Uno de los aspectos más interesantes de esta campaña electoral es la atención que le ha prestado a la vivienda, el patrimonio fundamental del 80% de la población, y que tanto condiciona –para bien y para mal-- la vida de las personas. Esa focalización es obra de Podemos, de sus confluencias territoriales como Barcelona en Comú y de la presión que ha ejercido sobre el PSOE y sobre quienes no han querido quedarse atrás, como es el caso de ERC.

Sin embargo, el debate no ha servido para construir propuestas serias. La misma ley de la vivienda, que emula la norma catalana del mismo nombre parcialmente anulada por el Tribunal Constitucional, ofrece soluciones que se quedan cojas sin una política pública de vivienda social consensuada y pensada para el largo plazo, como reclaman todos los expertos.

Aunque pueda ser bienintencionado, el control de los alquileres tiene efectos perversos. Barcelona, pionera de esos topes, ha visto subir el precio del alquiler como ninguna otra ciudad española hasta situarse en 18,6 euros por metro cuadrado y mes. Algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que ha perdido 16.000 viviendas de alquiler en los últimos tres años.

Otras medidas, como la obligación de destinar el 30% de los pisos de nueva construcción a vivienda social en el municipio, tampoco han funcionado. Son fuegos de artificio destinados al 20% del electorado que no es propietario de la casa donde vive. Ada Colau obtuvo el apoyo del 15% del censo en las elecciones de 2015 y del 14% en 2019. Su campaña, de la que otras formaciones no han sabido evitar el seguidismo, va destinada a esa porción de los barceloneses.

Ione Belarra, la secretaria general de Podemos tan aficionada a los excesos, lo dejó muy claro el viernes pasado en Bilbao. El enemigo de la gente de bien --de sus votantes-- son los propietarios de pisos que los alquilan para “vivir de no hacer nada”, de “sentarse con su herencia y cobrar la renta a otra gente que tiene un poder adquisitivo mucho más bajo que el suyo”. Un principio excelente para construir una política de vivienda.