La polémica discoteca Waka Sabadell recibió 249.000 euros en subvenciones de la Generalitat

La compañía Emergen Disc, gestora de la controvertida discoteca Waka Sabadell, de Sant Quirze del Vallès, ha obtenido hasta ocho subvenciones del Gobierno catalán, por un importe conjunto de 249.000 euros. Los fondos ingresaron en las cuentas de la empresa en el periodo comprendido entre marzo de 2021 y febrero de 2022.

Según los registros públicos, consultados por Metrópoli, el organismo otorgante es el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, constituido por la Generalitat y el consejo de Cámaras de Comercio catalanas. El Consorci depende del departamento de Empresa i Treball, liderado desde mayo de 2021 por el republicano Roger Torrent. Éste presidió el Parlament entre principios de 2018 y marzo de 2021.

MÁNA DE DINERO PÚBLICO

Las subvenciones forman parte del paquete de recursos articulados en varias tandas por el Govern para paliar los efectos del cierre forzoso de las discotecas y otros negocios del ocio nocturno.

Waka recibió la primera suma de fondos oficiales en marzo de 2021, por importe de 20.000 euros. En mayo de ese año le cayeron 28.000, en julio 93.000 y en septiembre 58.000. El último subsidio de la pedrea autonómica llegó en febrero de 2022, cifrado en 50.000 euros.

Consultados por este medio, fuentes del departamento de Empresa i Treball subrayan que "en el contexto de la pandemia, para ayudar el sector del ocio nocturno, que sumó hasta 20 meses con un cierre total de su actividad (el sector más afectado por las medidas tomadas), se hicieron convocatorias abiertas de ayudas directas a estos establecimientos". Las mismas fuentes remarcan que el "sistema de otorgamiento fue el de concurrencia no competitiva", con el objetivo de que las adjudicaciones se hicieran efectivas "los más rápidamente posible teniendo en cuenta el contexto de urgencia". Asimismo, destacan que Inspección de Trabajo --que también depende del departamento que lidera Roger Torrent-- ha interpuesto una propuesta de sanción de 152.000 euros a Waka Sabadell y a diversas empresas subcontratadas por incumplir la normativa laboral. 

GESTORES

Emergen Disc explota la discutida sala de fiestas de Sant Quirze, pero su domicilio no radica en el local, sino en la calle Sant Cugat, de Sabadell. Dicha mercantil tiene de administradores a María Trinidad Castro Sáez y Francisco Daza Juana.

Emergen Disc facturó 1,1 millones en 2021 y declaró un beneficio antes de impuestos de 600.000 euros. De este jugoso excedente, 199.000 euros son atribuibles por entero a los momios recibidos del Govern en el curso del ejercicio.

Imagen de la discoteca Waka Sabadell / ARCHIVO

DISCOTECA SINIESTRA

Estas subvenciones se concedieron antes, durante y después de que estallaran múltiples incidentes relacionados con el salón de baile. Agresiones sexuales, irregularidades laborales, palizas a clientes por parte de los porteros... y, por último, un vídeo sexual grabado en el interior de la sala que ha situado de nuevo al local en el centro de la polémica.

Precisamente esto último ha sido el detonante para que la consejera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, afirmara la semana pasada en Catalunya Ràdio que la discoteca Waka "no es un espacio seguro". Por su parte, la alcaldesa de Sant Quirze del Vallès, Elisabeth Oliveras, ha pedido en reiteradas ocasiones a la Generalitat que cierre la discoteca y ha acusado al Govern de atribuir la "responsabilidad" al Ayuntamiento cuando la clausura corresponde al gobierno catalán. Las acusaciones cruzadas entre el consistorio y la Generalitat tienen lugar pese a que ambas administraciones están controladas por ERC. 

MEDIO CENTENAR DE DENUNCIAS 

La denuncia por la difusión del vídeo en el que aparecían dos jóvenes practicando sexo oral en la pista de baile es la última de la cincuentena que acumula el establecimiento. De hecho, ha sido uno de los más problemáticos de Cataluña desde hace más de un año, cuando Metrópoli destapó en exclusiva que los porteros de Waka ataron con bridas y apalearon a un joven.

Los porteros y el joven en el suelo (izquierda) y la víctima (derecha) en la puerta de la discoteca Waka / METRÓPOLI

Tras este suceso, actualmente judicializado, miles de jóvenes organizaron una violenta manifestación frente a sus puertas en la que lanzaron todo tipo de objetos, rompieron algunos accesos del recinto y asaltaron las inmediaciones del local. 

AGRESIONES DE PORTEROS

Los porteros de Waka –gestionados por subcontratas como la empresa Blacks Control– acumulan un largo historial de agresiones. A principios de noviembre de 2022, los controladores de acceso protagonizaron una brutal agresión a una menor de edad: la cogieron del pelo y la lanzaron al suelo, provocándole arañazos, rascadas y un enorme golpe en la cara.

Heridas de la joven que sufrió la agresión en Waka Sabadell / INSTAGRAM

VIOLACIÓN EN EL ESTRADO

Este verano, los Mossos también investigaron una presunta violación en el interior de la discoteca. Una joven aseguró que fue violada en el interior del local. "Me cogieron del cuello y acabaron violándome en una de las tarimas grandes", explicó la víctima. 

Según pudo saber Metrópoli, los hechos ocurrieron, presuntamente, en una de las tarimas centrales –y más visibles– de la discoteca. No obstante, según fuentes cercanas a Waka, ningún miembro del equipo pudo detectar lo ocurrido por la multitud de asistentes. 

SANCIÓN DE 152.000 EUROS

La discoteca también está en el punto de mira de Inspección de Trabajo de Catalunya --dependiente del departamento de Empresa-- por incumplir la normativa laboral. Se le impuso una sanción de 54.000 euros por quebrantar la normativa de Seguridad Social, registro de jornada, trabajo de menores y prevención de riesgos laborales.

Además, Distribuciones Coralsa, que prestaba servicios de control de accesos al recinto, fue sancionada con 91.154 euros por tener un mínimo de 13 trabajadores sin estar dados de alta a la Seguridad Social. Las empresas Not Over Yet –que presta servicios de acceso y auxiliares– y Bull Seguridad –de vigilancia y protección– también fueron multadas con 3.510 euros y 3.528 euros, respectivamente, por incumplir la normativa de cotización a la Seguridad Social, registro de jornada y prevención de riesgos laborales.