL

Ahora es el presidente del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, quien pone el dedo en la llaga. Según el hotelero, Barcelona ha salido del "top ten internacional". Para Clos, los activos de la ciudad son todavía muy importantes, pero que en los últimos años determinadas decisiones han provocado un descenso en la oferta de la ciudad respecto a los mercados internacionales. Y la solución pasa por revertir “de forma progresiva” esa posición, con un esfuerzo “colectivo”.

La primera prueba de fuego será el Mobile, un congreso del que Colau expresó sus dudas antes de ser alcaldesa. Dijo que la política de grandes eventos no era sostenible y que las ganancias iban a manos de unos pocos y no llegaban a los barrios. Por suerte, el MWC se ha quedado en Barcelona. Antes de la pandemia, en 2019, el Mobile dejó un impacto económico de 473 millones, 109.000 asistentes y 13.900 trabajos temporales. 

LA PÉRDIDA DE LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO: 1.700 MILLONES DE INVERSIONES

La ampliación del aeropuerto de Barcelona es otro de los grandes proyectos que ha perdido Barcelona, y quizá el más importante. El pasado mes de septiembre, el Gobierno español paralizó la inversión de 1.700 millones -con 85.000 empleos directos y hasta 365.000 totales- que debían haber servido para potenciar El Prat como un aeropuerto intercontinental. El proyecto, retirado por Aena, preveía la ampliación de una las pistas y la construcción de una nueva terminal y de un nuevo aparcamiento. El acuerdo de agosto entre Generalitat y Estado se vino abajo cuando se conoció que la prolongación tendría una afectación sobre la laguna de la Ricarda, una zona protegida.

Un viajero en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat / EP

Más allá del distanciamiento entre Govern (especialmente ERC) y Estado, las distintas posiciones sobre el aeropuerto han llegado también al Ayuntamiento de Barcelona, donde gobiernan comunes y socialistas. De forma pública, Colau se ha alegrado de la paralización de los planes de ampliación. En agosto, Colau llegó a hablar del "pelotazo de toda la vida" sobre la ampliación aeropuerto. Barcelona en Comú se opone al proyecto por el aumento de contaminación que supondría, y en septiembre, tras la cancelación, negó que la iniciativa buscara crear un hub para atraer talento. En una entrevista en El Periódico, Colau especuló que detrás "había una operación inmobiliaria" y no un hub. Para la primera edil de Barcelona, la ampliación habría traído a la ciudad más turistas y no congresistas en un momento en el que, bajo su punto de vista, hay que diversificar las actividades económicas, reducir el tráfico aéreo y potenciar las conexiones ferroviarias.

Collboni, en cambio, sí que defiende la ampliación de las instalaciones barcelonesas y asegura que trabajará para que el proyecto se pueda retomar dentro de cinco años, la fecha puesta por el Gobierno español para intentar reactivar el proyecto. El líder socialista no comparte la opinión de que el crecimiento de El Prat suponga la llegada de 20 millones de turistas más. "Ser un nodo de conexión no significa ser destino. Ni el sector hotelero dice que quiera más cantidad de turistas", afirmó a El Periódico. Para Collboni, la ruptura entre Estado y Generalitat se produjo de forma precipitada y sin estudiar pros y contras y no cree que el modelo planteado fuera desarrollista o contaminante. En el pleno del pasado viernes, 28 de enero, Collboni dijo que no renunciaba ni al Hermitage, ni a la ampliación del aeropuerto, ni a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. 

LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO SE TAMBALEAN

Precisamente, la candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 es otra de las inversiones que se tambalea, y en este caso no solo afectaría a la capital catalana sino también al Pirineo. El segundo sueño olímpico de Barcelona lo lanzó Jordi Hereu en un momento político muy bajo, el 13 de enero de 2010. Con la iniciativa intentó relanzar su candidatura a la alcaldía, pero no funcionó. Y el fracaso de la consulta de la Diagonal fue la puntilla para que la vara de mando de la ciudad se la quedara Xavier Trias en mayo de 2011.

Un esquiador en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 / EFE

La idea inicial de Hereu era que los juegos de Barcelona-Pirineus se celebraran en 2022, pero llegado ese año nada garantiza tampoco que los JJOO de 2030 vayan a recalar en España, ni tan siquiera que se presente la candidatura. Por un lado, la Generalitat rechaza compartir al 50% los juegos con Aragón, que quiere participar en el proyecto en igualdad de condiciones. Collboni opina que los JJOO deben servir para "relanzar la imagen internacional de Barcelona y dar apoyo al mundo deportivo", y ha reclamado el "liderazgo de Barcelona como capital de Cataluña" y "cooperar con nuestros hermanos de Aragón".  

La intención de la Generalitat es hacer una consulta vinculante en el Pirineo. Colau quería que la consulta se celebrara también en Barcelona, pero el Govern no lo ha visto necesario. En el pleno del pasado viernes, Jordi Martí, concejal de Barcelona en Comú, dijo que su gobierno apoyará los juegos si el Pirineo avala la consulta. "Si el Pirineo decide hacerlo, Barcelona estará allí", dijo Martí. El problema es que las competencias de los juegos traspasan las competencias de la ciudad y de la propia Generalitat. El Comité Olímpico Español (COE) es el único interlocutor válido ante el COI, el Comité Olímpico Internacional, y éste ya ha manifestado que la candidatura española debe ser de consenso, con Cataluña y Aragón.

