El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ofrecerá este miércoles el tradicional ‘el alcalde responde’, el formato que ideó Pasqual Maragall para dar cuenta, una vez al año, de todos los planes municipales y con la idea de contestar, más allá del día a día, las preguntas de los medios de comunicación. Collboni lo hará esta vez desde la Fundació Joan Miró en la montaña de Montjuïc, con la convicción de que esa parte de la ciudad debe potenciarse y ser el gran referente cultural y deportivo de Barcelona.
La cuestión es que Collboni está dibujando una ciudad ambiciosa, con muchas obras y proyectos en marcha, pero que no acaban de concretarse porque la falta de una mayoría de gobierno suficiente es cada vez más notoria.
No se trata de que el alcalde socialista no pueda gobernar, que lo hace, pero se acerca el mes de mayo, el ecuador del mandato y la medida más importante, la reforma de la reserva del 30% de vivienda pública en las promociones urbanísticas, sigue sin llegar.
Collboni debería actuar ya y disponer de las mayorías posibles, más allá de la retórica. Con ello también podría responsabilizar a la oposición, que se queja de todo, pero no arrima el hombro.
La primera responsabilidad es del alcalde. ¿Qué ofrece, cómo quiere afrontar esa reforma y con quién querría pactarla?
En los últimos días se ha podido comprobar un acercamiento en distintos niveles. El pasado jueves en la sede de Foment del Treball, y en un ciclo de sesiones que organiza Rethink Barcelona, se pudo apreciar que las distancias entre Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, y el presidente de los promotores (Apce), Xavier Vilajoana, no son tan importantes.
Hay un campo de juego que puede ser compartido. Vilajoana no se opuso al 30% como concepto, pero sí a cómo se debe aplicar. Es exactamente la misma posición que defiende Jordi Martí, presidente del grupo de Junts per Catalunya en el Ayuntamiento, como evidenció en esta entrevista con Metrópoli.
Collboni lo sabe. La reforma, una vez aprobada, liberaría recursos públicos y privados, ofrecería seguridad jurídica y podría abrir un periodo importante para paliar la falta de oferta en vivienda.
Se puede construir vivienda pública, en suelo público, y que los promotores tengan también otros suelos para construir vivienda en el mercado libre. Es decir, edificios distintos en función del destinatario final. Se ha hecho siempre. Aunque el Ayuntamiento acierta cuando señala que la vivienda pública no debe concentarse en la periferia de la ciudad.
Las administraciones, como el Ayuntamiento, deben, a su vez, agilizar los trámites, y es que las licencias, antes de comenzar a construir, tardan hasta 12 meses en concederse. Todo es demasiado lento.
Riera señaló que la propuesta del Ayuntamiento llegará “pronto” y que no se quiere enviar nada al pleno que no pueda contar con un amplio apoyo. Los números, sin embargo, son claros.
El PSC sólo puede pactar esa reforma con Junts, y, tal vez, también con ERC. Pero no puede hacerlo con los comunes, porque éstos se agarran al proyecto inicial que en el pasado mandato sólo facilitó la construcción de…26 viviendas, como el mismo Riera recordó.
¿Eso es políticamente inviable hoy? Lo deberá decidir el PSC, con Collboni al frente, pero también Junts, que, más allá de la queja, en algún momento deberá demostrar que quiere impulsar políticas para el conjunto de los ciudadanos.