SIN LA AGENCIA EUROPEA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

Barcelona tampoco acogerá la nueva agencia europea para emergencias sanitarias. Tras la pérdida de la EMA, Ayuntamiento y Generalitat, con el apoyo del Gobierno español, intentaron que recalase en la capital catalana, pero tampoco ha sido así. Finalmente, la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Sanitarias (HERA, según sus siglas inglesas) se ha quedado en Bruselas. Finalmente, no se creó una agencia sino que la HERA se estructurará dentro de la propia Comisión Europea y estará en su misma sede, explicó La Vanguardia. El presupuesto de la HERA es de unos 6.000 millones de euros en seis años.

Jaume Collboni, en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona / ÁLVARO VENTURA

La ciudad también ha perdido la oportunidad de organizar la Expo de 2030. La idea la lanzó Collboni durante la campaña electoral de las elecciones de 2019, pero en octubre de 2021 el Ayuntamiento declinó presentar la candidatura. Según el comisionado de Promoción Económica, Pau Solanilla, no se daban las circunstancias para presentar la candidatura. Solanilla explicó a los grupos municipales en comisión que se estuvo trabajando en una propuesta pero que no encajaba con lo que querían los organizadores. 

RECURSO ANTE EL TSJC

La desinversión en Barcelona ha afectado también al mercado inmobiliario. En declaraciones a Metrópoli, el presidente de la APCE (la Asociación de Promotores de Cataluña), Xavier Vilajoana dice que la obligatoriedad de que las nuevas promociones inmobiliarias en Barcelona y rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados -en suelo consolidado- tienen que reservar el 30% de las viviendas de protección oficial está llevando una parte de la inversión a Madrid y a otras ciudades metropolitanas, como L'Hospitalet, Cerdanyola, Santa Coloma, Cornellà, Badalona e, incluso, al Maresme por la pandemia. La norma municipal se aprobó en 2018. De hecho, esta semana se ha sabido que Barcelona figura en el top ten de ciudades europeas atractivas para invertir a nivel inmobiliario, pero ocupa la novena posición y tiene por delante a Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras.

Según Vilajoana, la inversión en Barcelona también se está viendo afectada en las viviendas de alquiler por la Ley de regulación aprobada por la Generalitat. "Las inversiones se frenan por un tema de inseguridad jurídica. La gente no invierte si le van a cambiar las reglas a mitad de partido", dice el presidente de la APCE. La ley catalana de regulación de los alquileres ha sido recorrida ante el Tribunal Constitucional y sobre la normativa impulsada por Colau de obligar a destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones a vivienda pública hay interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "La sentencia no tardará en salir", afirma Vilajoana.

Construcción de viviendas de obra nueva, en una imagen de archivo / EFE

EL MERCADO COMO REGULADOR

La APCE cree que será a partir de ahora cuando se empezará a ver la afectación de la normativa del 30% en la construcción de nuevos edificios de viviendas. Los datos estadísticos actuales, a partir de los proyectos visados por el Col·legi d'Aparelladors, indican que en 2021 se inició la construcción de 2.144 nuevas casas; en 2020 fueron 1.892, y en 2019, 1.931 [ver aquí]. En opinión de Vilajoana, estas cifras no diferencian, por ejemplo, las fincas que son públicas o privadas, ni aquellos proyectos que han tenido por ejemplo las licencias tramitándose durante meses, y por tanto, es imposible saber cuántos inmuebles se han iniciado con el 30% de vivienda de protección oficial obligatorio.

En cualquier caso, Vilajoana opina que son muy pocos. Explica que hay barrios y distritos donde el propio mercado no lo acepta y pone como ejemplo que, en ocasiones, el comprador puede pagar el piso de protección oficial, pero los costes colaterales (IBI, gastos de comunidad, colegios...) pueden ser demasiado altos para el día a día de algunas personas. También sostiene que los 600 metros cuadrados son un metraje muy pequeño para que los costes puedan aguantar un 30% de la limitación del precio de venta. Y eso afecta sobre todo a las pequeñas promociones, ya que el precio de alquilar, montar y desmontar una grúa es el mismo para una promoción de 600 m2 que para otra mayor.

AMENAZAS DEL PRIMAVERA SOUND

Seguramente en el repaso de proyectos que ha perdido Barcelona faltan algunos y, posiblemente, se sumarán otros. Por ejemplo, el Primavera Sound ha amenazado con irse. Hace unas semanas dijo que posiblemente el evento no se haría en 2023 en la ciudad. El director del evento, Gabi Ruiz se quejó a La Vanguardia del aumento de los precios de alquilar los terrenos del recinto del Fòrum y de que todavía no tuvieran el permiso para el próximo año, que querían que fuera de dos fines de semana consecutivos, como lo será en 2022, una posibilidad de la que los vecinos no quieren oír a hablar. Ayuntamiento y Primavera Sound negocian. Colau quiere que el Primavera Sound se quede en Barcelona; el PSC, también, pero los socialistas defienden que el festival debe ser "sostenible y equilibrado", dijo a Metrópoli el concejal de Sant Martí, David Escudé.